Autor: Viñas, Angel. 
 Diario 16: Historia de la Transición; 10 años que cambiaron España; Pactos de la Moncloa. 
 La política económica en los comienzos de la reforma (1976-1977)     
 
 Diario 16.    27/05/1984.  Página: 494-495. Páginas: 2. Párrafos: 16. 

La política económica en los comienzos de la reforma (1976-1977)

Ángel Viñas (*)

Con la perspectiva que da el paso de los años, el proceso que describió la política económica española

hasta los albores del cambio democrático, demostrados con singular fuerza en las elecciones del 15-J,

hace evocar muchas de las coordenadas en que, superficialmente, se engastaron numerosas

proclamaciones del petulante «Nuevo Estado» que consolidó la victoria de la guerra civil: subordinación

rigurosa de la economía a la política; improvisación; actuaciones hueras y desacompasadas con la

realidad de la crisis y del país; desconcierto oficial; bandazos tácticos; agotamientos; incapacidad

innovadora y, sobre todo, ausencia de un diagnóstico riguroso que los Gobiernos de la época no estaban

en condiciones de ofrecer.

Pero, naturalmente, las diferencias eran enormes en relación con los años cuarenta, y se medían por el

creciente vigor de las fuerzas sociales; por la afirmación política de una clase para aplastar a !a cual se

había hecho, y ganado, la guerra civil; por el huracán de ideas renovadoras que bombeaban los partidos

que emergían a la luz de la legalidad y que afectaban a dimensiones esenciales del marco, dentro del cual

se formulaba la política económica oficial de la época y por la proliferación de diagnósticos, estudios y

propuestas contrarias a las temblorosas tesis oficiales.

En el «choque» entre Gobierno y sociedad era inevitable que predominase ésta. Cuando se encauzó el

cambio político quedó expedita la puerta al ajuste económico que iniciaron los «Acuerdos de la

Moncloa». Detrás quedarían reputaciones efímeras, sugerencias olvidadas, análisis que se opusieron a la

«doctrina» gubernamental. ¿Quién se acuerda hoy de los ministros de Hacienda de la época, timoneles de

una política macroeconómica desguarnecida, que fueron Juan Miguel Villar Mir o Eduardo Carriles

Galarraga? ¿Quién asumiría hoy muchos de los planteamientos expuestos por los representantes de

algunos partidos de la izquierda y del centro-izquierda en los meses de mayo y junio de 1976 en la

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central de Barcelona, y que dieron origen a casi un

«incunable» como es el librito «Programas económicos en la alternativa democrática»? ¿En qué medida

cabe acudir hoy a los planteamientos que aparecieron en los seis primeros números de la revista

«Coyuntura Económica», de la Confederación Española de las Cajas de Ahorro, en los que el profesor

Fuentes Quintana y su equipo contrapusieron a las medidas oficiales un diagnóstico de los males

coyunturales y estructurales de la economía española que el segundo Gobierno Arias Navarro o el primer

Gobierno Suárez no podían presentar al país?

Raras veces en la historia reciente de la política económica española habrá sido tan obvio el divorcio entre

la retórica gubernamental y las necesidades objetivas de la economía como en e! año y medio que

transcurrió entre la muerte del general Franco y las primeras elecciones democráticas en cuarenta años.

La política económica de aquellos Gabinetes —imprecisa, inconsecuente, incapaz— iría a su aire,

mientras la economía marchaba a un ritmo trepidante hacia abajo y las exigencias de la hora política

concentraban en la incipiente reforma institucional la atención de los decisores del momento.

Con muestra de rara carencia de sintonía, el vicepresidente económico del primer Gobierno pos-Franco,

señor Villar Mir, quiso oponerse al signo de los tiempos y abordar el control salarial como piedra de

toque de un «programa» económico. La efervescencia social y huelguística fue sólo una respuesta que

acompañó a las críticas que inmediatamente burbujearon desde preparlidos, Universidad, analistas y

economistas solventes no encastillados en una burocracia estatal que añoraba con frecuencia los

parámetros autoritarios que encajonaron la política económica y social del anterior régimen. La

devaluación de la peseta de febrero de 1976, discutida e innecesaria tal y como se puso en práctica la

política subsiguiente, abrió la puerta a un nonato proyecto de ley de Actuación Económica que, remitido a

las viejas Cortes franquistas por procedimiento de urgencia, no empezó a discutirse sino varios meses más

tarde.

El primer Gobierno Suárez retiró dicho proyecto y lo sustituyó por medidas contradictorias a golpe de

decreto-ley, en agosto y octubre. En pleno maniobrerismo táctico el nuevo responsable de la política

económica propició un nuevo «plan» que rápidamente mereció las críticas, técnicas y políticas, de

«Coyuntura Económica», órgano que ya se perfilaba como portavoz de una alternativa económica en el

Gobierno, una vez que Fuentes Quintana hubiese rechazado, tras alguna vacilación, figurar en el primer

Gabinete Suárez como ministro de Comercio, según recordaría más tarde Alfonso Ossorio,

En la página 37 del número 2 de la revista se llamaba ya la atención sobre la diferenciabilidad de los

planes gubernamentales para hacer frente a los graves males de la economía española en comparación con

otras experiencias nacionales (Francia, Italia, Portugal). Se lamentaba la apuesta negativa contra la

necesaria actuación estabilizadora y se indicaba, premonitoramente, que los siguientes meses mostrarían

si la «arriesgada apuesta» de la política económica conseguiría o no lo que pretendía. Tras meditar, quizá,

sobre un largo análisis respecto a la situación de la economía española, el lector no podía tener lugar a

dudas en que los redactores de dicha valoración crítica apenas si confiaban en ello.

A la obsesión que la inflación desatada provocaba en numerosos comentaristas, el Gobierno respondió

retransando la publicación de los datos que arrojaría el novedoso índice de Precios al Consumo. Al

entorno crispado de la legalización del PCE vino a añadirse, en los primeros días de abril de 1977, la

noticia de que los precios habían aumentado en un 3 por 100 el anterior mes de enero, ritmo muy elevado

y hasta entonces sin precedentes. Tras la inflación, cierto es, alentaban viejos problemas estructurales que

la política económica de la transición se había visto incapacitada para combatir. A decir verdad, es difícil

que lo intentara seriamente. Por lo demás, la dramática evolución del déficit de balanza básica intensificó

las preocupaciones que despertaban la ineficacia y la incoherencia de la política oficial.

De aquí que la «ofensiva» del equipo de recambio nucleado en torno a «Coyuntura Económica» se

intensificó en los meses ulteriores. El número doble 5/6 ofreció poco más tarde, en 140 apretadas páginas,

un balance demoledor de la situación económica española y de la ineficiencia de las medidas

gubernamentales que durante la transición se habían adoptado para atajarla. Con un proyecto concreto de

política económica para el futuro inmediato los redactores del balance, expuesto en un estilo literario

brillante, aunque ligeramente decimonónico, señalaban una alternativa rápida a un Poder desconcertado y

que, en cualquier caso, iba a abrirse prontamente a las fuerzas políticas y sociales, plasmadas tras los

resultados de las elecciones del mes de junio.

El panorama dibujado en aquel balance era un tanto escalofriante en precios, balanza de pagos y paro.

Para entonces resultaba innegable que los esquemas a que se había atenido el funcionamiento «remoto»

de la economía española en los lejanos años de la época del crecimiento (década de los sesenta) habían

quedado superados por la evolución de la propia crisis, interna y externa. Una sociedad en efervescencia

se negaba a apretarse, sin más, el cinturón que conllevaba la cuadruplicación de la factura petrolífera y

que le habían pedido Gobiernos «deslegitimados»; el cambio en el marco sociopolítico mostraba hasta la

saciedad que el aparato productivo español no estaba en condiciones de absorber las fuertes elevaciones

salariales, que demolían una de las ventajas comparativas en que se había basado la trepidación

económica del segundo franquismo. La inflación, la crisis de pagos internacionales, la atonía de la

demanda de inversión y un crecimiento débil, inseguro y amenazado se fundían en un círculo vicioso que

sólo medidas concertadas entre los distintos sectores políticos podían, quizá, romper. El futuro nuevo

equipo rector de la economía española tras las elecciones de junio de 1977 exponía, al filo crítico de éstas,

que la clase política se había inhibido en lo que se refería a promocionar una toma de conciencia colectiva

de la singularidad y causas de los problemas económicos españoles. No se habían ofrecido —afirmaban—

los datos verdaderos que ponían de manifiesto la situación auténtica de la economía. La autoinvitación

llegó a hacerse evidente al subrayar que tampoco se habían expuesto tales datos «articulándolos en un

diagnóstico elaborado con solvencia técnica y sin paliativos».

La estrategia de Fuentes Quintana, si estrategia era, daría resultados: recuerda, en buena medida la que

siguió tiempo atrás al frente de la revista «Información Económica Española», órgano del Ministerio de

Comercio, en los meses que antecedieron a la adopción del Plan de Estabilización y Liberalización de

1959. Casi veinte años más tarde una nueva revista, en una situación económica profundamente

deteriorada, proporcionaba a un reducido grupo de economistas la posibilidad de influir

(¿decisivamente?) sobre comportamientos políticos. Al comienzo del verano de 1977, la política

económica que había acompañado a los estertores del franquismo parecía agotada. Con ella se agotaba

también una etapa crucial para la definición de la futura andadura de la transición.

Cuando se ponían en marcha los nuevos mecanismos políticos, sobre el vicepresidente económico y

ministro de Economia (cartera que se creaba desde la experiencia de los años de la guerra civil) y su

equipo , cayó la tarea de sentar las bases para enderezar la situación: y daba el salto desde las Cajas de

Ahorro a las alturas de la responsabilidad gubernamental en la que muchos caracterizaron como «hora de

los economistas» (y que fue de corta duración). El 11 de julio, el Gobierno anunció una nueva paridad de

la peseta y aludió a un programa «enérgico y eficaz, capaz de sanear la economía española en el plazo de

dos años». Se iniciaba, de entrada, un plan económico de urgencia que coincidía en aspectos importantes

con las recomendaciones que se deducían en aspectos importantes con las recomendaciones que se

deducian del informe emitido poco antes por la OCDE sobre la situación económica de España. Otro

paralelismo con 1959 volvía a evidenciarse.

En lenguaje moderado la OCDE había tendido, ciertamente, un capote a los dos primeros Gobiernos del

posfranquismo: «los constreñimientos impuestos por la fase de transición política han dificultado la

gestión de la economía española e impedido la adopción de un enfoque global de los problemas que se le

plantean. Las autoridades no han estado, pues) en condiciones de prevenir el agravamiento de los

principales desequilibrios...». Pero sugería medidas más cohesionadas y generales que sólo después del

15-J pudieron generarse.

El atajo de la inflación y el paro y la contención del déficit exterior se insertaron entonces, por primera

vez desde la crisis del petróleo, en una estrategia global y coherente. Al término de una rápida fase de

exploración desde el Poder aguardaban los «Acuerdos de la Moncloa». Y así, también por primera vez, la

política flanquearía a la economía en una situación irrepetible y sin precedentes.

(*) Economía, escritor. Ex director general de Ordenación Universitaria. Asesor del Ministerio de

Asuntos Exteriores. Autor, entre otros libros, de «Los pactos secretos de Franco con Estados Unidos» y

«El oro de Mo...

 

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