Autor: Areilza y Martínez-Rodas, José María de. 
   El tránsito     
 
 Diario 16.    23/11/1976.  Páginas: 1. Párrafos: 7. 

El tránsito

José María de Areilza

La aprobación masiva por las actuales Cortes del proyecto de Reforma Política supone un paso decisivo

en la larga marcha hacia el sistema democrático. El fantasma de una asamblea, enteramente hostil y

erizada contra una modificación constitucional, que permitiese en España el libre ejercicio del sufragio

universal y del pluralismo político y sindical, venía siendo utilizado por los enemigos de la evolución

hacia la democracia, como un obstáculo insalvable que no sólo parecía hacer imposible o muy difícil la

propia reforma, sino que aconsejaban toda clase de concesiones y diluciones en el propósito para hacer

viable el paso de cualquier proyecto por el desfiladero de las Cortes.

Este convencimiento, difundido extensamente con interesados fines, hizo retrasarse considerablemente el

proyecto de la reforma integrado y llevado a cabo en buena parte por el Gobierno Arias, pero sin arribar a

puerto final, entre vacilaciones y lentitudes. Ahora el tesón y la habilidad del Gobierno Suárez en el

manejo de los resortes humanos y políticos del Poder, ha podido vencer y convencer a la gran mayoría de

los procuradores para dar su voto favorable al proyecto. El episodio es significativo e importante a la vez.

En primer lugar porque representa una llamada del sentido realista, alejado del utopismo nostálgico a la

conciencia de los votantes, que, en definitiva, viven en su mayoría en contacto directo con las tendencias

de la opinión y las perciben con claridad.

La presión social en dirección a la democracia ha ido aumentando, en efecto, en estos doce meses en

forma acelerada y su impacto ha sido visible e importante, tanto en el texto del proyecto de Reforma

corno en el voto de las Cortes. Lo que en diciembre de 1975 no parecía posible se ha convertido ahora, un

año más tarde, en exigencia ineludible de la opinión pública, que ha sabido captar el Gobierno y los

procuradores.

En segundo término, lo acontecido significa el final de una etapa política de nuestra historia y el

comienzo de un nuevo capítulo. Se ha dado vía libre a la posibilidad de la intervención del voto popular

en las incisiones nacionales, con una próxima convocatoria a elecciones generales para un Congreso de

los Diputados. Ese Congreso será, de hecho, una Asamblea Constituyente, quiero decir, que emprenderá

forzosamente la tarea de lograr una modificación de las leyes fundamentales que regulan nuestra vida

pública. Del Congreso saldrá, en su día, aprobada una Constitución para la Monarquía española en la que

tenga sitio holgadamente la representación de todas las tendencias, aspiraciones y corrientes de opinión

que palpitan en la colectividad de nuestros días y cuyo dinamismo, conflictividad y empuje están a la

vista de todos.

El franquismo ha demostrado, al cabo de un año de la desaparición de su figura rectora, que no deja

instituciones políticas valederas para el futuro. Ni el Movimiento, ni las Cortes orgánicas, ni el Consejo

del Reino en su aceptación actual, resultan organismos capaces de regir la vida pública de nuestro país en

los próximos veinticinco años. Hay que levantar pues un Estado democrático, con líneas modernas,

eficaces y flexibles. Hacen falta para ello varias cosas importantes. En primer lugar, audacia e

imaginación para proyectar unas estructuras de poder y representación, adecuadas a la realidad española,

política y sociológica y tratar de resolver con ello problemas enquistados y graves como el de algunos

pueblos del Estado español que aspiran al reconocimiento de su identidad en un marco institucional

democrático que los vuelva a hacer entrañablemente solidarios, después de cuarenta años de torpe política

regional centralista y opresiva, con el destino de España. En segundo lugar hay que convocar al mayor

número de sectores políticos y sociales coherentes con el propósito de traer a España la democracia para

hacerlos partícipes de la gran tarea que no se puede dejar en manos de un solo sector, llámese derecha,

izquierda o centro. El régimen democrático hay que establecerlo entre todos.

Para ello se abre ahora la oportunidad de la negociación en profundidad. Ya se ha pasado la barrera más

difícil: el voto de las Cortes. Viene después el "referéndum", cuyas condiciones y circunstancias

esperemos sean objetivas y libérrimas, precisamente para valorar democráticamente sus resultados. Si la

consulta es favorable, entrara la política en la última etapa del tránsito a la democracia: la convocatoria a

elecciones generales. En las normas electorales y en las garantías de esa normativa se halla el caballo de

batalla de esa negociación a la que aludía. Hasta ese momento, el proceso hacia la democracia ha sido de

índole "interfranquista", quiero decir se ha hecho negociando en una y otra medida entre grupos y

sectores procedentes del franquismo, evolucionistas los unos y continuistas los otros. Pero a partir de ese

instante, la negociación habrá de hacerse desde el Poder con el resto de los sectores políticos, no

franquistas, es decir, con las fuerzas de la oposición democrática. El ideal - difícil de lograr desde luego -

sería no sólo negociar con ellos las garantías electorales exigidas, sino la posibilidad de un pacto previo

que trazase las grandes perspectivas de la Constitución futura; una especie de "maqueta del edificio

constitucional", que en su dimensión y traza fuese aceptado por el mayor número de grupos y tendencias

políticos. Ello daría lugar a una razonable limitación de discrepancias en los puntos fundamentales en las

sesiones del próximo Congreso constituyente.

En cualquier caso, en el tránsito estamos, y parece innecesario urgir en todos los sentidos y direcciones en

momentos tan decisivos las dos palabras clave: moderación y responsabilidad.

 

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