Autor: Álvarez Gendín, Sabino. 
   ¿A quién incumbe la denegación de la inscripción de los partidos?     
 
 Ya.    08/03/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 9. 

¿A quién incumbe la denegación de la inscripción de los partidos?

A raíz de la publicación del estatuto jurídico mencionado por el decreto-ley 7/1974, de 29 de diciembre,

censuré en la prensa el artículo 30 de tal estatuto, que confería al pleno del Consejo Nacional la

autorización y la disolución de las asociaciones políticas y su suspensión a la Comisión Permanente de

dicho organismo, cuando debía de ser de la competencia del Consejo de Ministros por tratarse de

funciones propias del Poder ejecutivo, ya que el Gobierno es el órgano "que determina la política

nacional, asegura la aplicación de las leyes, ejerce la potestad reglamentariamente y asiste de modo

permanente al Jefe del Estado en los asuntos políticos y administrativos", según el artículo 13, II, de la

Ley Orgánica del Estado.

ASIMISMO propugnábamos que la competencia para enjuiciar la decisión denegatoria de tales

asociaciones, que el estatuto de 1974 (artículo 30) atribuía también al pleno del Consejo Nacional, debía

de ser del Tribunal Supremo, a tenor de la ley de Bases de Organización de la Justicia aprobada por las

Cortes y sancionada por el Jefe del Estado el 28 de noviembre de dicho año, que confirmaba y

desarrollaba el principio de unidad jurisdiccional (base 3.ª, 10), figurando en el artículo 31 de la Ley

Orgánica del Estado sin más excepción (artículo 32 de la Ley Orgánica del Estado) que el reconocimiento

de la jurisdicción militar y la eclesiástica, principio así expresado; "La función jurisdiccional juzgando y

haciendo ejecutar lo juzgado en los juicios civiles, penales contencioso-administrativos, laborales y

demás que establezcan las leyes, corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales determinados en

la Ley Orgánica del Estado, según su diversa competencia."

EN este sentido se comportaba la ley 21/1976, de 14 de junio, que deroga—dando una nueva regulación

al problema—la anterior ley de Asociaciones Políticas, decidiendo en el articulo 2.º, 3, "que en el plazo

máximo de dos meses, el Gobierno, a propuesta del Ministerio de la Gobernación, procederá a inscribir la

asociación en el Registro que se crea a tal efecto, o denegará su inscripción en resolución motivada, que

podrá ser impugnada ante la sala del Tribunal Supremo prevista en el artículo 8.°", agregando más

adelante: "Sólo podrá dictarse resolución denegatoria cuando de los datos y documentos obrantes en el

expediente se desprenda objetivamente la ilicitud de la asociación conforme a los dispuesto en el artículo

1.° o cuando exista infracción de los preceptos de esta ley".

DESPUÉS, el artículo 8.° de esta ley preceptuaba así las garantías jurisdiccionales: "Una sala del Tribunal

Supremo conocerá de todos los asuntos contenciosos que puedan plantearse al amparo de esta ley. El

procedimiento se regulará por ley."

EL artículo 1.°, 4, de dicha ley declara asociaciones ilícitas las tipificadas como tales en el Código Penal,

lo que se determina en el artículo 172, en la redacción figurada en la ley de 19 de diciembre de 1976, que

considera ilícitas las que promuevan la discriminación entre ciudadanos por razón de raza, religión, sexo

o situación económica, quedando el artículos 2.º del real decreto de 1 de octubre de 1976, así redactado,

por el de 9 de febrero de 1937: "Los asuntos contenciosos que puedan plantearse al amparo de la ley

Reguladora del Derecho de Asociación Política, y que no tuvieren señalado un procedimiento especial, se

tramitarán conforme a las normas del procedimiento ordinario, desarrollado en la ley Reguladora de la

Jurisdicción Contencioso Administrativa".

EMPERO, el anterior texto era e1 correcto, pues el Gobierno es quien debe dictar el acto administrativo

autorizando o denegando la inscripción. Se sustrae o se exime el Gobierno de la facultad de resolver sobre

la ilicitud de las asociaciones políticas, según el artículo 2.º mencionado, de acuerdo con la ley de 1976,

cambiando la iniciativa del procedimiento contencioso-administrativo, pues en vez de ser los solicitantes

de las asociaciones los que lo promoviesen, si el Gobierno las rechazase infringiendo el derecho vigente

que ampare a los promotores, es lo lógico que sea la Administración, mejor dicho, el Gobierno, el que

acordase el rechazo de toda asociación, política que se pretenda establecer y que no concuerde con el

aludido derecho, puesto que tiene medios informativos políticos y dispone de la organización policial

estatal para conocer, por los antecedentes, la actuación ilícita de las asociaciones y las de sus promotores

que pretendan su inscripción en el Registro correspondiente del Ministerio de la Gobernación, mucho

mejor que el poder judicial, cuya función debe ejercitarse "a posteriori" y a instancia del interesado o

interesados—a quienes incumben la carga de la prueba en contrario—, si estiman que el Gobierno no se

adecuó a derecho todo ello ateniéndose a una rigurosa técnica procesal administrativa. Consecuencia todo

de la premura o del ansia en clausurar la ventanilla.

HOLGABA, por tanto, e1 real decreto ley de 8 de, febrero de 1977 y su declaración —innecesaria— de

urgencia para modificar la ley, parcialmente, de 14 de junio de 1976, pretendiendo evitar el contrafuero.

SI bien los jueces, a pretexto de oscuridad de la ley, no deben rechazar o rehuir el fallar, pueden verse

comprendidos en el párrafo 2.° del artículo 8.º de la Ley Orgánica del Poder Judicial; por lo tanto,

compelidos a, declararse, de momento, incompetentes, restableciendo el rigor de la doctrina clásica de la

separación o discriminación de las funciones del poder ejecutivo respecto del judicial.

LO que expongo es como jurista, no simple ciudadano, que, como tal, tengo mi alma en el almario y

puedo opinar de distinta manera.

Sabino ALVAREZGENDIN

(Catedrático de Derecho Administrativo y magistrado jubilado del Tribunal Supremo.)

 

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