El caso de la legalización de partidos políticos. 
 El Tribunal Supremo, en un callejón sin salida     
 
 Diario 16.    05/03/1977.  Página: 6. Páginas: 1. Párrafos: 30. 

6/NACIONAL

EL CASO DE LA LEGALIZACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS

Sábado 5-marzo 77/DIARIO 16

El Tribunal Supremo, en un callejón sin salida

MADRID, 5 (D16).- El Tribunal Supremo se encuentra en un callejón sin salida: debe decidir sobre la

legalización o no de los partidos políticos cuyo caso le haya sido remitido por el Ministerio de la

Gobernación, sin posibilidad de trasladar la responsabilidad a otra instancia.

Así se desprende de una encuesta realizada por D16 entre juristas, alguno de los cuales, no obstante,

plantea fórmulas alternativas. El Tribunal Supremo, por lo demás, ha decidido asumir las competencias

que le atribuye el real decreto-ley de 8 de febrero, que modificó la ley de Asociaciones Políticas.

Tras la promulgación del real decreto-ley 12/1977, de 8 de febrero, sobre el derecho de asociación

política, se depositó en el Tribunal Supremo la responsabilidad de decidir sobre los partidos políticos

cuya ilicitud fuera presumida por el Ministerio de la Gobernación.

Hasta el momento, el Ministerio ha remitido al Tribunal Supremo las documentaciones presentadas por el

Partido Comunista de España (PCE), el Partido Carlista (PC), la Liga Comunista Revolucionaria (LCR),

la Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT), el Partido Socialista Unificado de Cataluña

(PSUC), el Partido del Trabajo de España (PTE) y el Movimiento Comunista (MC).

Estas son las respuestas de los expertos al tema planteado por D16:

PREGUNTAS

1- ¿Puede el Tribunal Supremo inhibirse en algún caso sobre la legalización de partidos políticos cuya

documentación le sea remitida por el Ministerio de Gobernación?

2. ¿Por qué?

3. En caso afirmativo, ¿a quién correspondería la solución sobre el destino de los partidos rechazados

por el Ministerio de Gobernación?

Antonio Pedrol:

"Daño irreparable"

(Presidente del Consejo General de la Abogacía y decano del Colegio de Abogados de Madrid)

No dudo —dice Antonio Pedrol, que contesta de una vez las tres preguntas— de la buena intención de los

redactores del real decreto-ley 12/77, que pretendieron dar la garantía de la intervención judicial en el

espinoso tema de la legalización de los partidos políticos. Pero el infierno está empedrado de buenos

propósitos y lo cierto es que el resultado, a mi juicio, atrae sobre la Magistratura los riesgos de crítica y de

desaire que deben asumir en exclusiva los dirigentes políticos.

Cargar a estas alturas al tribunal Supremo con la labor de decidir cuestiones que está discutiendo, en el

terreno político, toda la clase política europea rebasa las funciones normales del órgano judicial y no nos

sobran en este país instituciones respetadas y respetables para que nos podamos permitir el lujo de hacer

trabajar a las pocas que tenemos en punto crítico.

El problema está mucho más allá del manejo de unas normas legales. El daño irreparable viene de la

propia ley, porque aunque se encontrasen motivos para intentar devolver el conocimiento del asunto al

Gobierno, llegaríamos al final de la grave y peligrosa situación de que tuviera que arbitrar la discrepancia

quien nos conviene a todos que permanezca por encima de los contingentes episodios políticos.

Si se quiere que esta clase de asuntos quede fuera de las decisiones del ejecutivo, el camino lógico sería la

creación de un Tribunal de Garantías Constitucionales donde el problema político encontraría su cauce

político. O, en todo caso, si se pretende que la justicia realice un alto papel de arbitraje en la vida pública

empecemos por reconocer, con todas sus consecuencias, el poder judicial coordinado con el legislativo y

el ejecutivo. Ya en otra ocasión lamenté que ni los redactores de la Constitución Republicana ni los de la

vigente ley Orgánica del Estado se decidiesen a erigir un poder judicial, plenamente independiente, que

garantizaría a los ciudadanos de este país contra los posibles extravíos o abusos del ejecutivo y del

legislativo.

Nicolás González Deleito:

"Urge un tribunal de garantías"

(Profesor adjunto numerario de Derecho Procesal en la Universidad Complutense)

1. Estimo que sí.

2. Porque es una función propia de la coordinación de funciones del listado o una misión propia de un

tribunal constitucional. Entiendo que el cauce adecuado hubiera sido que, ante la denegación de

autorización por el Ministerio de la Gobernación, la entidad que se considerase agraviada promoviese un

recurso contencioso - administrativo. Porque la jurisdicción contencioso-administrativa ha de fiscalizar la

legalidad de los actos de la Administración y mientras no exista un tribunal constitucional no puede

ejercer la jurisdicción ordinaria una función de fiscalización política.

3. El caso confirma la urgencia de constituir un Tribunal de Garantías Constitucionales siguiendo el

modelo de Alemania federal, es decir, a base de miembros de la Magistratura y del profesorado

universitario, sin incluir a parlamentarios juristas, porque sería convertirlos en juez y parte.

Niceto Alcalá Zamora:

"Habría que ir a una reforma legislativa"

(Catedrático de Derecho Procesal doblemente destituido en 1936 y 1939)

1. Puede inhibirse, pero, al no haber órgano con competencia para conocer de ello, habría que

hacer una reforma legislativa o de otra forma la inhibición del Tribunal Supremo supondría, hoy por

hoy, desembocar en un callejón sin salida.

2. Porque no es incumbencia suya.

3. En vía analógica y sólo por aproximación, parece más natural que juzgase una de las Salas de

lo contencioso - administrativo. Lo más parecido que se le ha encomendado al Tribunal Supremo fue la

atribución no ciertamente jurisdiccional sino política en tiempos de la Monarquía, en su fase

constitucional, para dar un dictamen sobre las actas impugnadas en las elecciones a diputados, que luego

las Cámaras podían tener o no en cuenta. No poseían, por tanto, carácter vinculante. Pero lo que se está

haciendo ahora es una parodia para dar apariencia de legitimidad a un régimen "de facto".

Gonzalo Rodríguez Mourullo: "El procedimiento no es el más adecuado"

(Catedrático de Derecho Penal en la Universidad Autónoma)

En principio, la legalización de un partido político no debía haber sido atribuida a una de las Salas de lo

contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.

En este sentido, el procedimiento arbitrado no es, desde luego, el más adecuado y debe pensarse en la

creación inmediata de un Tribunal de Garantías Constitucionales.

Considero, además, que tampoco resulta acertado remitir la resolución de una presumible ilicitud penal a

una Sala del Tribunal Supremo que no es precisamente la sala de lo penal, pese a lo cual, para

pronunciarse sobre las presumible ilicitud, se va a ver obligada a operar con preceptos penales y hasta a

tener que interpretar por vez primera el desafortunado apartado 5 del artículo 172 del Código Penal

relativo a las asociaciones "que, sometidas a una disciplina internacional, se propongan implantar un

sistema totalitario".

En relación con los criterios para proceder a esta interpretación, pienso que en este momento, en que los

partidos piden su legalización, lo decisivo serán las finalidades y los medios que para alcanzarlas

establezcan en sus respectivos estatutos, sin que, de antemano, se puedan enjuiciar sus futuras

actividades. Es decir, si los estatutos de un partido establecen que respetan las reglas del pluralismo

democrático, esta declaración debe resultar en estos momentos decisiva. Si su actividad futura desmiente

esta declaración e incide en el ámbito de lo punible, es algo que deberá, en su caso, ser juzgado, en su día,

por los tribunales competentes.

1. Conforme al artículo 1, 3 del decreto-ley 12/1977 del 8 de febrero, el Tribunal Supremo no

puede inhibirse, sino que ha de pronunciarse.

2. Porque dicho artículo tiene, para el Tribunal Supremo, carácter imperativo, como se desprende de la

expresión "deberá recaer (la resolución) en el plazo de treinta días".

Manuel Fraile Clivilles:

"El Supremo debe pronunciarse"

(Secretario del Departamento de Derecho Político de la Universidad Complutense, profesor adjunto y

encargado de cátedra. Letrado de las Cortes)

Creo que el Tribunal Supremo —dice en contestación global a las tres preguntas— no puede inhibirse en

este caso porque para que los jueces y tribunales tengan competencia, según dispone la ley de

Enjuiciamiento Civil se requiere que el conocimiento de los actos o del pleito que intervengan esté

atribuido por una ley.

Esa ley existe en el decreto-ley de 8 de febrero, que modifica la ley de Asociaciones. Jurídicamente, yo

creo que no es procedente que se pueda dar este supuesto y en ello concurriría además la disposición

adicional 6.ª de la ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o artículos concurrentes de la ley de

Enjuiciamiento Civil.

No me parece que tampoco sea aplicable la ley de Conflictos Jurisdiccionales. En cambio, podría argüirse

el motivo político y pretenderse que se pudiera solicitar la ley 27 de 14 de julio de 1972, sobre

coordinación de funciones.

Pero me parece que tampoco es procedente entender la aplicación de esta ley porque ésta dispone que

para poder poner en marcha el procedimiento debe entenderse que se pone en peligro el regular

funcionamiento de la Magistratura en su competencia o en su función y a mí no me parece, ni mucho

menos, que éste sea el supuesto que se da en este caso.

Otro tema es que de futuro pueda propugnarse el que la jurisdicción en materia de derechos

fundamentales pueda atribuirse a órganos diferentes. Pero en este momento yo creo que el Tribunal

Supremo debe pronunciarse.

 

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