Legalización de partidos. 
 La Sala IV del Supremo considera que no tiene jurisdicción en estos casos  :   
 Los expedientes del PCE y del Partido Carlista han sido devueltos al Ministerio de la Gobernación. 
 Ya.    03/04/1977.  Página: 9-10. Páginas: 2. Párrafos: 21. 

3-IV-77

INFORMACIÓN NACIONAL

Pag. 9 · y a

LEGALIZACIÓN DE PARTIDOS

LA SALA IV DEL SUPREMO CONSIDERA QUE NO TIENE JURISDICCIÓN EN ESTOS CASOS

Entiende que en los expedientes "no perviven las características del proceso contencioso administrativo"

• "La constitución de una asociación política se manifiesta como típica actuación del Poder Ejecutivo o

de la Administración"

Los expedientes del PCE y del Partido Carlista han sido devueltos

al Ministerio de la Gobernación

A las once de la mañana de ayer, el secretario de la Sala IV del Tribunal Supremo, don Ricardo

Rodríguez, notificó al procurador de los tribunales don Cristóbal Bonilla la sentencia del expediente

especial para la Inscripción en el Registro de Asociaciones Políticas del Partido Comunista de España. El

expediente, promovido por don Ramón Tamames, doña Leonor Bornau, don José Aurelio Sandoval y don

Federico Melchor, en representación del PCE, y bajo la dirección del letrado don Marcial Fernández

Montes, fue remitido al Tribunal Supremo el pasado 21 de febrero.

Dentro del plazo legal, el Partido Comunista presentó sus alegaciones y propuso se realizase la prueba

documental y se tomase declaración a diferentes personalidades políticas, entre ellas los señores Areilza,

Felipe González, Camuñas y Garrigues Walker. El abogado del Estado se opuso en sus alegaciones a la

práctica de tales pruebas, y el día 15 de marzo la Sala dictó auto por el que se aceptaba la documental y

rechazaba la testifical. El expediente fue trasladado al magistrado ponente señor Medina Balmaseda. El

pasado día 30 se reunió la sección de la Sala a la que correspondía emitir el fallo, formada por don

Fernando Vidal Gutiérrez, don José Luis Ponce León, don Manuel Gordillo García y don Féliz Fernández

Tejedor, Don Enrique Medina Balmaseda, magistrado más antiguo, actuó como presidente ante la

enfermedad de don Adolfo Suárez Manteóla y tras la negativa del Tribunal Supremo de otorgar su

"placet" a don Juan Becerrill, que fue nombrado por el Gobierno presidente de la Sala para instituir a don

José María Cordero, fallecido durante la tramitación del expediente.

FALLO

La sentencia, firmada, a 1 de abril, consta de cinco resultados y once considerandos. El fallo, por el que el

Tribunal Supremo se declara incompetente, coincide con el adelantado por nuestro periódico y en él se

dice textualmente:

• "Que sin pronunciarnos sobre el fondo del asunto, debemos declarar y declaramos la falta de

jurisdicción de esta Sala para conocer de las presentes actuaciones, relativas a la inscripción en el

Registro de las Asociaciones Políticas de la promovida con la denominación Partido Comunista de

España; debemos anular y anulamos el acto del Ministerio de la Gobernación, fecha del 22 de febrero del

presente año en el particular extremo del mismo que ordena la revisión del expediente administrativo a

este Tribunal; acordando, por tanto, su devolución a dicho Ministerio y sin perjuicio de las acciones que

para declarar la ilicitud penal que se presume por la Administración pública a ella le competen."

CRITERIOS DEL SUPREMO

El más Alto Tribunal fundamenta su fallo en los siguientes extremos, expuestos en los diferentes

considerandos:

— La Sala reclama para sí su soberanía y plena jurisdicción para definir y valorar, en su aspecto

sustantivo; la naturaleza jurídica del acto decisorio que de ella se impetra y la del procedimiento a

través del cual habría de ser producido. Para lo cual se parte de la normativa del más elevado

rango del ordenamiento jurídico, fundamental y orgánica y los códigos de enjuiciamiento.

— Le concreta actividad estatal de autorizar la inscripción de un acto, en este caso la constitución

de una asociación política, se manifiesta por sí misma como típica actuación del Poder Ejecutivo

o de la Administración.

— A diferencia de la Administración, la Justicia participa en la realización de los fines del

Estado aplicando su actividad no a la satisfacción de concretas necesidades materiales, sino que

es su misión la de restablecer el imperio del Derecho cuando éste ha sido violado.

— Al ser la naturaleza de la actividad estatal referida a la inscripción de una asociación política en el

Registro típicamente administrativo, de ello se deduce:

a) Que por imperativo constitucional su ejercicio corresponde a la Administración.

b) Que le corresponde con los caracteres de exclusividad e integridad, sin que pueda ser

despojada por una ley ordinaria del ejercicio de sus atribuciones.

c) Que, por consiguiente, la justicia no puede compartir, participar ni aun complementar a

la Administración en el ejercicio de sus peculiares actividades administrativas.

— En los expedientes de los partidos políticos elevados al Tribunal Supremo no perviven las

características del proceso contencioso-administrativo tanto por falta de un acto administrativo

definitivo como por falta de impulsión procesal, conservando sus inconfundibles rasgos de

procedimiento administrativo.

— Al real decreto de 9 de febrero último, por el que se regula la tramitación de los

expedientes, pueden oponérsele graves reparos de ilegalidad por infracción del artículo 10 de la ley

Constitutiva de Cortes.

— Tanto los escritos del Ministerio de la Gobernación como de los de la representación de

los promotores del PCE, se está contemplando la inclusión o exclusión de esta asociación

política en algún tipo penal, lo que excluye forzosamente de la jurisdicción de la Sala IV de lo

contencioso-administrarivo el enjuiciamiento del tema a ella sometido, ni aun en las

cuestiones prejudiciales, por lo que en todo caso habría de dirimirse ante la jurisdicción penal

ordinaria en la forma establecida por las leyes.

Igual decisión sobre el Partido Carlista

Por otra parte, la sentencia de la Sala Sexta del Supremo relativa al Partido Carlista fue notificada a

mediodía de ayer al procurador don Enrique Raso Corujo. Por esta nueva sentencia, la Sala Cuarta ha

vuelto a inhibirse y acordado la devolución del expediente al Ministerio de la Gobernación. Los

"considerandos" de la sentencia están redactados en términos muy parecidos a los del Partido Comunista

de España, y el fallo es absolutamente idéntico.

PCE: "El Gobierno debe legalizar sin dilaciones"

Por su parte, el Comité Ejecutivo del PCE ha hecho público un comunicado donde señala que la decisión

del Supremo coloca al Gobierno "ante la responsabilidad de resolver sin más dilaciones la legalización del

Partido Comunista de España y de los demás partidos y organizaciones pendientes de reconocimiento. Si

no lo hiciere, el Gobierno dimitiría de un compromiso proclamado y asumido con la ley de Reforma

Política". El Comité Ejecutivo del PCE estima que ha llegado la hora de poner fin a las vacilaciones y

contradicciones que aún presiden la vida política del país. "La legalización—dice—del PCE es la piedra

de toque de la sinceridad de los propósitos democratizadores del Gobierno y el síntoma de los cambios

que las masas populares esperan. "Si esto no se produjera—añade—, se pondrían en peligro las elecciones

y se daría en tierra con el proceso de democratización, cuya apertura reclaman todos los pueblos de

España."

No a la discriminación

Asimismo, el Comité Ejecutivo del PCE invita a todos los partidos de la oposición democrática, a las

asociaciones y Organizaciones de masas a reclamar del Gobierno la inmediata legalización del PCE y de

los demás partidos y organizaciones. ´La legalidad del PCE indica el comunicado no es un problema

exclusivo de los comunistas; es el problema de la democracia española en su conjunto."

Asimismo, y ante la "grave situación planteada" por el acuerdo del Ministerio de la Gobernación de

suspender la inscripción de varios partidos de la oposición democrática en el Registro de Asociaciones

Políticas, remitiendo la decisión al Supremo, trece formaciones políticas de izquierdas se han dirigido a la

opinión pública indicando que tal acuerdo "supone una clara discriminación contra partidos de inequívoco

carácter democrático, que han venido uniendo sus esfuerzos con el resto de la oposición por la

consecución de la democracia, política, plena en el Estado español". La única opción verdaderamente

democrática—señala el comunicado de estos partidos—es la inscripción y legalización de todos los

partidos que lo soliciten, sin exclusiones apriorísticas.

Los partidos firmantes de este llamamiento a la opinión pública son: Federación de Partidos Socialistas,

Movimiento Socialista, Movimiento Comunista, Convergencia Socialista de Madrid, Liga

Comunista Revolucionaria, Liga Socialista, Organización de Izquierda Comunista, Organización

Revolucionaria de Trabajadores, Partido Carlista, Partido Comunista de España, Partido Comunista de

Unificación, Partido del Trabajo de España, Partido Sindicalista; Partido Socialista Obrero Español y

Partido Socialista Popular. El llamamiento está firmado por diez miembros de cada uno de estos partidos,

con sus secretarios generales respectivos a la cabeza, y es fruto de una serie de reuniones mantenidas

durante los últimos días. Por otra parte, estos partidos han puesto en marcha una comisión pro libertad de

asociación, cuyo objetivo es defender y vigilar la efectividad del derecho de asociación. La comisión tiene

ultimado un documento que será pasado a la firma a partidos políticos, sectores profesionales,

asociaciones y entidades.

Acto prohibido

Finalmente, estos partidos habían solicitado la celebración hoy domingo de un acto en torno a la

legalización de los partidos. Este acto ha sido prohibido por el Gobierno Civil de Madrid, según dice un

comunicado redactado en los siguientes términos:

"Ha sido denegado por el Gobierno Civil de Madrid el acto solicitado por don Manuel Mella Marqués,

que habría de celebrarse el día 8 en el campo de deportes de la Asociación Familiar del cinturón de San

Blas. Los motivos de tal denegación se refieren al incumplimiento de los requisitos exigidos por la ley

reguladora del derecho de reunión en el escrito de solicitud, donde no figuran los datos suficientes. De

otro lado, se estima que su celebración podría ser motivo de alteraciones del orden público, por lo que el

Gobierno Civil ha decidido desautorizar el acto."

Reunión de la Sala Cuarta del Supremo

MADRID. (Cifra.)—La Sala Cuarta del Tribunal Supremo se reunió ayer por la mañana, y aunque no ha

trascendido el motivo de la reunión se cree que los magistrados han tratado fundamentalmente la decisión

del Gobierno en torno al nombramiento como presidente de dicha Sala de Juan Becerril y Antón Miralles.

Diversas fuentes han descartado que en esta reunión se hubiera estudiado algún nuevo expediente de

asociaciones políticas.

 

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