Autor: Ramírez, Pedro J.. 
 La legalización de partidos políticos. 
 El Tribunal Supremo podría plantear una cuestión de coordinación de funciones  :   
 Ello implicaría no entrar en el tema hasta una resolución regia. 
 ABC.    26/02/1977.  Página: 11. Páginas: 1. Párrafos: 19. 

ABC. SÁBADO 26 DE FEBRERO DE 1977. PAG. 11,

VIDA POLÍTICA

LA LEGALIZACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS

EL TRIBUNAL SUPREMO PODRÍA PLANTEAR UNA CUESTIÓN DE COORDINACIÓN DE

FUNCIONES

• Ello implicaría no entrar en el tema hasta una resolución regia

• Queda descartada la «devolución» propiamente dicha de la documentación enviada por el Gobierno

Algunos de los miembros de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo están considerando la posibilidad

de iniciar el procedimiento previsto por la ley 27/1972 de 14 de julio y que regula las cuestiones de

Coordinación de Funciones entre los Altos Órganos del Estado.

En círculos cercanos a los magistrados del Tribunal Supremo se confirmaba ayer su profundo descontento

ante la decisión del Gobierno de dejar en sus manos el tema de la legalidad o ilegalidad del «Partido

Comunista» y otros partidos de extrema izquierda.

En caso de ponerse en marcha la iniciativa expuesta y ser considerada procedente por el Jefe del Estado,

en el trámite del problema intervendrían, además, la Comisión Permanente del Consejo Nacional y el

Consejo del Reino. Parece descartada, en cambio, la posibilidad de que el Tribunal Supremo «devuelva»,

pura y simplemente, al Gobierno la documentación recibida. Según el secretario general técnico del

Ministerio de Justicia, Miguel Herrero de Miñón, eso es «bastante inverosímil».

INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO.— la ley 27/1972 de 14 de julio («B. O. E.») núm. 171, de 18 de

julio) viene a desarrollar el artículo sexto de la Ley Orgánica del Estado, y en concreto el apartado según

el cual el Jefe del Estado «garantiza y asegura el regular funcionamiento de los Altos Órganos del Estado

y la debida coordinación entre los mismos».

Según el artículo primero de dicha ley, «corresponde al Jefe del Estado decidir cuantas cuestiones puedan

plantearse entre los Altos Órganos del Estado».

Según el artículo segundo, la iniciación del procedimiento corresponde, además de al propio Jefe del

Estado, «a los Altos Órganos del Estado, afectados en su competencia y función, y en cuanto estimen que

se pone en peligro su regular funcionamiento y debida coordinación».

El artículo tercero, en su apartado «c», considera que uno de los supuestos en los que podrá plantearse la

cuestión de coordinación de funciones afecta al Gobierno y la Justicia.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO. El artículo cuarto se refiere al procedimiento a seguir que «en

todo caso, tendrá carácter de secreto».

• Según su apartado «a», «en el plazo máximo de dos meses, a contar desde el día en que por el Jefe del

Estado se declare procedente el planteamiento de dicha cuestión, los Altos Órganos implicados

formularán escrito razonado de sus respectivas posiciones, con cuantos alegatos estimen oportunos y

formulando la propuesta de decisión que, a su respectivo juicio, procede sea adoptada por el Jefe del

Estado». En el caso del apartado «c» del artículo tercero, dichos artículos serán redactados «por el

Gobierno y la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo».

• Su apartado «b» dice: «Recibida por el Jefe del Estado la documentación a que se refiere el apartado

anterior, la enviará a la Comisión Permanente del Consejo Nacional, que, en el plazo máximo de un mes,

emitirá informe por escrito razonado al Jefe del Estado, exponiendo lo que a juicio de dicha Comisión

Permanente proceda.»

• Su apartado «e» dice: «El Jefe del Estado, oído el Consejo del Reino, que emitirá su informe en el

plazo máximo de un mes, dictará la decisión que a juicio de su alta autoridad proceda. La decisión del

Jefe del Estado será inapelable.»

Por último, el articulo quinto establece que la decisión del jefe del Estado deberá ser refrendada, en el

caso del apartado «c» del artículo tercero «por el presidente de las Cortes».

POSIBLE CONTRADICCIÓN. — Según algunas impresiones no es imposible que los magistrados

consideren que una decisión sobre la legalidad o ilegalidad del «P..C.» y otros partidos conllevaría una

politización excesiva de su labor. Dicha decisión, piensan que sería más propia de un hipotético Tribunal

de Garantías Constitucionales que del Supremo.

Se pone también en consideración la posibilidad de que la Sala Segunda del Supremo o Sala «de lo

Penal» vea en su día, el recurso que resulte del juicio oral pendiente contra Carrillo y otros dirigentes

comunistas, por presunta asociación ilegal. De cumplirse esta hipótesis podría existir incluso

contradicción entre la sentencia de la Sala Segunda y la de la Sala Cuarta, Sala «de lo Contencioso-

Administrativo», a la que el Gobierno ha remitido los estatutos del «P. C.».

DEFECTOS DE PROCEDIMIENTO. — Cabe subrayar también que el presidente de la Sala Cuarta, el

magistrado don José María Cordero, se encuentra enfermo aquejado de hemorragias intestinales. Su

puesto está siendo ocupado, como es preceptivo, por el magistrado más antiguo.

Hasta ayer la Sala Cuarta no se había puesto en contacto con la Sala de Gobierno, tal y como es habitual

en casos especialmente conflictivos.

Forman la Sala de Gobierno, además del fiscal del Supremo, señor González Zapatero, los presidentes de

las seis Salas. Se trata en concreto de los señores Tomas Ogayar Ayllón (Primera), Adolfo de Miguel

(Segunda), Francisco Pera Verdaguer (Tercera), José María Cordero (Cuarta), Victoriano Barquero

(Quinta) y Juan Becerril (Sexta).

Varios expertos en Derecho Político y Constitucional consultados por ABC pusieron ayer de relieve que

independientemente de que el Tribunal Supremo plantee o no una cuestión de coordinación de funciones,

existen en el decreto-ley puesto en marcha por el Gobierno graves defectos de procedimiento. «El

principio radical a tener en cuenta —manifestó uno de ellos— es que el Tribunal Supremo no está

concebido para este tipo de funciones.» — Pedro J. RAMÍREZ.

 

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