Autor: García-Pablos de Molina, Antonio. 
 Los partidos políticos: endoso al Tribunal Supremo (I). 
 Indefinición delictiva en el actual Código Penal  :   
 Concepto del partido político como fenómeno patológico de la sociedad. 
 Ya.    24/02/1977.  Páginas: 2. Párrafos: 13. 

LOS PARTIDOS POLÍTICOS: ENDOSO AL TRIBUNAL SUPREMO (I)

Indefinición delictiva en el actual Código Penal

• Concepto del partido político como fenómeno patológico de la sociedad

• Papel del juez: declarar la ilicitud de un ente colectivo como es un partido

(Hemos distribuido, por razones de espacio y de sistemática, en dos partes el trabajo del autor sobre el

reenvío o endoso al Tribunal Supremo del problema de la presunta ilicitud de algunos partidos políticos.

Hoy publicamos la primera parte de dicho trabajo).

El pasado verano se promulgó una importante ley que levantaba el veto a los partidos políticos (L. 23/76,

del 19 de julio). Pero, por desgracia, fue una ley provisional más, una ley sin visión de futuro: no sólo se

aprobó en verano, sino que fue una ley de verano y para el verano; una ley para la "reforma" y para el

"cambio", pero no el necesario pórtico de las anunciadas elecciones generales. ¿Por qué?

Fundamentalmente, porque las circunstancias y el oportunismo quisieron que fuera una ley confusa,

incierta e indescifrable, virtudes que pugnan con la naturaleza y función de la norma penal. Sospecho que

sus términos clave (asociación contraria a la "moral pública", "subversiva", "tota1itaria",

"discriminatoria", etc.) serán auténticos acertijos para el juez que deba interpretarlos, incluso en el

supuesto de ese partido concreto en el que día y noche pensaron los parlamentarios...; pues no es fácil

aventurar si cae de lleno en todas y cada una de las prescripciones del Código reformado o en ninguna de

ellas. ¡Hay tanta diferencia entre lo que se "quiso" decir en la ley y lo que ésta realmente "dijo"!

Pero esta "espada de Damocles" adolece de otros defectos muy graves:

1) Ante todo, que sigue sirviendo sólo para amenazar y no para tranquilizar. Conviene, sin embargo,

mentalizarnos de que el Código Penal no está sólo para limitar los derechos, sino también para

protegerlos, para sancionar a quienes impiden el legítimo ejercicio de los mismos.

2) La reforma de julio de 1976 desconoce la decisiva función constitucional que corresponde a los

partidos políticos en la sociedad democrática, tratándolos como un fenómeno patológico más o menos

peligroso. Se ha levantado un veto, pero nada más.

3) La licitud o ilicitud de los partidos, que debía resolverse en la instancia "legislativa", queda

pendiente del juez penal ordinario, a quien se compromete en auténticas "decisiones", ajenas a su misión

de interpretar y aplicar la ley.

4) El juez penal no sólo castiga a una persona física por participar en la asociación ilegal (lo que puede

hacer un juez penal), sino que simultáneamente ha de declarar la ilicitud de dicho partido. Su fallo no se

limita al caso controvertido, sino que tiene un efecto "declarativo" en relación, no con la persona

encartada, sino con el propio partido político: esto último me parece impropio. Se le debía dar ya resuelto

al juez.

5) La licitud o ilicitud de los partidos se aborda en la jurisdicción ordinaria y en el marco del proceso

penal ordinario, cuyas normas están previstas para enjuiciar la comisión de delitos, como el asesinato, el

homicidio, el robo, etc.; pero que resultan inadecuadas si se quieren aplicar a esos fenómenos peculiares

que son los partidos políticos.

Además, el mecanismo ordinario es lento, impracticable, si se buscaba una solución en el mismo, cara a

las próximas elecciones. La sentencia firme de una causa que actualmente se encuentra "sub iudice" (la de

Carrillo, por ejemplo, procesado por supuesto delito de asociación ilícita) no creo llegue a conocerse sino

en los umbrales de las segundas o terceras elecciones generales, por ejemplo.

POSIBILIDADES QUE TENIA EL GOBIERNO

Tenía verdadera curiosidad por comprobar la salida de este laberinto. ¿Qué haría el Gobierno?

Soluciones, desde luego, se me ocurrieron varias. En 1870 se ensayó una. Consistió en una circular que

"interpretó" el Código Penal. Y así, sin que el Código lo dijera, se "declaró" ilegal la Asociación

Internacional. Hoy nadie admitiría este procedimiento. Pero el todopoderoso derecho administrativo

ofrecía una segunda salida, la de la "ventanilla" (¡ahora, mostrador!) del Ministerio de la Gobernación;

porque una vez inscrito un partido, éste se legaliza y queda automáticamente inmune frente al Código

Penal. La salida es ideal para situaciones de profundo cambio, si bien presupone una Administración

decidida, con fuerte respaldo democrático y que no prometa su necesaria "neutralidad" con un uso

discriminatorio del "placet".

¿Y el decreto-ley? Desde luego, la fórmula del decreto-ley queda siempre en pie: no había que descartar

la posibilidad de un decreto-ley que, dejando en suspenso la legalidad vigente, permitiera la libre

concurrencia de todos los partidos políticos al concierto electoral.

El escepticismo jurídico apuntaba una última vía: que todo siga como está. Que no se modifique el

Código Penal, pero que tampoco se aplique. Que se negocie. Que el pacto y el dinamismo político

resuelvan un problema, no jurídico, que la legalidad vigente es incapaz de abordar.

Antonio GARCÍA

PABLOS DE MOLINA

(Profesor adjunto de Derecho Penal)

 

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