No al pacto de la Moncloa  :   
 El PTE propone el único Plan Alternativo viable, equitativo y eficaz. 
 La Unión del Pueblo.    03/11/1977.  Página: 1-4. Páginas: 4. Párrafos: 72. 

NO AL PACTO DE LA MONCLOA

El PTE propone el único Plan Alternativo Viable, equitativo y eficaz

¿Qué se ha pactado en materia económica?

La parte económica del Pacto de la Moncloa hay que dividirla en dos bloques: medidas

concretas de cumplimiento inmediato y propuestas de reformas a medio y largo plazo. Las

primeras constituyen un durísimo plan de estabilización que pretende resolver los aspectos

más urgentes de la actual crisis y las segundas tienen como objetivo racionalizar el capitalismo

español para que pueda seguir funcionando sin las muletas del fascismo.

Los aspectos económicos más destacables del pacto son los siguientes:

SALARIOS Y PENSIONES. Congelación de sueldos, que sólo podrán subir un 20 % salvo

ascenso de categoría o cumplimiento de algún trienio. Como en este año los precios van a

subir un 30 % según las cifras oficiales (en realidad más), a principios del año próximo el poder

adquisitivo de los salarios va a ser aproximadamente un 10 % menor que en este año.

Para impedir que empresarios y trabajadores lleguen a acuerdos por encima de este tope del

20 %, se les amenaza, si acuerdan subidas superiores, a los asalariados con que será

despedida el 5 % de la plantilla y a los empresarios con que se les retirará todo tipo de ayudas

fiscales y crediticias.

Las pensiones sólo aumentarán lo que los precios; es decir, se mantiene a las pensiones en la

miseria actual.

2 POLÍTICA MONETARIA. Se reduce el ritmo de crecimiento de los créditos, lo que origina

restricciones crediticias. Será la pequeña y mediana empresa la que resultará especialmente

perjudicada por estas restricciones crediticias, a pesar de la declaración de buenas intenciones

en sentido contrario.

3 PARO. Aumento del paro en los próximos dos años, tanto por las quiebras y expedientes de

crisis, como por las reducciones de plantilla y el contingente de jóvenes que no encontrarán

trabajo. Para el seguro de desempleo se destinan 60.000 millones lo que, considerando

1.400.000 parados, equivale a poco más de 3.000 ptas. al mes para cada uno.

. LIBERTAD DE DESPIDO. Si los 4 puestos de trabajo de nueva creación son ocupados por

jóvenes que no hayan trabajado, se les puede despedir libremente los dos primeros años.

Además esto equivale a que no se dará empleo en ellos a los asalariados veteranos, puesto

que los empresarios prefieren contratar a quienes pueden despedir libremente.

- AGRICULTURA. No se fijan 5) precios justos para ningún producto ni se dan garantías de su

salida al mercado. El campo sufre el olvido más absoluto a la hora de asignarle ayudas

concretas.

6 REFORMA FISCAL. Aparte de la totalmente insuficiente y discriminatoria reforma de la

imposición directa aprobada ya por las Cortes, se prometen, sin concretar nada, nuevas leyes

que hagan el sistema fiscal más racional y flexible en el futuro.

7 OTRAS MEDIDAS. Se promete vagamente que en el futuro se introducirán una serie de

reformas en diversos sectores (sector público, sistema financiero, urbanismo, energía, etc.),

tendentes a conseguir que el capitalismo español mejore su funcionamiento.

La única promesa concreta, la creación de 700.000 puestos escolares en un año, es totalmente

imposible de cumplir con el dinero que el presupuesto dedica a este fin.

EN RESUMEN, el Pacto de la Moncloa, en su aspecto económico, consiste a corto plazo en un

fuerte Plan de Estabilización que únicamente sufrirán los trabajadores (mediante la congelación

salarial, el aumento del paro y las facilidades para el despido), los campesinos (cuyo

desamparo aumenta) y las pequeñas y medianas empresas (mediante restricciones crediticias)

Para más adelante, promete llevar a cabo una serie de reformas que no concretan y que de

ninguna forma pueden ser consideradas como una contrapartida, ya que no están destinadas a

favorecer a los asalariados.

Aparte de lo injusto del pacto, tampoco técnicamente es aceptable, ya que deja la reactivación

supeditada al aumento de las exportaciones, aumento que es muy dudoso que se produzca

con fuerza suficiente, dada la crisis del comercio internacional y el auge del proteccionismo. Si

no se produce este aumento la crisis se alargará.

Además, no ataca las raíces de fondo de la inflación, por lo que cuando finalmente se produzca

la reactivación (si se produce)/ volverá a aparecer la inflación y nuevamente habrá que volver a

planes de estabilización como el actual

No hay tales contrapartidas políticas

Uh duro golpe a la democracia

A modo de contrapartida por aceptar este plan leonino y desastroso en sus consecuencias para

los trabajadores y los intereses colectivos, se han tomado igualmente unos acuerdos políticos

que se traducirán, esencialmente, en la derogación de diversas leyes franquistas y la

aprobación de otras que regularán el ejercicio de algunos derechos democráticos

fundamentales. Pero, hay que afirmarlo, si un plan económico, que sólo beneficia a una minoría

de banqueros y monopolistas, no es aceptable en si ;es decir, independientemente de las

"contrapartidas" que se ofrezcan), en este caso, además as medidas políticas que se hacen

pasar por "contrapartidas", son derechos democráticos que, siendo irrenunciables para ios

trabajadores, tanto la UCD como al resto de las fuerzas firmantes, se comprometieron en su

campaña electoral a restablecer inmediatamente después del 15 de ¡unió, y por tanto,

promesas no cumplidas cuya contrapartida correspondiente (el voto) ya fue entregada por el

pueblo en su día.

El pacto suscrito en la Moncloa, lejos de servir, como se afirma, al asentamiento de la

democracia, supone un duro golpe a sus principios más elementales y especialmente a los

derechos sindicales.

Se limita la libertad sindical

En efecto, el establecimiento de topes salariales y las medidas punibles tanto contra los

trabajadores como contra fas empresas que sobrepasen dichos topes, socava directamente el

derecho de los asalariados a la libré negociación con los patronos. El derecho de huelga se

convierte igualmente en algo reprimido por el Gobierno, puesto que el recurso a ésta sólo tiene

sentido, precisamente, para forzar la superación de los topes establecidos, lo que, de

conseguirse, llevaria consigo la aplicación de las sanciones y por lo tanto el castigo de los

huelguistas y las empresas que cedieran a la presión obrera. La acción reivindicativa en

defensa y por el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo, propia de las centrales

sindicales, queda asi, desde el punto de vista de lo legal, reducida a la nada, al estar

condicionada y limitada en dos cuestiones tan esenciales. El papel que a los sindicatos se les

asigna en lo que será legalidad vigente —de someterse a las condiciones del acuerdo de la

Moncloa— se reduciría a ser tos vigilantes del exacto cumplimiento de sus condiciones,

actuando así, no en defensa de los intereses obreros, sino como administradores de quienes

se ven favorecidos por esas medidas económicas: la banca y los monopolios.

Se mantienen, encubiertas, algunas ley es franquistas

Pero además, tanto el derecho de reunión, como los de manifestación y asociación, contarán

con serias restricciones, al mantenerse diversos supuestos por los que las autoridades pueden

intervenir impidiendo su ejercicio arbitrariamente. Y en lo referido a las modificaciones en el

código penal que afectan a la mujer, además de omitir ef derecho al divorcio, la

despenalización del amancebamiento y adulterio, resultan inútiles al mantenerse sin reforma

alguna la caracterización del delito de abandono de familia.

Lo más grave, sin embargo, es que no se derogan los artículos aun vigentes de la ley

antiterrorista de Arias Navarro. Hábil truco que ha hecho innecesario el elaborar una nueva,

como en principio pretendía el Gobierno, lo que hubiera planteado serios problemas de imagen

ante la opinión pública a los partidos democráticos firmantes. Unos artículos que no sabemos si

se utilizarán realmente contra el terrorismo, vista la actitud de pasividad ante él de que hace

gala el actual Gobierno, pero que pueden ser aplicables contra las fuerzas democráticas, los

trabajadores y el pueblo, como ha sucedido en numerosas ocasiones en el pasado.

Por si había alguna duda, inmediatamente de haberse firmado el Pacto de la Moncloa, el

Ministro del Interior da instrucciones a los Gobernadores Civiles para que repriman duramente

a los piquetes de huelga. Esa es una muestra de cómo afecta a ios derechos de los

trabajadores el Pacto de la Moncloa.

El Parlamento desautorizado

Por otra parte, el Gobierno v todos los partidos coinciden en calificar como extremadamente

importante los acuerdos adoptados, y efectivamente así es, puesto que en ellos se reúne el

programa de actuación del gobierno, en lo político y económico, que condicionará a su vez el

posterior desarrollo de la sociedad española en una u otra dirección. Pues bien, para tomar

unas decisiones tan importantes, no han sido los representantes elegidos por el pueblo el 15 de

junio quienes en debate abierto y público han adoptado tales acuerdos, sino los dirigentes de

partidos al habla directamente con el Gobierno.

Alguien ha llegado a argumentar que las Cortes ya tienen excesivo trabajo con el tema de la

Constitución y otras cuestiones generales. Pero tal justificación resulta ridicula, pues ¿qué otro

trabajo, más importante que la determinación de las Iineas maestras de la poIítica

gubernamental para afrontar la grave situación del país, pueden tener las Cortes? Hay que

reconocer que éstas han sido maltratadas y desautorizadas ante la opinión pública, por los

mismos que declaran cada día la "necesidad de fortalecer las instituciones democráticas

nacidas del 15 de junio" (la principal de las cuales es, precisamente, las Cortes),

sustituyéndolas en las funciones que les son más propias, por una reunión de líderes políticos.

El debate abierto y público en el Congreso entre los representantes elegidos, del que los

ciudadanos son informados al menos por la prensa, se suplanta así por el estrecho marco de

las reuniones de la Moncloa, más propicio al conciliábulo y el trapicheo, a los pactos secretos y

a la ocultación de lo que realmente se fragua, ante una opinión pública que conocerá, todo lo

más, las declaraciones finales siempre faltas de concreción en aspectos esenciales y sin que

los electores sepan qué posturas ha mantenido cada fuerza política en el curso de la

negociación.

¿Quién queda en el Parlamento para defender los intereses de los trabajadores?; ¿quién

levantará su voz en las Cortes contra el plan del Gobierno, proponiendo una alternativa

económica justa y democrática y unas soluciones políticas convenientes al pueblo? Nadie. Y

por lo tanto, ante los obreros, tos campesinos, los pequeños y medianos empresarios y toda la

población trabajadora, el Parlamento aparecerá como un instrumento det que hay que

prescindir para encontrar solución a sus problemas. Original manera de fortalecer las recién

estrenadas instituciones democráticas, cuestión cardinal para conseguir la estabilidad política y

"sustituir las trincheras por el debate", como dicen algunos.

Suárez juega con la ambición y las rivalidades partidistas

Si el pacto es tan impopopular y no tiene contrapartidas váiidas para los trabajadores ni en lo

económico ni en lo político, ¿por qué ha sitio firmado por los partidos de oposición?. La

respuesta es fací!. Porque sí hay contrapartidas, pero no para el pueblo, sino para

esos partidos, que obtienen ventajas y favores a cambio de ayudar al Gobierno a llevar a cabo

este durísimo Plan de Estabilización. Como, por ejemplo que puedan hacer más uso de

televisión y otros medios de información estatales: una ley sindical que favorezca a sus

respectivos sindicatos; mayor participación en los organismos autonómicos que se pacten, etc.

Los intereses partidistas, han determinado fuertemente, en el pasado inmediato, el desarrollo

de los acontecimientos políticos.

A cambio de concesiones que les permitiera obtener ventajas sobre sus rivales más

encarnizados, algunos partidos olvidaban los intereses de los pueblos de España, prestándose

a ios juegos del poder y coadyudando al triunfo de sus maniobras.

Tras las elecciones, !a técnica política de Suárez ha seguido por los mismos derroteros en el

Congreso de Diputados, donde todas las ponencias de UCD han conseguido el triunfo, ante

unas fuerzas democráticas siempre divididas. Y ha vuelto a ser utilizada, una vez más con

éxito, para conseguir el "Pacto de la Moncloa".

Siendo el PSOE el segundo partido del país por su peso en el Parlamento, aspira lógicamente

a hacerse cargo del Gobierno, si se déteriora la influencia de la UCD. Es por tanto natura), que

al PSOE no le interese el Pacto de la Moncloa, que no es otra cosa sino ayudar al Gobierno a

mantenerse, corresponsabilizándose todas las fuerzas políticas con su programa impopular.

Por el contrario, al PCE sí le interesará, entre otras cosas porque así se impide que e! PSOE se

presente como única alternativa posible al actual Gobierno de la UCD.

De esta forma, Suárez se ha valido del PCE, llegando a un acuerdo previo con él sobre el

contenido del compromiso, para obligar después al PSOE a suscribir un pacto que no le

interesa en absoluto, haciendo pesar sobre éste la amenaza de ser discriminado y de que le

retiren apoyo electoral algunos sectores moderados que lo votaron.

Los intereses estrechos partidistas continúan determinando las actuaciones de las fuerzas

democráticas y obreras firmantes de este pacto que, saltando por encima de los intereses de

obreros, campesinos, empresarios pequeños y medios, de todos los trabajadores;

despreocupándose de dar soluciones justas a tos graves problemas del país y olvidando sus

promesas electorales, se entregan al juego irresponsable de ganar posiciones ventajosas para

sí mismos, prestándose a los manejos de la UCD; haciendo así posible que ésta continué

gobernando y quer con su apoyo, ponga en marcha un programa de gobierno que supone el

aplastamiento de nuestro pueblo por una minoría de banqueros y monopolistas.

El Partido del Trabajo de España ha pedido permanentemente un cambio de actitud de los

partidos obreros y democráticos comprometidos en el Pacto de la Moncloa.

Está claro que esos partidos no fueron votados para que respaldaran el programa de UCD sino

para que defendieran otro más progresista. Por otro lado prometieron una y otra vez en la

campaña electoral que defenderían cbn uñas y dientes el que la crisis no se descargara

exclusivamente sobre (os trabajadores. No cabe duda de que han defraudado a sus votantes y

no han cumplido sus promesas electorales.

Parlamentarios del PTE hubieran actuado de otra forma. De hecho antes de Ja firma del Pacto

propusimos actuar de otra forma: que se unieran todas tas fuerzas políticas obreras y

populares, para acordar un programa y una postura de fuerza, para defender más eficazmente

los intereses de los trabajadores. De esta forma Suárez no hubiera jugado de nuevo con la

oposición sino al revés.

Plan Alternativo del Partido del Trabajo de España

Solución democrática a la crisis económica

El PTE en eí II Pleno del C.C., aprobó, a propuesta de Eladio García Castro, un Plan

Económico Alternativo al del Gobierno Suárez, que demuestra qué la opción de Fuentes

Quintana no es la única posible.

La alternativa propuesta por nuestro Partido consiste en un programa de medidas cuya

finalidad es remontar la crisis económica, de forma tal, que las cargas, obligadas en un plan de

saneamiento, se repartan equitativamente entre todas las clases sociales:

• Haciendo que el poder adquisitivo global de los tra™ bajadores se mantenga en su nivel

actual, lo cual significa mantener temporalmente una distribución de la renta, tan

manifiestamente injusta como la que existe hoy. Esta es la aportación de los asalariados a

sufragar los costes de una crisis que ellos no han originado.

M Estableciendo inmediatamente un nuevo sistema fiscal, fuertemente progresivo, con lo que

el capital paga su parte correspondiente, dado que quien más tiene, pagará un porcentaje

mayor.

Medios para conseguirlo

La reactivación no puede dejarse depender principalmente de la iniciativa privada, por la

posibilidad de una huelga de inversiones y porque siempre actúa en busca del beneficio

privado y no del bienestar social. Por consiguiente el instrumento fundamental para llevar a

cabo este plan es una fuerte intervención de! Estado de carácter democrático, mediante un

aumento sustancial de la inversión pública y orientando una parte significativa de la inversión

privada.

Para ello:

• A fin de dotar al Estado de fondos suficientes, se lleva a cabo de forma inmediata una

reforma fiscal que establezca un sistema de impuestos fuertemente progresivos (quien más

tiene, mayor porcentaje debe pagar).

La gestión eficaz de estos fondos elige una profunda reforma administrativa y un rígido control

de la actividad pública.

• Se establecerán una serie de coeficiente obligatorios y´ de incentivos que garanticen que una

parte suficiente de la inversión privada tiene como destino actividades dedicadas a satisfacer

las necesidades de la mayoría de la población (lucha contra el paro, ayuda a sectores y áreas

deprimidas, etc.).

Objetivos

SALARIOS Y PENSIONES:

• Mantener el poder adquisitivo global de los asalariados, aumentando los niveles más bajos

(salario mínimo) y reduciendo el de la minoría más privilegiada (altos dirigentes, altos

ejecutivos, y cargos públicos}.

• Aumento general de pensiones, e igualmente, actualización trimestral.

PRECIOS:

• Control democrático de los precios de los productos básicos y reforma urgente de las redes

de comercialización.

PARO:

• Impedir que aumente et número de parados mediante:

• estabilidad en el empleo garantizada,

• apoyo a la pequeña y mediana empresa.

• Creación de puestos de trabajo mediante:

• jubilación a tos 60 años y supresión de las horas extras,

• expropiación automática de fincas no cultivadas o manifiestamente mejorables

entregándoselas a jornaleros en paro.

• utilización preferente de la inversión pública y de la inversión privada orientada hacia sectores

y zonas deprimidos para la creación de puestos de trabajo mediante tecnología y cultivos

intensivos en mano de obra.

• Extensión del seguro de desempleo a todos los parados.

PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

• Garantía de que los créditos se dirigirán preferentemente hacia esas empresas mediante el.

control del Estado sobre las instituciones financieras, fijando unos porcentajes obligatorios

para invertir en el sector.

• Ayuda del Estado para la unión de pequeñas y medianas empresas en unidades mayores,

más rentables.

• Tendencia a que el Estado asuma progresivamente las cargas de la seguridad social.

Mientras tanto, congelación de las cuotas actuales.

AGRICULTURA

• Precios mínimos de garantía rentables y ventas aseguradas sobre la base de un plan de

producción establecido.

• Tender ai autoabastecimiento, fomentado los cultivos que requieran abundante mano de obra,

y apoyo crediticio a las pequeñas explotaciones.

• Dedicación como mínimo del 30 por ciento de las inversiones del Estado a las zonas rurales.

OTROS SECTORES

• Puesta en marcha de planes especiales de urgencia para los sectores de producción más

deprimidos: pesca, textil, naval, construcción, etc.

REGIONES Y NACIONALIDADES DEPRIMIDAS

• Creación de sociedades de desarrollo regionales y nacionales y orientación de las

inversiones públicas preferentemente hacia estas zonas deprimidas.

• Invertir en la zona el ahorro generado en la misma, vincular las Cajas de Ahorro a las

instituciones representativas locales, nacionales o regionales.

• Control de los recursos de las entidades financieras privadas mediante ia fijación de unos

porcentajes de sus fondos para invertir en la región obligatoriamente.

EN RESUMEN, este es un programa que reparte equitativamente los costes de la crisis. Que

permite remontarla en un plazo razonable sin depender de factores que no puedan controlarse

adecuadamente. Que, además, garantiza que con el relanzamiento no volverán a aparecer los

desequilibrios que nos conduzcan inmediatamente a una nueva crisis.

Es un programa técnicamente y políticamente posible, porque está de acuerdo con las actuales

condiciones (capitalistas) del país. Que no altera en nada la propiedad privada de los medios

de producción. Que se limita a garantizar, mediante la intervención del Estado, que habrá un

volumen suficiente de inversiones y que tendrán un destino óptimo según las actuales

necesidades del país. Que deja un margen razonable a la libre inversión privada.

En definitiva, un programa susceptible de ser apoyado por la inmensa mayoría de la población,

capaz de asegurar un bienestar social creciente y duradero y por tanto de proporcionar la

estabilidad social que requiere la consolidación de la democracia.

Hay que forzar un cambio

Hacia un gobierno democrático y progresista

Estamos de acuerdo en que la situación económica es grave y que para salir de ella hace falta

sacrificios por parte de todos. El Plan de Urgencia que nosotros hemos propuesto, así lo tiene

en cuenta. Estamos totalmente de acuerdo en que no puede defenderse alternativas

demagógicas y utópicas sino soluciones realizables, dentro de unos límites que impone la

situación. Nuestro Partido así lo tiene en cuenta. Las soluciones existen: un plan económico de

urgencia como el aprobado por el 11 Pleno del Comité Central del PTE, y en lo político, mejorar

la legislación pactada en la Moncloa, eliminando de ella los aspectos restrictivos al ejercicio de

los derechos democráticos e incorporando el reconocimiento de otros derechos esenciales

omitidos, que se refieren fundamentalmente a la mujer y a la juventud, así como garantizar la

elaboración por las Cortes de una Constitución democrática.

Lógicamente ese programa económico y político no corresponde al gobierno de UCD, atado

por mil hilos al viejo régimen franquista y a las fuerzas sociales más conservadoras. Garantizar

su puesta en marcha y cumplimiento corresponde a un gobierno de todas las fuerzas

democráticas y progresistas con la participación de la clase obrera. Para imponer un gobierno

de ese tipo, hace falta esa amplia coalición democrática y el apoyo resuelto del pueblo

trabajador en torno a tal solución.

La vida nos ha demostrado que todo puede cambiarse y se puede avanzar incluso en

situaciones difíciles, porque siempre hay un factor que es el determinante para conseguirlo: la

actitud resuelta de las clases populares que, negándose a ser sometidas y condenadas a unas

duras condiciones de existencia; levantando su voz, por encima del mezquino partidismo, la

ñoñez y cortedad de miras pusilánime de algunos partidos, para exigir la puesta en marcha de

un plan económico y político justo y democrático; y la unidad en torno a él de todas las fuerzas

obreras y progresistas, obligará a éstas indefectiblemente a cambiar de actitud.

En ello les cabe una responsabilidad especial a los sindicatos obreros y uniones campesinas, a

las asociaciones de jubilados y pensionistas, a los sindicatos de empresarios pequeños y

medianos, a las organizaciones vecinales, feministas, juveniles y profesionales, y entidades de

todo tipo, donde se agrupan sectores trabajadores y populares para la defensa de intereses

comunes. Porque ellas son el instrumento más idóneo para promover y canalizar la acción

reivindicativa de las clases trabajadoras y oprimidas, actividad que ha de jugar un papel

importantísimo en los próximos meses, tanto para reclamar mejoras sustanciales en lo

económico y social, como para exigir la suspensión del plan pactado y la puesta en marcha de

otro del tipo que nosotros proponemos.

Con toda certeza, pasos importantes para desbrozar el camino y avanzar en esa dirección lo

constituyen ios movimientos / actividades encaminadas a exigir del Gobierno soluciones a

problemas planteados en los distintos gremios, regiones y nacionalidades, y provincias. Una

buena prueba lo constituye el ejemplo de la Bahía de Cádiz: la acción persistente y unida de los

trabajadores de los distintos astilleros, coordinada con los pequeños y medianos propietarios

de las empresas auxiliares, han conseguido del Gobierno 6.000 millones de ptas. destinados a

que los Astilleros sigan funcionando y no se detenga la construcción de los buques. Igualmente

ha ocurrido en otros sitios con empresas en crisis; muchos convenios provinciales se van a

firmar; los jornaleros y campesinos de Sevilla coordinan su acción a través del SOC y la UAGA

y otros muchos casos más de la misma índole.

Todos estos movimientos hacen cambiar de posición a diversos partidos, arrancan mejoras y

concesiones sobre el Plan pactado, y demostrarán que no se puede gobernar en España con

un programa tan impopular e irracional, sino uno más justo y equitativo como el que preconiza

et PTE. Si el pueblo quiere, y querrá, lo hará posible.

Conquistas más grandes se han hecho en los últimos años, aunque fuerzas políticas que hoy

juegan a ser demócratas se opusieron durante mucho tiempo. Decían que los "poderes

tácticos" (hablando claro, el Ejército) no consentiría la legalización de los comunistas; hoy

estamos todos legalizados y no ha pasado nada. Decían ctue no consentirían o,ue, se

planteara el problema de las nacionalidades; hoy se están empezando a plasmar las

autonomías y no ha pasado nada.

Los que querían justificar su servilismo levantando fantasmas de Pinochets y recurriendo a la

manoseada historia de los "poderes fácticos" ocultan la verdad clara y contundente: cuando se

crea una corriente social mayoritaria en pos de un cambio, este se hace inevitable.

El esfuerzo unido del pueblo trabajador y de todas las clases afectadas por el plan económico

del Gobierno, pueden romper la dinámica que trata de imponer el capital financiero y sus

fuerzas políticas conquistando unas soluciones justas y democráticas. Mucho más si se tiene

en cuenta que el Pacto de la Moncloa tiene importantes fisuras y no todo está atado y bien

atado. Como hemos dicho perjudica al PSQE, y la condena pública que la CSUT, UGT y otras

centrales sindicales, así como fuerzas políticas, han hecho y están haciendo del Pacto de la

Moncloa demuestra claramente que importantes sectores sociales quieren una solución más

justa y que entre todos los que la queremos, podemos y debemos recorrer el camino juntos,

con la ilusión y la confianza de que nadie podrá imponer nada cuando todo el pueblo quiere

otra cosa.

 

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