Ayer se firmó el documento político del "pacto de la Moncloa". 
 Los grupos parlamentarios, compromentidos en el nuevo planteamiento del orden público     
 
 El País.    28/10/1977.  Página: 11. Páginas: 1. Párrafos: 17. 

EL PAÍS, viernes 28 de octubre de 1977

POLÍTICA

El documento político del pacto de la Moncloa se firmó ayer a las cinco menos veinte dé la tarde en el

salón de ministros del palacio de las Cortes por el presidente del Gobierno y los jefes de los grupos

parlamentarios del Congreso, excepto, como estaba previsto, por Manuel Fraga, de Alianza Popular (AP).

El acto estaba anunciado para las cuatro y media de la tarde, pero se retrasó diez minutos en espera de la

llegada de Felipe González, secretario general del partido Socialista Obrero Español (PSOE). Esos

minutos fueron aprovechados por el presidente Suárez para departir con los otros líderes parlamentarios

en el despachó del Presidente de las Cortes, Antonio Hernández Gil.

Ayer se firmó el documento político del "pacto de la Moncloa"

Los grupos parlamentarios, comprometidos en el nuevo planteamiento del orden publico

La firma del documento se realizó con grao rápidas y por este orden: Adolfo Suárez Felipe González

(PSOE), Joan Reventós (PSC), Juan Ajuriaguerra (PNV), Enrique Tierno Galván (grupo mixto). Miguel

Roca Junyent (minoría catalana), Santiago Carrillo (PCE) y Leopoldo Calvo Sotelo (UCD). A la derecha

e izquierda del presidente del Gobierno se sentaron, respectivamente el ministro de

Justicia, Landelmo Lavilla, y el del Interior, Rodolfo Martín Villa.

Inmediatamente, Adolfo Suárez volvió al despacho del Hernández Gil para, según afirmó, perfilar el

discurso que iba a pronunciar poco después ante el Pleno.

Manuel Fraga, que pese a no firmar el documento acudió a las Cortes a las cuatro y media de la tarde,

explicó nuevamente los motívos que habían llevado a Alianza Popular a negar su apoyo al pacto político:

en el tema del orden público el Gobierno no debía solicitar el consenso de las demás fuerzas politicas

si no proceder a ejecutar las reformas que considerara precisas. Añadió que los datos que había facilitado

el Gobierno eran insuficientes, mientras que en la discusión del documento económico fueron muy

abundantes. «En diez folios —dijo— no se puede tratar seriamente temas como la ley de Peligrosidad

Social o la reforma del Código Penal.» Fraga expresó también su desacuerdo con lo que considera el

desafuero de las fuerzas de orden publico. «Se ha llegado al extremo —dijo— de que cualquier abogado

puede llevar a la policía a los tribunales.

En un comunicado oficial, AP señala que no suscribir el documento no quiere decir que merezcan su

desaprobación todas y cada una de las medidas contenidas en él. Por ejemplo, AP está de acuerdo con el

principio de crear un órgano mixto para el control de los medios de comunicación social en poder del

Estado. Afirma también que gracias a Alianza Popular se consiguió modificar el primer borrador del

documento en el que se proponía la separación del Ejército de la Guardia Civil. «Sólo AP —termina— no

se ha vuelto atrás del acuerdo de presentar una ley para la defensa de la democracia contra el Terrorismo,

cuya urgencia y necesidad seguimos manteniendo;» Salvo la opinión del líder de AP, todos los demás

portavoces de "los grupos parlamentarios expresaron su satisfacción por los términos del documento, al

igual que los dos ministro;, que participaron en su elaboración.1 Rodolfo Martín Villa, dijo que entre

todas las razones ex, puestas, por AP no encontraba ninguna como para modificar su criterio.

El secretario general del PSOE, Felipe González ironizo sobre, tí ausencia de la firma de Afianza Popular:

«Le da credibilidad al documento y no le puede quitar operatividad, ´dado su numeró de parlamentarios.»

Contenido del documento político

El documento político del pacto de la Moncha consta de dieciocho folios, en el primero de los cuales se

alude a la necesidad de adaptar el ordenamiento jurídico a la nueva realidad democrática y se insiste en el

papel que han.de desempeñar las Cortes en el debate y decisión de los conceptos generales contenidos en

él. En nueve capítulos se proponen, entre otras, las reformas:

Libertad de expresión. El secuestro de las publicaciones sólo podrá decretarse por la autoridad judicial. La

determinación de responsabilidades principales y subsidiarias se ajustará a lo establecido en el Código

Penal. Se revisarán los su puestos legales en que una materia pueda ser declarada secreto oficial en

función de la seguridad y defensa del Estado. Medios de comunicación social de titularidad estatal. Se

crea un consejo provisional paritario Gobierno-grupos parlamentarios, encargado de elaborar un proyecto

de estatuto jurídico de RTVE y de asumir, provisionalmente, la vigilancia de la objetividad informativa y

del funcionamiento general de RTVE, en especial en los aspectos referentes al gasto. La Comisión de

Cultura del Congreso constituirá una subcomisión que propondrá al Gobierno el tratamiento que de,be

darse a los Medios de Comunicación Social del Estado y a los procedentes de la AlSS. ^Derecho de

reunión. Se considerarán reuniones privadas, exentás de toda intervención administrativa, todas aquellas

cuyo número no supere las cincuenta personas y las propias de los partidos políticos en su funcionamiento

interno. Las concentráciones en local cerrado con asistencia de más de quinientas personas estarán en

régimen de libertad, con comunicación previa. Autorización previa con silencio positivo para las

manifestaciones. Posibilidad de limitar legal-mente el ejercicio del derecho de manifestación a fin de no

perturbar en exceso el desarrollo de las actividades laborales y el tráfico viario.

Derecho de asociación polítíca. La inscripción en el Registro de Partidos Políticos se producirá por el

transcurso de un plazo breve desde el depósito de los estatutos, salvo ¿fue dentro de él se. haya ejercitado

acción por el ministerio fiscal pretendiendo la declaración judicial de sii ilegalidad. Competencia judicial

exclusiva para la suspensión o disolución de las asociaciones. Regulación de un sistema de financiación

estatal a los partidos .políticos, según los resultados electorales obtenidos.

Código Penal. Despenalización del adulterio y el amancebamiento. Regulación de la expedición de

anticonceptivos y límites de su publicidad. Supresión de los delitos contra las Leyes Fundamentales. Se

considerarán reuniones ilícitas sólo aquellas cuyos fines sean contrarios a la moral pública o que

pretendan la comisión de algún delito. Desaparece sustancialmente la figura de propaganda ilegal,

reintroduciéndose la de apología del delito.

Ley de Enjuiciamiento Criminal. Asistencia letrada del inculpado desde el momento de su detención.

Restablecimiento de la libre decisión de los jueces respecto a la concesión o no de libertad provisional.

Código de Justicia Militar. Se restringe su ámbito a los delitos militares y a los cometidos en centros

estrictamente militares. Se revisarán los supuestos de desafuero y tos términos en que se resuelve la

competencia cuando concurre personal militar y no "fnilitar en unos mismos hechos que no constituyan

delito militar, Sometimiento a los tribunales ordinarios de las fuerzas de orden público cuando actúen en

el mantenimiento del mismo. Fortalecimiento de las garantías procesales en los procedimientos de la

jurisdicción militar. Orden público. Revisión de la ley de Orden Público, Con vigencia temporal hasta la

entrada en vigor de la Constitución. Definición del orden público como defensa del libre, pacíficp y

armónico disfrute de las libertades y el respeto a los derechos humanos. La tipificación del terrorismo

figurará en el Código Penal común, con eliminación de lo que al respecto figure en leyes especiales. Se

operará con los criterios aceptados en convenios internacionales y en los países de Occidente. Se

fortalecerá la protección penal de que deben ser objeto las fuerzas de orden público. La potestad

sancionadora en materia de orden público se ajustará a lo siguiente: previa audiencia del interesado,

evitación de la doble sanción, eliminación de la exigencia de previo pago para recurrir la Sanción,

eliminación de la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multas. Se creará una unidad de

policía dependiente de los órganos judiciales competentes para la investigación de delitos terroristas.

Reorganización de los cuerpos y fuerzas de orden público. Habrá dos sectores: cuerpo civil (Cuerpo

General de Policía) y ´cuerpos militares (Policía Armada y Guardia Civil). El mando dé las FOP recaerá

en el ministro del Interior y en.un director de la "Seguridad del Estado. El Ministerio del Interior, no

obstante, ejercerá el mando sobre la Guardia Civil sólo en lo que afecte al mantenimiento del orden

público, dada la pertenencia de este cuerpo a las Fuerzas Armadas. La policía gubernativa tendrá

competencia en las zonas más conflictivas y áreas urbanas de mayor población, y la Guardia Civil, en las

restantes.

Reforzamiento de los cuerpos administrativos, auxiliar y subalternó de la actual DGS, que libere a los

funcionarios de los tres cuerpos clel desempeño de funciones burocráticas. Los cuerpos administrativos

podrían nutrirse de los miembros de los cuerpos militares al pasar a una situación de retiro.

Perfeccionamiento del Régimen de formación del Cuerpo General de Policía. Creación de unidades

tendentes a dar un servicio de lo que en otros países se conoce como «policía de barrio», para la atención

directa-y permanente a los vecinos. Clara división entre las competencias de las FOP estatales y. las

atribuciones de las policías locales.

 

< Volver