Ni ventanilla ni coladero     
 
 Ya.    12/02/1977.  Páginas: 2. Párrafos: 7. 

NI «VENTANILLA» NI COLADERO

EL decreto-ley del pasado día 8 que suprime la llamada "ventanilla", impuesta por la ley de 14 de junio de

1976 para las asociaciones políticas que quisieran carta de naturaleza legal, ha levantado serias

preocupaciones en algunos medios políticos, preocupaciones que se reflejan en comentarios de prensa y

en declaraciones públicas.

Alguna asociación política "legalizada" por el sistema que ahora ha sido remodelado ha mostrado su

inquietud y de alguna manera ha hecho llegar su protesta al Gobierno, por considerar que la nueva

normativa no recoge las cautelas de la ley de junio de 1976, necesarias para salvaguardar el orden

institucional y hacer que las nuevas agrupaciones o partidos se muevan en el marco de la Constitución

española. En otras palabras, según esta interpretación, las nuevas normas equivaldrían a una patente de

corso para los partidos de izquierda—concretamente el comunista—, a los que no se les exigiría ni

siquiera el respeto a la máxima institución del país, la Monarquía.

CREEMOS que tal interpretación es no sólo errónea, sino que incluso puede confundir a los españoles

desde el momento que ha tenido amplia tribuna en medios de gran difusión. Se achaca al decreto-ley del

pasado día 8 el que derogue los preceptos de la ley de junio de 1976 "que se opongan a lo establecido en

este real decreto-ley, y de aquí deducen que los partidos que soliciten su inscripción ya no necesitan ni

presentar declaración programática, ni acatar el ordenamiento constitucional, ni el compromiso de ajustar

su actuación a las formas y procedimientos democráticos.

SINCERAMENTE, no vemos de qué manga se pueden sacar semejantes conclusiones. El artículo 1.º de

la ley del pasado año, que habla del "ámbito y fines" de las asociaciones políticas y que no se opone, en

manera alguna, a lo preceptuado en la nueva normativa, dice que "las asociaciones que se constituyan...

tendrán como fines esenciales contribuir democráticamente a la determinación de la política nacional y a

la formación de la voluntad política de los ciudadanos, así como promover su participación en las

instituciones representativas de carácter político mediante la formulación de programas, la presentación y

apoyo de candidatos en las correspondientes elecciones y la realización de cualquier otra actividad

necesaria para el cumplimiento de aquellos fines". Y el párrafo tercero añade: "Las asociaciones

conformarán su actuación a las Leyes Fundamentales del Reino y, en particular, a los principios de

respeto a la soberanía, unidad, integridad, independencia y seguridad de la nación y las libertades de los

ciudadanos." Y remacha, en su párrafo cuarto: "Son asociaciones ilícitas las tipificadas como tales en el

Código Penal."

POR otra parte, el mismo decreto-ley de 8 de febrero último dice, en su artículo primero, párrafo

segundo: "Si se presume la ilicitud penal de la asociación, el Ministerio de la Gobernación, dentro del

mismo plazo y con suspensión de la inscripción, remitirá la documentación presentada a la sala del

Tribunal Supremo a que se refiere el artículo de la ley. El acuerdo de remisión será motivado y se

notificará a los interesados dentro de los cinco días siguientes."

SERIA necesario que alguien nos demostrara si estas cautelas no son suficientes y en qué se oponen estos

párrafos del citado artículo primero de la citada ley al real decreto-ley de 8 de febrero pasado, y, por

tanto, que nos demostrara, asimismo, que tanto el Ministerio de la Gobernación como la sala

correspondiente del Supremo, en su caso, carecen de instrumentos legales para poner puertas—y

cerrarlas—a los grupos o partidos que pretendan sentar plaza de marginados de la Constitución.

COMPRENDEMOS las reservas de algunos políticos, pero no nos parece serio proclamarlas sirviéndose

de argumentos que nada tienen que ver con la realidad.

 

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