¿Partidos ilegales?     
 
 Ya.    03/02/1977.  Páginas: 2. Párrafos: 13. 

3-11-77

EDITORIAL

¿PARTIDOS ILEGALES?

AUNQUE en el estadio actual de la constitución de los Estados pueblo y sociedad, política y autoridad

soberana son simultáneos, no podría decirse que el pueblo con sus grupos naturales y libres procede del

Estado, sino que el Estado es originado por aquél y aquéllos. El Estado presupone hombres con sus

derechos originarios, incluidos los de asociación y expresión, familias agrupadas en unidades sociales de

variada complejidad, religiones con sus dogmas, sus morales y sus cultos. A medida que los embriones de

sociedad política surgen, hasta alcanzar la forma evolutiva actual de Estados limitados por fronteras, los

grupos humanos estaban ya ahí, recortando sus derechos y autonomía sólo en la medida necesaria para

alcanzar en unidades de mayor rango más altos objetivos de bien común.

ESTA consideración es necesaria cuando se trata de aquilatar los derechos del Estado sobre las ideologías

y los grupos políticos.

POR lo que al llamado mundo occidental se refiere, la estabilidad de las concepciones básicas sobre la

estructura del Estado y el papel relativo de monarcas absolutos y súbditos o "sujetos" del reino, en un

comple|o fundamentalmente romano y cristiano, redujo hasta tiempos recientes las discrepancias políticas

a banderías sobre personas o intereses, y las guerras, a problemas de ambición material, orgullo y, en no

pocos casos, enfrentamiento religioso, con sus posturas opuestas de legítima defensa; pero todo ello

ocurría dentro de un esquema cultural invariable.

ROTA la unidad religiosa y aparecidas luego las ideologías, en tantos rasgos parecidas a religiones,

porque suponen nuevas y opuestas concepciones del universo, del hombre y de la vida, la lucha por el

poder político comporta conmociones fundamentales, y las relaciones de cada partido con los otros

podrían ser comparadas a la relación entre religiones o, dejándolo menos solemne, pero no menos grave,

oposición entre filosofías.

¿QUE le toca hacer al Estado ante partidos que ya "están ahí" como hechos y fuerzas videntes y,

recordémoslo, como manifestaciones sociales humanas originariamente anteriores al Estado? Si se quiere

dar carácter más actual a la pregunta, la formulación sería: ¿Tiene algún sentido "legalizar" un partido

político?

Si por legalizar se entiende obligar a registrar su existencia y organización, el derecho del Estado es tan

evidente como el de conocer cualquier otra asociación de ciudadanos, por indiscutiblemente lícita o por

pequeña que en sí sea; la coordinación de derechos correspondiente a quien es gestor y arbitro del bien

común comporta la facultad de conocer los grupos políticos, como la de llevar estadísticas demográficas.

Si por legalizar se entiende aprobar una filosofía desde la filosofía en el poder, habría que preguntarse

seriamente si eso no es una mala versión de la unidad religiosa, con la política correspondiente de

persecución o de tolerancia de las religiones no oficiales.

PODRAN algunos alegar que tales o cuales agrupaciones políticas son dañinas y destructoras, que

profesan falsas concepciones y que constituyen por eso, y además de eso, una opción política inaceptable.

Si lo primero, el Estado tiene suficiente poder y debe usarlo con energía para castigar cualquier violación

de las leyes justas y cualquier hecho que lesione derechos de los demás ciudadanos; puede hacerlo con

toda la fuerza necesaria, y no con Syllabus ni excomuniones que no la corresponden, y tanto más

enérgicamente cuanto los hechos delictivos constituyan un atentado más frontal y totalitario a la vida de

la nación.

Si de falsa doctrina se trata, las Instancias definitorias son otras: para cristianos constituidos en

Iglesia, tu fe y sus obispos ofrecen criterios y normas de acción que deben traducirse también en la

conducta exterior y política. Parecidas fuentes doctrinales tendrán los hombres de otra fe.

Y si de opciones electorales se trata, es a los ciudadanos y no al Estado a quienes corresponde la

decisión y el voto sobre programas y organizaciones que, llegados al poder, significarían el trastrueque de

valores que nos parecen esenciales.

ESO nos exige formación y valor personal, y nos quita el apoyo de una declaración de "ilegalidad", que

echaría sobre la fuerza pública el papel de rechazar a un sistema de ideas.

¿Pero es que alguien ha parado jamás con la fuerza a las Ideas ilegales?

 

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