Autor: J. J. T. M.. 
   ¿Quién decide la inscripción de partidos políticos?     
 
 Ya.    04/03/1977.  Páginas: 2. Párrafos: 15. 

¿Quién decide la inscripción de partidos políticos?

El Gobierno, cuando no hay duda sobre ilicitud penal • En otros supuestos, el Gobierno remite el

expediente al Tribunal Supremo de Justicia • Pero el Tribunal Supremo puede suscitar una cuestión de

coordinación de funciones • En éste caso, al Rey corresponde sólo decidir sobre la asignación de

competencia al órgano correspondiente, pero no sobre el fondo de la cuestión política

La remisión por el Gobierno al Tribunal Supremo de Justicia de varios expedientes tramitados en el

Ministerio de la Gobernación, en virtud de las solicitudes formuladas por diversos partidos políticos al

amparo del real decreto-ley 12/ 1977, sobre el derecho de asociación política, para su inscripción en el

registro establecido por la ley 21/1976, de 14 de junio, ha planteado una trascendental cuestión política

que es necesario esclarecer ante la opinión pública.

El real decreto-ley mencionado sobre el derecho de asociación política, que modificó la también citada

ley 21/1976, de 14 de junio, sobre normas reguladoras para asociaciones políticas, que determinó una

decisión trascendental de las Cortes Españolas, establece "que si se presume la ilicitud penal de la

asociación, el Ministerio de la Gobernación, dentro del mismo plazo (diez días), y con suspensión de la

inscripción, remitirá la documentación presentada a la Sala del Tribunal Supremo a que se refiere el

artículo 8.° de la ley 21/1976, de 14 de junio. Este precepto de dicha ley habla "de una sala del Tribunal

Supremo" que "conocerá de todos los asuntos contenciosos que puedan plantearse al amparo de esta ley".

Y añade: "El procedimiento se regulará por ley." Esta ley no ha sido aún promulgada.

El real decreto-ley añade "que el acuerdo de remisión será motivado y se notificará a los interesados

dentro de los cinco días siguientes La resolución judicial correspondiente sobre la procedencia o no de

practicar la inscripción deberá recaer en el plazo de treinta días, contados desde la recepción de los

documentos por la Sala".

Como se ve, el trámite que el real decreto-ley atribuye al Tribunal Supremo de Justicia no está en directa

relación con el carácter contencioso que hasta ahora podría estimarse de su competencia. De ahí que haya

surgido en los medios judiciales la duda, de suma importancia, de si real y verdaderamente en estos

momentos el Tribunal Supremo de Justicia, por medio de una Sala, que su Sala de Gobierno tendría que

determinar es o no competente, tiene o no jurisdicción nada menos que para decidir la inscripción de un

partido político en el registro, cuestión de fondo puramente política y evidentemente sin ninguna relación

con problemas contenciosos de orden administrativo.

Este problema nos lleva directamente a una cuestión de suma trascendencia y que ya está siendo apuntada

en los medios jurídicos y políticos. Esta cuestión consiste en que, ante esa posible incompetencia o falta

de jurisdicción ra resolver cuestión política de ndo tan trascendental, el Tribunal Supremo de Justicia

pueda plantear un problema de coordinación de funciones de los altos órganos del Estado. Ante esta

posibilidad nos encontramos de lleno en el contenido y normativa de la ley 27/1972, de 14 de julio, de

procedimiento de coordinación de funciones de los altos órganos del Estado.

En esta ley, cuyo preámbulo toca fundamento en el artículo sexto de la ley Orgánica del Estado,

por el cual al Jefe del Estado corresponde garantizar y asegurar el regular funcionamiento de dichos tos

órganos del Estado y la de da coordinación de los mismos, establece en su artículo tercero que "las

cuestiones relativas al regular funcionamiento de los altos órganos del Estado y a la debida coordinación

entre los mismos podrán plantearse:

... c) Entre el Gobierno y la justicia".

Planteada una cuestión de coordinación de funciones en los términos establecidos en dicho artículo

tercero, apartado c), el procedimiento a seguir, que en todo caso tendrá carácter de secreto, será el

siguiente:

"a) En el plazo máximo de dos meses, a contar desde el día en que por el Jefe del Estado se de are

procedente el planteamiento de dicha cuestión, los altos órganos implicados formularán escrito y

razonado de sus respectivas posiciones, con cuantos alegatos estimen oportunos y formulando

la propuesta de decisión que, a su respectivo juicio, procede sea adoptada por el Jefe del "Estado."

Dichos escritos serán redactados, en el caso de plantearse la cuestión entre el Gobierno y la Justicia,

"por el Gobierno y la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo". Parece claro que la cuestión de

coordinación en este caso entre el Gobierno y la Justicia puede ser suscitada por cada uno de estos

altos órganos indistintamente y también por iniciativa del Jefe del Estado.

Una vez planteada la cuestión y recibida por el Jefe del Estado la documentación a que antes se ha hecho

referencia, la enviará a la Comisión Permanente del Consejo Nacional, que en el plazo máximo de un mes

emitirá informe por escrito razonado al Jefe del Estado, exponiendo lo que a juicio de dicha Comisión

Permanente proceda, Y sigue añadiendo la ley sobre coordinación de funciones: "El Jefe del Estado, oído

el Consejo del Reino, que emitirá su informe en el plazo máximo de un mes, dictará, la decisión que a

juicio de su alta autoridad proceda. La decisión del Jefe del Estado será inapelable."

¿Y cuál tendría que ser la decisión del Jefe del Estado? Nos parece muy claro y rotundo que por ningún

concepto ni por ningún fundamento legal el Jefe del Estado tenga que decidir la cuestión de fondo sobre

inscripción o denegación de la inscripción de los partidos políticos afectados en el registro

correspondiente. Es evidente que la cuestión que estas leyes plantean es una cuestión de coordinación de

funciones de los altos órganos del Estado y, por tanto, exclusivamente en relación con la asignación de

competencia al órgano que estime el Jefe del Estado que debe resolver el asunto.

Han surgido en la calle y en algunos medios políticos tergiversaciones de suma gravedad e importancia en

estos momentos sobre el problema latente en orden a la decisión que en su día corresponda tomar, y por el

órgano a quien se le asigne la competencia, para la legitimación o rechazo de determinados partidos

políticos. Por esos medios políticos a los que nos referimos se quiere cargar e implicar a la alta institución

de la Corona, y concretamente a la persona del Rey, una responsabilidad que implica y va aparejada a una

decisión que es esencialmente de fondo político, cuando en realidad, y como hemos razonado con las

leyes no es así.

Queda clara nuestra opinión de que el asunto de la inscripción o denegación de inscripción de partidos

políticos en el registro no es de la decisión del Rey en ningún caso. Al Rey correspondería, como hemos

dicho, si se plantea la cuestión de coordinación de funciones, una decisión exclusivamente de asignar la

competencia al alto órgano del Estado, en este caso Gobierno o Tribunal Supremo de Justicia, para

resolver el problema de la inscripción.

J. J. T. M.

 

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