Autor: Rodríguez, Carlos. 
   La política y los días     
 
 Arriba.    03/11/1977.  Página: 10. Páginas: 1. Párrafos: 6. 

CARLOS RODRÍGUEZ

LA POLÍTICA y los días

Las declaraciones formuladas, ante las cámaras de RTVE, por los diferentes líderes políticos que

suscribieron los acuerdos de la Moncloa han tenido un incuestionable valor informativo. El tunes hubo

quizá mayor altura, como paradójicamente suele suceder con los pequeños grupos parlamentarios. El

profesor Tierno siguió consolidando su imagen popular de político ponderado y por encima de los

partidos. Se trata de una interesante contradicción: la distancia entre los votos que cosecharía Tierno

Galván y los muchos menos que se otorgan a su partido, el PSP. En el sistema proporcional, Tierno corre

el peligro de ser un «buda» alejado de las instancias eficaces del poder.

Respecto a la jornada del martes, con los cuatro grandes partidos en la pequeña pantalla, las opiniones de

la clase política parecen acordes con la que ayer formulaba Josefina Carabias en la recepción del

embajador de Argelia; el mejor. Carrillo, por claridad expositiva y realismo; el peor, Calvo-Sotelo, por

monótono y difuso. Esto último es, hasta cierto punto, y si bien se mira, un elogio cuando corresponde al

portavoz del partido gubernamental, que debe ceder el brillo y el protagonismo a su Presidente de

Gobierno. Sin embargo, debo confesar que, en esta ocasión, me gustó más Felipe González, que habló el

lenguaje esperado por la calle.

En todo caso, lo importante es que el país ha obtenido la imagen reconfortante de una clase política

templada, realista y pragmática. Como expresó con acierto Manuel Fraga, las gentes han visto que tos

partidos son capaces de no hacer política económica de partido, cuando las necesidades comunes

reclaman otras miras.

Viene ahora la difícil etapa —y es sintomático que hayan coincidido en esta expresión editoriales de muy

diferentes signos— de «gobernar», esto es, de traducir en normas legales Y en hechos los propósitos

recién concordados. Como corresponde a las circunstancias excepcionales que atraviesa España, el

Gobierno, aun conservando fa pieintud ejecutiva, se encuentra constreñido en los moldes de un programa

que no responde, en muchos aspectos, a los criterios del partido que le sustenta. Como es obvio, ello

supone una manera más difícil de gobernar. En lógica contrapartida, la oposición deberá templar sus

actitudes y centrar esencialmente la actuación fiscalizadora sobre el exacto cumplimiento, por los órganos

del poder, de los acuerdos de la Moncloa.

Las dos grandes incógnitas del futuro inmediato tienen apellido electoral. Ya se escuchan voces

discrepantes respecto a la oportunidad y urgencia de sus convocatorias: elecciones municipales y

sindicales. Respecto a las segundas, parece que cualquier aplazamiento excesivo de la consulta sería

peligroso; es necesario, cuanto antes, conocer las dimensiones exactas de las fuerzas sindicales en

presencia. No se olvide que las Trade Unions —pese a lo difícil de su trato y af radicalismo de algunas de

sus proposiciones —han jugado un papel decisivo e insustituible en la viabilidad de los programas

económicos del Gabinete Callaghan en Gran Bretaña, gracias a los cuales ese país está ya saliendo del

pozo de la crisis.

El tema de las elecciones municipales es, por el contrario, más dudoso. Por de pronto, pudieran suponer, a

poco que se reflexione sobre las implicaciones de las mismas, una ruptura del acuerdo de la Moncloa, lo

que desestabilizaría bruscamente la democracia española y haría resurgir posibilidades, hoy por completo

distantes, de involución. No es menos cierto que los actuales municipios son, en su inmensa mayoría,

ajenos a los intereses y voluntad explícita del pueblo: no pueden seguir administrando la vida local

quienes han sido ideológicamente repudiados en las urnas del 15 de junio. La balanza es, pues, muy

delicada, con pros y contras graves en ambos sentidos. Una solución aceptable debería añadir, al retraso

de las elecciones municipales, otras medidas que cambien, en sentido democrático y provisional, los

actuales equilibrios de poder en los Ayuntamientos. Fórmulas jurídicas existen, desde luego.

 

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