Autor: Cantarero del Castillo, Manuel. 
   La Alianza Constitucional Española     
 
   28/11/1972.  Páginas: 1. Párrafos: 9. 

LA ALIANZA CONSTITUCIONAL ESPAÑOLA

"La idea de la Alianza Constitucional Española es un producto de la preocupación por hallar nuevas

fórmulas de participación y animación política conjugando funcionalmente los conceptos de unidad

constitucional y de libertad ideológica, básica esta última en todo Estado que desee reputarse, de verdad,

Estado de razón y de derecho."

La Prensa ha venido refiriéndose últimamente y de forma repetida a «Alianza Constitucional Española».

El autor de esta fórmula política, don Manuel Cantarero del Castillo, nos envía el artículo que publicamos

a continuación:

EN una reciente conferencia, de la que dio oportuna cuenta ABC, me referí a una fórmula política que

denomino «Alianza Constitucional Española». En rigor, no es la misma una elaboración reciente, pues he

venido hablando de ella, con menos suerte publicitaria que en esta última ocasión, desde 1967, en que

aludí a la misma en unas declaraciones a la Prensa, con motivo de mi presentación a las elecciones a

procurador de representación familiar por Madrid.

La idea de la Alianza Constitucional Española es un producto de la preocupación por hallar nuevas

fórmulas de participación y animación política, conjugando funcionalmente los conceptos de unidad

constitucional y de libertad ideológica, básica esta última en todo Estado que desee reputarse, de verdad,

Estado de razón y de derecho.

El problema que se planteaba - y se plantea - era, dentro de las posibilidades del ordenamiento

constitucional vigente, el de adecuar el Movimiento - institución primordialísima, según las Leyes

Fundamentales - al nuevo sentido universal nacional con que el mismo quedó constituido tras la

promulgación de la Ley Orgánica del Estado. Al quedar el Movimiento configurado como «comunión de

todos los españoles», había que encontrar para el mismo formas internas de pluralidad ideológica, dentro

de la disciplina constitucional y del «fair play» democrático, porque inspirándose la legislación

fundamental en la afirmación de la dignidad humana, la libertad del hombre y su integridad como valores

básicos, no podía entenderse en manera alguna que la intención de la Constitución fuese la de prohibir la

libertad ideológica para imponer a todos los ciudadanos, de forma excluyente, una determinada. De ahí

que los Principios Fundamentales no constituyan una formulación ideológica, sino, en un sentido superior

y mucho más amplio, un repertorio de categorías inspiradoras de orden político-moral genérico. De ahí,

también, que el propio Jefe del Estado, en su discurso de presentación ante las Cortes de la Ley Orgánica

del Estado, haciendo interpretación auténtica y sentando jurisprudencia «a priori», y de máximo rango,

hubiera de afirmar, en el mismo sentido de nuestra reflexión, que, desde los días de la contienda, había

constituido una de sus preocupaciones más apremiantes «establecer un orden" político embrionario, apto

para acoger en su seno a cuantas ideologías y fórmulas tuvieran propensión a un bien común, respetuoso

de las esencias nacionales...». Es de destacar que el primer magistrado de la nación no habló,

restrictivamente, de las distintas ideologías vencedoras en 1939, sino de ideologías en general, aunque de

unas características determinadas y admisibles.

En rigor, el peligro que se quiere conjurar con los múltiples mecanismos de seguridad con que se hallan

dotadas las Leyes Fundamentales vigentes no es el de la libertad ideológica, pues que en ningún texto

constitucional se proscribe la misma ni tácita ni expresamente, sino la que se considera viciosa

proclividad tradicional de las facciones políticas españolas al desmontaje de la Constitución, según el

turno de sus respectivos accesos al Poder. En el mismo pasaje del citado discurso, el Jefe del Estado

aludía a los peligros que la libertad política entraña en nuestra Patria, dadas las características tentaciones

idiosincráticas nacionales que son, en su opinión, «espíritu anárquico, crítica negativa, insolidaridad entre

los hombres, extremismo y enemistad mutua». Tras manifestar el mismo la admisibilidad de la pluralidad

ideológica en el Régimen, condicionada en la forma que hemos visto, advertía, siempre en el mismo

pasaje del discurso citado: «No era fácil, empero, esta tarea (la de establecer un orden político pluralista),

por cuanto ni los rescoldos de la guerra estaban apagados con el estruendo del último cañón de la

campaña, ni el deseo natural de expresión de libertades dejaba de encerrar los peligros de un regreso al

triste punto de partida, si no se establecían las etapas y cauces adecuados al correr de los tiempos.» Con

estas palabras, el Jefe del Estado proclamaba los peligros que entrañaba el establecimiento de las

libertades políticas en España, pero, teniéndolos en cuenta, anunciaba que llegaba, no obstante, el

momento de establecerlas en una forma conveniente.

Vemos, según todo ello, y expuesto el problema por el propio primer magistrado de la nación, que la

solución residía en el hallazgo de una forma inicial de cautelar establecimiento de la libertad ideológica

(en la que se resumen o sintetizan las libertades políticas) sin que ello amenace la unidad fundamental o

constitucional ni la necesaria disciplina democrática.

En el sentido indicado, la Alianza Constitucional Española no habría de ser una nueva institución, sino,

según la concebimos, un mero contenido institucional: el nuevo contenido activo, y de plena y necesaria

integración nacional, del Movimiento. Naturalmente, esta fórmula presupone la existencia de las

asociaciones políticas de motivación ideológica, según ello es posible sin contradecir los imperativos

constitucionales, como hemos visto. El Movimiento, según las Leyes fundamentales vigentes, es la vía de

participación política pura de los españoles en la empresa nacional. Pues bien, las referidas asociaciones

políticas funcionarían, en el marco jurídico del Movimiento, con plena autonomía y libertad, incluso

ideológica. No obstante, a efectos de defensa a ultranza y común del orden constitucional y de la

ordenada concurrencia democrática, todas las asociaciones funcionarían en forma de una sola y gran

asociación virtual. Esta sería la Alianza Constitucional Española, alianza o pacto de todas las fuerzas

políticas democráticas, propendientes a un bien común y respetuosas de las esencias nacionales, contra

aquellas que tratasen de llevar la vida pública española a los cauces desviados de la anarquía, del

desorden y de la violencia.

Manuel CANTARERO DEL CASTILLO

 

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