Autor: Suárez, Laureano. 
   Hacia el pacto escolar     
 
 El País.    12/11/1977.  Página: 24. Páginas: 1. Párrafos: 17. 

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ENSEÑANZA

EL PAÍS, sábado 12 de noviembre de 1977

En los últimos días ha suscitado toda clase de comentarios entre diversos sectores de la enseñanza el

alcance que pudiera tener la aplicación práctica del capítulo sobre política educativa del documento de la

Moncloa. En uno de sus apartados se anuncia la «revisión profunda del sistema de financiación» de los

centros no estatales y la posibilidad de que se defina un estatuto en el que «se prevea la participación de

padres y profesores y se asegure el control de la aplicación de fondos públicos a los mismos». La

apretada, casi lacónica, redacción del documento es quizá lo que está dando lugar a toda clase de rumores

y cabalas que desorientan a la opinión pública. EL PAÍS ha considerado oportuno recoger en sus páginas

especiales de educación dos visiones contrapuestas sobre el tema.

Hada impacto escolar

LAUREANO SUAREZ, presidente de la Federación Española de Religiosos de Enseñanza (FERE)

La FERE no ha estado presente en las discusiones del pacto de la Moncloa ni ha sido consultada en

ningún momento sobre política educativa. Por tanto, las opiniones que se expresan a continuación sólo

pretenden responder a los interrogantes que recogen los medios de información y que sorprenden al

hombre de la calle. Se ha hablado de entreguismo del Ministerio de Educación, de cláusulas secretas en

materia de enseñanza, aunque resultaba imposible creer que el Gobierno de UCD hubiera cedido en

asunto de tanta importancia dentro de su programa electoral.

El pacto de la Moncloa

En el pacto de la Moncloa, hay orientaciones de política educativa con las que estamos totalmente de

acuerdo. Tales son, la democratización del sistema educativo, la implantación de la gratuidad progresiva

de la enseñanza, entendida para todos los españoles, tanto en los centros estatales como no estatales, la

adecuada retribución del profesorado, la participación de los padres de alumnos y de los profesores en la

función y necesidades del centro, la incorporación, en sus respectivos ámbitos territoriales, de las distintas

lenguas y culturas, etcétera.

En cuanto a la manera concreta de aplicar la gratuidad progresiva de la enseñanza —que es lo que im-

porta, ya que las declaraciones generales se pueden quedar en buenos propósitos—, hago constar nuestra

disconformidad con los siguientes puntos.

1. Que los 40.000 millones de pesetas del Plan Extraordinario de Escolarización se destinan a crear

puestos escolares estatales únicamente: en el año 1978, 200.000 en preescolar, 400.000 en EGB y

100.000 en el BUP; todos estatales.

Tal modo de proceder parece injusto y discriminatorio con los ciudadanos que prefieren puestos no

estatales; un paso firme hacia la estatificación de la enseñanza, contraria a la libertad y a la democracia;

un atentado al derecho de los padres de elegir el tipo de educación y el centro para sus hijos.

Frente al proyecto de que todos los puestos de nueva creación sean solamente estatales propugnamos,

que, en cada localidad, antes de crear un nuevo puesto escolar deberían cubrirse todos los que están

vacantes en centros estatales y no estatales, no se ha de crear un nuevo centro sin que haya sido

comprobada su auténtica necesidad, criterio que no se ha seguido en los últimos años, condenando a otros

centros a desaparecer o a que funcionen a medias, con un evidente despilfarro de los fondos públicos. En

estos momentos de austeridad sería un derroche intolerable.

2. Que se intente la gratuidad total de comedores y transportes y el abaratamiento de los libros de texto,

en los niveles obligatorios, únicamente en favor de los alumnos de los centros estatales es una medida

discriminatoria e injusta, ya que el mismo derecho a la gratuidad tienen los alumnos de los centros

estatales como los de los no estatales.

3. Que se propugne una profunda revisión del sistema de financiación de los centros no estatales, sin

decir claramente en qué sentido.

Debemos recordar que han sido precisamente los directores de los centros no estatales, al menos los de la

FERE, los primeros en exigir la gratuidad ´efectiva de la enseñanza para todas las clases sociales; en

reclamar la aplicación de los conciertos de gratuidad previstos en la ley de 1970; en denunciar las

insuficiencias del sistema de subvenciones aplicado provisionalmente desde 1973; en pedir

reiteradamente que se hagan públicos, correctamente elaborados, los costes reales por niveles de la

enseñanza estatal.

En consecuencia, estamos de acuerdo con la revisión a fondo de las subvenciones; pero de modo que

posibiliten la gratuidad a las familias que eligen los centros no estatales, al cubrir aquéllas el coste real. A

esta gratuidad tienen derecho no los centros, sino los alumnos y sus padres.

Sistema de subvenciones

En cuanto al sistema de subvenciones conviene recordar que no estaba previsto en la ley general de

Educación. Fue una solución provisional y transitoria hasta llegar, como limite en 1980, a la implantación

total de la gratuidad por el único sistema de los conciertos de la ley, que cubrirían todos los costes reales.

En la práctica, las subvenciones, han sido y son insuficientes. En los cursos 1973 y 1974 las cantidades

asignadas por aula al año, 184.000 pesetas y 235.000, respectivamente, cubrían apenas un tercio del coste

real del aula de EGB, que sobrepasaba las 600.000 pesetas. En el curso 1977, ascienden las subvenciones

a 650.000 pesetas, que sólo financian la mitad del coste real, que en 1978 sobrepasará 1.200.000 pesetas.

Estos datos dejan en evidencia las acusaciones de lucro y de negocio hechas con carácter general.

A pesar de todo, las subvenciones han sido oportunas, pues de lo contrario, dado el considerable

incremento de los costes, debido sobre todo a las elevaciones de los sueldos del personal, de las

cotizaciones a la Seguridad Social, y del índice general del coste de la vida, ni las familias hubieran

podido elegir los centros no estatales, ni éstos podido, ni querido, subsistir. La FERE no quiere servir en

la educación sólo a los que más pueden pagar, sino a todas las clases sociales.

A confesionalidad y autogestión

Pese a que la existencia de acuerdos secretos en el pacto de la Moncloa ha sido rotundamente desmentida

por el Ministerio de Educación, por su resonancia, queremos dejar claramente manifestada nuestra

postura ante el supuesto contenido de esos acuerdos. En cuanto al recorte de las subvenciones, ya hemos

denunciado anteriormente que han sido y son insuficientes. Nos oponemos a que se recorten, ya que por

justicia social y distributiva seria necesario y urgente adecuarlas al coste real para hacer efectiva la

gratuidad en los niveles obligatorios inmediatamente y, en los demás, progresivamente. Si consideramos

el problema a nivel macroeconómico, es clara la injusticia de que, siendo los alumnos no estatales más del

40 % del total, se les asigne solamente un 16 % del presupuesto del Ministerio de Educación. Hecho tanto

más inadmisible cuanto que con la reciente reforma fiscal, nos pondremos a nivel europeo y aún

superaremos a varias naciones.

Es absurda y contradictoria la pretensión de exigir a cambio de las subvenciones la renuncia a la

confesionalidad de los centros. Los titulares de la gratuidad y de las subvenciones no son los centros, sino

los padres de cada familia, que así pueden ejercer su derecho personal e inviolable a elegir para sus hijos

el tipo de educación y de centro que prefieran, estatal o no estatal, confesional o no. No se puede imponer

la aconfesionalidad de los centros a cambio de las subvenciones, porque va contra el fin intrínseco de las

mismas: la libertad de elección, contra los derechos de las personas, derechos que no son negociables ni

parcelables, y contra los pactos internacionales recientemente ratificados por España, que nos

comprometen tanto a no dictar leyes que los contradigan como, positivamente, a promulgar leyes que

pongan en ejecución dichos pactos.

Por último, y en cuanto a la autogestión, está fuera de duda la necesidad de la participación de los padres

de familia y de los profesores en la marcha del centro. Pero rechazamos la autogestión por ir vinculada a

un contexto de nacionalización de toda la enseñanza, de escuela pública única, con un pluralismo

ideológico en el interior de cada centro. Tal sistema de participación, en el caso particular de la

enseñanza, haría inviable la libertad y la democracia, pues conduciría a la dictadura sobre los espíritus

que es la peor de todas.

 

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