Autor: Cantarero del Castillo, Manuel. 
   Delicuentes contra la democracia     
 
 ABC.    15/09/1974.  Página: 17. Páginas: 1. Párrafos: 8. 

5 DE SEPTIEMBRE DE 1974. EDICIÓN DE LA MAÑANA. PAG. 17.

DELINCUENTES CONTRA LA DEMOCRACIA

Todos los españoles decentes, sean del color político que sean, estamos seguros que condenan, con igual

energía, el repugnante acto criminal perpetrado en Madrid anteayer. Ante el mismo, ciertamente, no sólo

no es éticamente lícita ninguna clase de complacencia política, sino que cualquier grado mínimo de ella es

monstruosa y sucia, por mucho que quiera mezclarse de conmiseración por las víctimas inocentes que ha

producido. Toda recta conciencia humana y ciudadana - salvo en casos de perversidad psicopática -

repudia de suyo, por móviles de espontánea y común repugnancia, hechos de salvajismo luctuoso como el

que consideramos. Frente a tal barbarie sólo cabe pedir máxima severidad y máxima justicia en el castigo

de los miserables autores e inductores y a esa petición, que es voz popular, nos unimos por supuesto, con

toda firmeza.

Dicho todo ello, que no expresa ni de lejos la indignación que nos invade, sí es bueno que salgamos al

paso de interpretaciones que carecen de justificación admisible y que intentan deducir del execrable

acontecimiento conclusiones de orden político inmediato.

Estamos seguros de que, como hemos dicho, todos los españoles decentes, sean del signo ideológico que

sean, condenan el hecho con pareja energía. Pero estas condenas pueden ser de dos clases: activas y

operativas o pasivas e íntimas. Y que sean de una clase u otra depende mucho del grado de organización

política y de solidaridad esencial de la sociedad que se considere. Y esto no sólo es cientifismo - es decir,

lógica abstracta - del tipo al que se ha imputado responsabilidad indirecta en el hecho, sino experiencia

concreta de la vida real. Pedir que los ciudadanos puedan tener ideas políticas y asociarse en función de

ellas para tratar de actuarlas dentro del orden y respetando las reglas del juego; que el ejecutivo, aun con

grado de operatividad grande, deba responder ante un legislativo fiscalizador: que todos los poderes

públicos tengan límites; que los representantes del pueblo sean elegidos, etc., etc., no puede calificarse

con honestidad, en manera alguna, como causa ni indirecta ni remota, de actos vandálicos que atenían, en

lo más hondo, contra el concepto mismo de la democracia que es, o debe ser, por encima de todo método

racional y conducta civil.

La democracia, hemos dicho antes, no es la anarquía sino una radical y severa disciplina colectiva de

máxima legitimación moral. Y en la democracia auténtica, donde nadie prevalece irracionalmente sobre

nadie y todos son rigurosamente iguales en deberes y en derechos públicos, la condena del salvajismo

político es activa y operante porque, en ella, todo el pueblo, de una manera identificada y organizada,

apoya el Poder en su tarea de persecución, represión y punición, de los que lo propugnan y lo practican.

Desde hace años, venimos insistiendo en la necesidad de desarrollar las Leyes Fundamentales vigentes

hasta alcanzar un nivel de democracia plena en plena compatibilidad con el orden. Pero desde hace años

venimos insistiendo al tiempo, también, en que si, accedido el pueblo español al ejercicio total de las

libertades políticas, no se mostrara como un pueblo civil y apto para la democracia, pasaríamos a abogar,

con el mismo tesón, por un régimen de autoridad y de tutela; aun con todos los riesgos que ello entraña,

pues los regímenes de autoridad y de tutela han de estar encarnados necesariamente por hombres, en

cuanto tales sujetos a riesgo de error y potencialmente desfallecientes, para decirlo a la manera

escolástica.

La democracia auténtica es - y a ella es a la que aspiran los verdaderos demócratas - una básica

solidaridad en lo esencial comunitario y una alianza constitucional de todos los ciudadanos honrados y

libres, de todas las ideologías, democráticas o no subversivas, frente a los que quieren llevar la disputa

política al terreno de la barbarie y de la violencia. Por eso afirmamos con frecuencia que todo lo que es

democrático no es subversivo y que todo lo que es subversivo no es democrático o que la subversión es la

dictadura desde abajo al igual que la dictadura, más allá de su momento crítico de posible justificación

quirúrgica, es la subversión desde arriba.

Entre las reformas por las que, desde honestas posiciones mentales, venimos abogando, se incluye una

refundición de los vigentes textos legales de prevención del desorden y el atentado contra la seguridad

pública en una Ley de Defensa de la Democracia, máximamente punitiva de hechos como el de Madrid

que frustran, en todas partes, los intentos de establecimiento de una convivencia democrática. Esa Ley de

Defensa de la Democracia podría desarrollar aplicativamente para España el artículo 11 de la Convención

Europea para la Salvaguarda de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales, texto

constitucional para la Europa Unida, en el cual se establece: «Las libertades pueden ser objeto de

restricciones siempre que las mismas estén previstas por la Ley (la Ley particular de cada Estado) y que

constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la seguridad

pública, la defensa del orden, la prevención del crimen, la protección de la salud o la moral, o la

protección de los derechos y libertades ajenas.»

Ante el luctuoso suceso, no reaccionamos con mente política sino con sentimiento profundo y sincera

consternación humana por el sufrimiento de las desgraciadas víctimas y de sus afligidos familiares. Y no

habríamos escrito, por ello, este artículo, de no ser por la indignación subalterna que nos ha producido el

que se quiera conectar el brutal acontecimiento con la racional voluntad de muchos españoles honestos de

acceder desde la legalidad constitucional vigente a un definitivo orden de todos, y por tanto democrático,

que nos una indiscriminadamente en firme solidaridad activa con nuestras Fuerzas de Orden Público, y en

caso extremo, con nuestras Fuerzas Armadas, contra quienes, además de delincuentes comunes, perversos

e inhumanos, son máximos delincuentes contra la democracia. Y en España, hoy, muy específicamente,

delincuentes decisivos contra la posibilidad misma de ella. De ahí que la condena radical del terrible

crimen no sea cuestión de facción ideológica o política, sino de todos los españoles. Y también que

monopolizar la indignación y la condena o imputar gratuita y generalizadamente la responsabilidad

indirecta, constituya un atentado contra la unidad esencial de los mismos.

Manuel CANTARERO DEL CASTILLO

 

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