Autor: García-Pablos de Molina, Antonio. 
 El endos de los partidos al Tribunal Supremo. 
 Se pretende que un juez penal declare una ilicitud futura     
 
 Ya.    12/03/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 4. 

EL "ENDOSO" DE LOS PARTIDOS AL TRIBUNAL SUPREMO SE PRETENDE QUE UN JUEZ

PENAL DECLARE UNA ILICITUD FUTURA

1

El real decreto ley 12/1977, de 8 de febrero, que instaura un singular mecanismo para la legalización de

los partidos, ha despertado justificada y viva polémica. Y es lógico, porque aun tratándose de una norma

"provisional", dictada en circunstancias muy especiales por un Gobierno de transición y al amparo de una

ambigua cláusula que le autorizaba a ello, es una norma de gran trascendencia jurídica y política.

Desde estas mismas páginas afirmé hace ya unas fechas que el citado decreto ley de "endoso" era una

pieza de artesanía, con la que un Gobierno muy celoso de su neutralidad "endosaba" al Tribunal Supremo

decisiones y responsabilidades que, desde luego, no corresponden a la Magistratura. Lo reitero,

precisando algo más: lo grave no es tanto el eventual conflicto entre los dos poderes, sino el proceso de

desnaturalización, de desvirtuación, de las funciones que a uno y otro compete.

2

Digo "proceso", porque el problema no nace con el reciente decreto ley de 8 de febrero, sino ya antes, con

la también "provisional" reforma veraniega de las leyes penales (ley 23/76, del 19 de julio). Me explico.

Hasta entonces, el Código Penal prohibía las asociaciones y partidos políticos con sus nombres y

apellidos; es más, ordenaba al juez que interpretase "analógicamente" la ley, a fin de castigar a los

miembros de grupos y familias políticas afines a las declaradas ilegales. La legalidad era clara y

terminante, sin resquicios; y los tribunales —todos— la aplicaron durante los últimos cuarenta años. Pero

la reforma del verano sustituyó las prohibiciones concretas por ambiguas cláusulas generales, que parecen

más maldiciones y malaventuranzas que mandatos penales directos y practicables. El problema se ha

trasladado al juez penal, claro está, porque la nueva ley es un auténtico jeroglífico y —como en etapas

históricas ya superadas de la justicia mágica— ha de actuar un poco de adivino, de oráculo que descifre la

misteriosa voluntad legal. Un juez que debe limitarse a interpretar y aplicar la ley se ve obligado a hacer

hablar a ésta o a suplir su silencio. Un juez penal, que está para absolver o condenar a una persona física

por el delito cometido en el pasado, se pretende que declare ilícitos y prohibidos para el futuro partidos y

asociaciones políticas. ¿Puede desnaturalizarse más la función del juez penal ordinario?

3

El decreto ley de 8 de febrero es un paso más. Ahora no es el legislador provisional (Cortes prorrogadas),

sino un Gobierno, transitorio también, el que acude al poder judicial para liberarse y endosar unas

decisiones difíciles y comprometidas. El ropaje de esta decisión es muy simple: la necesaria "neutralidad"

del Gobierno (neutralidad en lo conflictivo y odioso, claro), la necesidad de un control "jurisdiccional" de

los derechos individuales, que ha de ejercer el juez ordinario, precisamente por su apoliticidad e

independencia, la crisis de los otros poderes en la presente coyuntura, etc. Creo, sin embargo, que el

recelo que despiertan las jurisdicciones especiales y las conveniencias de unos y otros no son razón

suficiente para comprometer al Tribunal Supremo. ¡Qué error histórico más grave sería convertirle en

árbitro del proceso político! El real decreto ley de 8 de febrero es una norma provisional y "temporal",

porque, según la ley reguladora del derecho de Asociación Política, el sistema definitivo de legalización

de los partidos se articulará por "ley". ¿Por qué situaciones transitorias y pasajeras han de comprometer

instituciones permanentes que nadie cuestiona? El ciudadano quiere y confía en unos tribunales firmes e

independientes, en una Magistratura ajena a la política, liberada e inmunizada frente a los vaivenes y

servidumbres de la misma, que pueda hablar y decidir con autoridad sobre todos. ¿Por qué comprometer

al Tribunal Supremo, a las puertas de unas elecciones generales y en una confusa etapa de transición, en

unas decisiones que no le corresponden? El error podría pagarse con un precio muy caro. Llama la

atención, por otra parte, el carácter "subsidiario" y "residual" de la competencia que se le atribuye: sólo la

relativa a aquellos casos respecto a los cuales no quiere pronunciarse el Gobierno, los conflictivos. Y el

"procedimiento" que se arbitra para ello, por sus características, coloca, además, al Tribunal ante la

alternativa de acordar la legalización de todos los partidos que la soliciten o de apelar a razones

metajurídicas para prohibir alguna, ya que no es probable un exceso de candidez u oportunismo en los

promotores, que son los que presentan la documentación que enjuicia la Sala (entre otros documentos).

¿Cómo es posible que un tema tan capital deba resolverse por el cauce de este atípico y extravagante

proceso de un mes de duración, al que no concurre siquiera el ministerio fiscal, cuya acreditada y

especializada competencia tiene algo que decir cuando está en juego la calificación penal de un partido?

Antonio GARCIA-PABLOS DE MOLINA

Profesor adjunto de Derecho Penal.

 

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