Autor: Velázquez Martínez, Josefina. 
   Derechos del ciudadano     
 
 Pueblo.    05/07/1977.  Página: 2. Páginas: 1. Párrafos: 10. 

Cartas a PUEBLO

DERECHOS DEL CIUDADANO

Señor director:

Alarmadas en la madrugada del domingo, 27 de junio, 176 familias madrileñas, domiciliadas en la calle

Juan Ramón Jiménez., numero 2, fachada a Padre Damián, se despiertan por un enorme estruendo. Saltan

de sus camas a rescatar a sus hijos de sus habitaciones, cubiertos de cristales y cenizas. No bien

comienzan a andar en dirección a ellas, cuando una segunda explosión los deja petrificados por el terror.

Refugiados en los cuartos interiores y tirados en el suelo, esperan más cataclismos y explosiones.

Se presentan las fuerzas del orden, mandando abandonar sus hogares. Pacientemente, esperan en las

aceras que sean desactivados más artefactos. Por fin, todo ha pasado, pueden volver a sus casas. Asus-

tados aún con templan el desastre. Hay que sacudir las sábanas y pisar con cuidado pura no lastimarse.

Son gente de paz y de orden. Nadie se ocupa de ellos.

Vari sacando los escombros. No hay donde echarlos. El Ayuntamiento o su representante no se ocupan ni

del bienestar y las necesidades de estas familias. Ni organismo oficial ni ninguna asociación o partido

político.

Concluye el día y, al siguiente, comienzan de nuevo sus quehaceres y obligaciones. Atónitos, comprueban

que nadie piensa en ellos. Ni la Prensa, ni representación oficial alguna se solidariza con el susto y ios

gastos que se les ha ocasionado.

Llaman a los medios oficiales y encuentran Ja callada por respuesta. No hay indemnización, no hay

responsabilidad a ningún nivel, ellos pertenecen a la mayoría silenciosa. ¿Le interesa al Gobierno que

estas voces sean minoría? Son gentes de orden, las que con su trabajo y sin dejarse llevar por aventuras

extremistas, las que levantan una nación y le dan estabilidad. Tal vez porque arman poco ruido sean

ciudadanos de segunda clase. Estos hechos son más lamentables aún, cuando se producen en una industria

enclavada ilegalmente en un barrio residencial, que de haberse aplicado la ley, en su día, no tendríamos

que denunciarlo hoy.

¿Tendrá derecho real y moral el Ayunmiento para cuando termine el plazo de tiempo concedido a la ley

Castellana, próximo ya a expirar) a cobrar a estos ciudadanos tal contribución?

Señor director, la publicación de estas lineas en PUEBLO, si usted Jo estima conveniente, es todo el

derecho que se nos concede.

Atentamente le saluda,

Josefina Velázquez Martín»

Juan Ramón Jiménez, 2 MADRID

 

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