Especial Diario 16: Historia de la Transición; 10 años que cambiaron España; Pactos de la Moncloa; Documentos de la transición. 
 Los pactos políticos     
 
 Diario 16.    27/05/1984.  Página: 500. Páginas: 1. Párrafos: 26. 

DOCUMENTOS DE LA TRANSICIÓN

Los pactos políticos

Los «pactos de la Moncloa» constaban de un acuerdo económico («sobre el programa de saneamiento y

reforma de la economía») y de un acuerdo político («sobre el programa de actuación jurídica y política»).

En esta página se reproducen aspectos destacados del acuerdo en materia política.

Los Pactos de la Moncloa

El Servicio Central de Publicaciones de la Presidencia del Gobierno hizo una amplia edición de los

acuerdos en un pequeño libro publicado en 1977.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

A) Prensa

1.° Subsistirá la obligación de depósito previo de publicaciones, si bien el secuestro sólo podrá decretarse

por la autoridad judicial, en virtud de denuncia del fiscal, de la Administración Pública o de cualquier

persona interesada.

2.° Cualquier denuncia podrá acompañar, con su denuncia, una propuesta de nota de rectificación,

aclaración o réplica. En tal caso, la autoridad judicial dará opción a la publicación para insertar, en el

número siguiente a su recepción, la nota de aclaración, rectificación o réplica. Su inserción, sin

comentarios ni apostillas, comporta el perdón del ofendido y la publicación no podrá volver sobre la

cuestión. En los términos indicados se entenderá cumplido el trámite de conciliación.

3.° El procedimiento judicial que, en su caso, haya de seguirse se desarrollará en plazos breves y estrictos.

4.° La determinación de responsabilidades principales y subsidiarias se ajustará a lo establecido en el

Código Penal.

5.° La sentencia, cuando no sea absolutoria, fijará preceptivamente el importe de la indemnización por

perjuicios morales. La cuantía se fijará en función de criterios objetivos.

B) Secretos oficiales

Se revisarán los supuestos legales en que pueda una materia ser declarada en función de la seguridad y

defensa del Estado. Los órganos competentes para hacer la declaración serán: El Consejo de Ministros y,

en materia de defensa nacional, las autoridades militares.

DERECHO DE REUNIÓN

La reforma de la legislación general reguladora del derecho de reunión debería efectuarse sobre la base de

las siguientes premisas:

1,° Ampliación del concepto de reuniones privadas (exentas de toda intervención administrativa) a todas

aquellas cuyo número no supere las cincuenta personas; las que convoquen y celebren las personas físicas

en lugares de público esparcimiento por razones familiares o de amistad, siempre que la asistencia esté

limitada mediante invitación nominativa, y a las propias de los partidos políticos en su funcionamiento

interno exclusivamente, aun cuando sea fuera de sus locales sociales.

2.º Régimen de libertad para las reuniones en local cerrado, con una simple comunicación previa a la

autoridad administrativa, que sólo podrá disolver el acto si durante su transcurso se producen alteraciones

graves del orden, se cometa o intenta cometer algún delito.

3.° Idéntico régimen —libertad con comunicación previa— para las reuniones —concentraciones en local

cerrado—, entendiéndose por éstas aquellas cuyo número de asistentes exceda de quinientas personas;

pero con posibilidad por parte de la autoridad gubernativa, en este caso, de suspenderlas a priori cuando

sus fines sean manifiestamente delictivos, de modificar las condiciones de su celebración y de disolverlas

en los mismos supuestos que en el caso de las reuniones en local cerrado.

4.° Mantenimiento del régimen actual para las reuniones en lugares abiertos al uso público

(manifestaciones): esto es, autorización previa con silencio positivo. El régimen de suspensión y

disolución será el mismo previsto en el apartado anterior.

5.° Posibilidad de limitar legalmente el ejercicio del derecho de manifestación, a fin de no perturbar en

exceso el desarrollo de las actividades laborales y el tráfico viario por razones de lugar o concurrencia de

otras manifestaciones.

6.º Establecimiento de un proceso judicial rápido para la tutela del ejercicio de este derecho y la

impugnación de las resoluciones administrativas que recaigan en este ámbito ante los tribunales de

justicia.

7.º Se configurará la responsabilidad de los solicitantes o promotores por cuyo dolo o negligencia se

hubiera incumplido las normas o se hubieran producido resultados delictivos o perturbadores.

Todas estas limitaciones al ejercicio del derecho tienen como fundamento primordial la salvaguardia de

los derechos de los terceros y, por lo que a las manifestaciones se refiere, la garantía de la libertad de

circulación privada.

DERECHO DE ASOCIACIÓN POLÍTICA

La reforma del ordenamiento legal que disciplina en la actualidad el ejercicio de este derecho (ley

21/1976, de 14 de junio, y el real decreto-ley 12/1977, de 8 de febrero) debería acomodarse a los

principios siguientes:

1.° Regulación sucinta de la estructura elemental de las asociaciones de este carácter, con el fin de que su

organización y funcionamiento se acomoden a criterios democráticos.

2.° La inscripción en el Registro de Partidos Politices se producirá por el transcurso de un plazo breve

desde el depósito de los Estatutos, salvo que dentro de él se haya ejercitado acción por el ministerio fiscal

pretendiendo la declaración judicial de su ilegalidad y el juez haya decretado la suspensión de la

inscripción.

3.° Competencia judicial exclusiva para la suspensión o disolución de las asociaciones.

4.° Establecimiento de un proceso judicial sumario para conocer y resolver todos estos supuestos ante los

tribunales de Justicia.

5.° Regulación de un sistema de financiación estatal a los partidos políticos mediante el establecimiento

de un sistema objetivo de subvenciones en función de los resultados electorales obtenidos.

 

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