Diecisiete, enviados al Tribunal Supremo. 
 Ya son 80 los partidos legalizados     
 
 Diario 16.    09/03/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 10. 

Diecisiete, enviados al Tribunal Supremo

Ya son 80 los partidos legalizados

MADRID, 9 (D16) —Un total de ochenta partidos se encuentran, hasta el momento, legalizados y podrán,

por tanto, concurrir a las elecciones. Ayer fueron legalizados por el Gobierno veintidós nuevos partidos

políticos. Fuentes próximas al Ministerio de la Gobernación calcularon en "casi doscientas" las solicitudes

de inscripción en el Registro de Asociaciones, entre grupos nacionales y regionales.

Veinte de los veintidós partidos legalizados ayer son regionales. Los dos restantes son la Unión Social

Popular, de Licinio de la Fuente (Alianza Popular), y la Unión Socialdemócrata Española, que preside

Eurico de la Peña.

Los restantes partidos legalizados son: Frente Democrático de Catalunya, Partido Popular Canario,

Partido Demócrata de Murcia, Partido Socialdemócrata del País Valenciano, Partido Demócrata de

Castilla y León, Partido Socialdemócrata de la Región Centro, Partido Socialista de Catalunya

Reagrupament, Esquerra Democrática de Catalunya, Movimiento Socialista de Eivissa y Formentera,

Partido Social Liberal Andaluz, Partit Socialdemócrata de Catalunya, Partit Socialista de Catalunya

Congres, Catalonia Partit Politic Català, Alianza Foral Navarra, Partido Demócrata de Extremadura,

Democracia Cristiana del Oeste, Partido Socialdemócrata Aragonés, Partido Demócrata Andaluz, Partido

Demócrata Canario, Partido Socialdemócrata de Castilla y León.

El Gobierno ha enviado la documentación de diecisiete partidos al Tribunal Supremo: se trata de todas las

formaciones comunistas —encabezadas por el PCE, cuyo expediente tiene el número 1—, el Partido

Carlista y Acción Republicana Democrática Española (ARDE), que ayer fue enviada al Supremo Junto

con el trotskista Partido Obrero Revolucionario Español (PORE), por cuestionar la forma monárquica del

Estado.

Cambio de juez

Anoche se anunció que el presidente de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, José María Cordero Torres,

inicialmente encargado de entender en los casos de los partidos no inscritos en el registro por el Gobierno,

padece una enfermedad, que le mantendrá apartado de sus actividades profesionales durante un mes

aproximadamente. En círculos jurídicos de Madrid, anunció Europa Press, se habla del juez José Ignacio

Jiménez Hernández para sustituir al magistrado enfermo.

Los partidos no inscritos por el Gobierno ya han presentado sus alegaciones ante la Sala Cuarta del

Supremo. El Partido Comunista mantiene un mutismo total sobre el contenido de sus alegaciones, pero

fuentes del Palacio de Justicia indicaron a Europa Press que se trata de un documento muy amplio,

basado, al parecer, en que la Sala Cuarta no es competente para entender en la ilicitud penal de los

partidos.

También alega el PCE que la jurisprudencia sobre el caso existente hasta ahora no es aplicable. Se sabe

que el PCE ha consultado con varios líderes políticos, a los que piensa proponer como testigos ante el

Supremo en favor de su legalización. Entre estos líderes se encuentran Felipe González, Joaquín Ruiz-

Giménez, Francisco Fernández Ordóñez, José María de Areilza, Enrique Tierno Galván, Joaquín

Garrigués, Ignacio Camuñas y el catedrático Manuel Jiménez de Parga.

Nuevas solicitudes

Cinco formaciones políticas solicitaron ayer su inscripción en el registro: Democracia Cristiana

Aragonesa, Confederación Rural Española, Movimiento Democrático de la Mujer (promovido por una

hermana de Marcelino Camacho), Movimiento Democrático de Mulleres de Galicia y Veinte de Octubre.

No presentará documentos

Ha aparecido el primer partido que rechaza la inscripción en el registro: Acción Comunista, en un

comunicado emitido ayer, señala que presentar los estatutos en el Ministerio de la Gobernación es

"participar de alguna manera en el intento del Gobierno Suárez de dotarse de una imagen democrática de

la que carece en su práctica diaria".

En su nota, Acción Comunista dice que continúa la vigencia de un ´´estado de excepción encubierto" y que

la normativa del Gobierno para la legalización de los partidos es "totalmente antidemocrática".

 

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