Autor: TÁCITO. 
   La unidad jurisdiccional     
 
 Ya.    02/01/1977.  Páginas: 2. Párrafos: 7. 

LA UNIDAD JURISDICCIONAL

DEFINIDO el propósito de instaurar en nuestro país un régimen de democracia pluralista, uno de los

elementos esenciales del catálogo de reformas que necesariamente habían de llevarse a cabo por el

segundo Gobierno de la Monarquía era, sin duda, la implantación de la unidad jurisdiccional. El principio

de unidad jurisdiccional, en cuanto requisito imprescindible para una plena independencia del poder

judicial, se convierte en presupuesto básico de todo Estado de derecho, ya que esa independencia es, en

definitiva, la única garantía eficaz del ejercicio de los derechos y las libertades de los ciudadanos;

ejercicio en libertad que caracteriza la existencia de un régimen democrático.

LAS disposiciones acordadas en el último Consejo de Ministros suprimiendo las jurisdicciones de orden

público y de delitos monetarios y constriñendo a la jurisdicción ordinaria la competencia para conocer de

los delitos de terrorismo han venido a consagrar, por fin, la realidad de esa plenitud jurisdiccional que, a

pesar de constituir desde 1967 una declaración dogmática de nuestras Leyes Fundamentales, no había

recibido la necesaria expresión normativa.

RESULTA imposible sin conocer los textos de las disposiciones aprobadas hacer ahora un análisis exacto

de su alcance y una valoración precisa de las formulaciones concretas que los mismos definen. Sin

embargo, la amplia referencia que del contenido de las nuevas normas ha facilitado la prensa y los

comentarios del propio ministro de Justicia en TV permiten avanzar ya una opinión sobre la dimensión

jurídica y política de las medidas adoptadas.

DESDE el punto de vista técnico-jurídico resulta obvio que, aun cuando no se comprenda en las nuevas

disposiciones la derogación de todo el variado elenco de organismos jurisdiccionales y de normativas

procedimentales especiales que ofrece nuestro Derecho, la supresión de las jurisdicciones de orden

público y de delitos monetarios supone, cabalmente, la implantación en nuestro Derecho del principio de

unidad jurisdiccional, toda vez que eran esas dos jurisdicciones, una en el orden penal y la otra en el

administrativo, las que de forma más evidente vulneraban aquel principio. La menor importancia objetiva

y, sobre todo, la ausencia de significación política propia de otros organismos y procedimientos aún

vigentes convierten a partir de ahora la cuestión de la unidad jurisdiccional en un problema de alcance

puramente técnico, de adaptación y de refundición de normas, desprovisto de verdadera trascendencia

política.

LA existencia de una justicia independiente requiere no sólo su unidad, sino su competencia exclusiva y

excluyente de todo cuanto implique enjuiciamiento y declaración del Derecho, cualquiera que sea el

sector del ordenamiento jurídico afectado y la gravedad de las conductas encausadas. Por ello, la

atribución a la jurisdicción ordinaria de la competencia única para conocer de los delitos de terrorismo

constituye una medida fundamental en orden a constreñir el ámbito de la jurisdicción militar al campo

que le es propio, para lograr la implantación de una justicia ordinaria integral. En el plano político, la

judicialización del terrorismo libera por otra parte a las fuerzas armadas de una función ajena por

completo a su auténtico cometido, en beneficio de la imagen de neutralidad que necesariamente han de

ofrecer en el marco de un Estado democrático.

LAS nuevas disposiciones aprobadas por el Consejo de Ministros contemplan asimismo otra medida que,

si bien carece del carácter llamativo de las que acabamos de comentar, ofrece un indudable interés y

trascendencia en la configuración de una organización judicial capaz de hacer frente, con la agilidad y

eficacia precisas, a las nuevas formas delictivas que ensombrecen el panorama de la convivencia social

moderna La creación de una Audiencia Nacional, a la que se atribuye el conocimiento de esa nueva

delincuencia, puede ser un buen camino para conseguir que las actuaciones judiciales correspondientes se

lleven a cabo en las condiciones de medios materiales y personales que la importancia de esos delitos

demanda y que la inevitable congestión de asuntos en juzgados y audiencias les impide ofrecer

normalmente. La configuración orgánica, el régimen de competencias y la sumisión a las normas

comunes de procedimiento hacen plenamente de la Audiencia Nacional y de los Juzgados Centrales que

también se crean órganos de la jurisdicción ordinaria. Se abandona así el proyecto de un tribunal central

de lo penal, que, de acuerdo con la delimitación funcional que del mismo se hacia en la ley de Bases de la

Justicia, hubiese constituido una nueva versión, más o menos encubierta, de la extinguida jurisdicción de

orden público. (La competencia del TOP pasa ahora, por el contrario, a todos los jueces y audiencias del

territorio nacional, que conocerán de las causas correspondientes, de conformidad con las normas

ordinarias de competencia territorial.) Por ello, consideramos que en nada enturbia la medida de

"desmilitarización" de los delitos de terrorismo el hecho de que estos delitos se atribuyan a partir de ahora

a los nuevos órganos que se crean, en razón a que el terrorismo presenta hoy características singulares de

gravedad y de efectos en todo el ámbito nacional, equiparables a las que concurren en las tipologías

naturalmente encomendadas a la Audiencia Nacional y los Juzgados Centrales.

ESTE somero análisis ha de concluir, por último, con una consideración puramente política sobre la

oportunidad de las medidas adoptadas. La decisión del Gobierno de plantear en los momentos presentes

una modificación de nuestro sistema judicial de esta trascendencia política refleja, en nuestra opinión, un

convencimiento propio en la viabilidad del camino de la reforma y una demostración de firmeza a la hora

de superar las dificultades alzadas en ese camino, convicción y energía que, sin duda, son la mejor

garantía de un buen fin.

TÁCITO (P. P.)

 

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