Legalización de partidos: El Supremo fallará en treinta días     
 
 Informaciones.    10/02/1977.  Páginas: 2. Párrafos: 14. 

Legalización de partidos: El Supremo fallará en treinta días

MADRID, 10 (INFORMACIONES) .—Hoy se ha conocido con precisión la normativa legal que rige —a

partir de esta misma mañana— para la inscripción de los partidos políticos en el Registro de Asociaciones

del Ministerio de la Gobernación. El "Boletín Oficial del Estado" publica el texto íntegro del decreto-ley

por el que se revisa la ley aprobada en el pasado mes de junio por las Cortes Españolas.

Conforme se había anticipado el Ejecutivo dispone de un plazo de días para proceder a la inscripción del

partido que así lo solicite, aunque si se presumiera la posible ilicitud penal de la asociación, la

documentación sería remitida, dentro del plazo indicado, al Tribunal Supremo. El acuerdo de remisión

será motivado y se notificará a los interesados dentro de los cinco días siguientes. La resolución judicial

definitiva deberá recaer en el plazo de treinta días, contados desde la recepción de los documentos por el

alto Tribunal.

Estos son tos aspectos más sobresalientes de la nueva disposición, cuyo texto integro es el siguiente:

"La aprobación en referéndum nacional de la ley para la Reforma Política y la proximidad de las

elecciones generales, que habrán de celebrarse en virtud de lo dispuesto en la misma, han exigido del

Gobierno una meditada reconsideración de las normas legales que regulan el ejercicio de Derecho de

Asociación para fines políticos.

Producto de dicha reconsideración ha sido constatar la necesidad de una revisión parcial de la ley,

21/1966, de 14 de junio, que se lleva a cabo mediante la presente norma.

Las innovaciones básicas que introduce el presente real decreto-ley se proponen potenciar la garantía

judicial del ejercicio del derecho. Dos son las modificaciones esenciales que a tal efecto se introducen.

Por una parte se reestructura al mecanismo de constitución de asociaciones políticas bajo el principio de

libertad, remitiendo a la decisión judicial la aplicación de los límites legales, y por otra, se reordena el

sistema de sanciones sobre la base del mismo criterio de garantía judicial y en aras de una mayor

perfección técnica.

En su virtud, en uso de la facultad que me concede el artículo 13 de la ley constitutiva de las Cortes,

texto refundido aprobado por decreto de 20 de abril de 1967, oída la comisión a que se refiere el artículo

12 de la menciona da ley va propuesta del Consejo de ministros en su re unión del día 8 de febrero de

1977 dispongo.

Artículo primero. 1. Para obtener la inscripción de una asociación política en el Registro creado por la

ley 21/76 de 14 de junio, bastará con que los dirigentes o promotores presenten ante el Ministerio de la

Gobernación acta notarial suscrita por los mismos, con expresa constancia de sus da tos personales de

identificación y en la que se inserten o incorporen los Estatutos por los que haya de regirse la asociación.

En el plazo máximo de diez días, el Ministerio de la Gobernación procederá a la inscripción de la

asociación en dicho Registro.

2. Ello no obstante si se presume la ilicitud penal de la asociación, el Ministerio de la Gobernación

dentro del mismo plazo y pon suspensión de la inscripción remitirá la documentación presentada a la

sala del Tribunal Supremo a que se refiere el artículo octavo de la ley. El acuerdo de remisión será

motivado y se notificará a los interesados dentro de los cinco días siguientes.

3. La resolución judicial correspondiente sobre la procedencia o no de practicar la inscripción deberá

recaer en el plazo de treinta días, contados desde la recepción de los documentos por la sala.

Art. 2.°. La inscripción del acta notarial en el Registro determinará el reconocimiento legal de la

asociación, con los efectos establecidos en las leyes.

Art. 3.°. Las sanciones previstas en el apartado quinto del artículo 6.° de la ley 21/ 1976, de 14 de junio,

sólo podrán imponerse por resolución judicial de la sala del Tribunal Supremo a que se refiere el artículo

8.° de la menciona da ley. El Ministerio de la Gobernación pondrá en conocimiento de la sala los hechos

que puedan dar lugar a la imposición de las indicadas sanciones, con remisión del expediente

administrativo incoado.

Art. 4º. Los procedimientos judiciales en los casos a que se refiere el presente real decreto-ley se

regularán conforme a lo establecido en el articulo 8.° y disposición transitoria segunda de la lev 21 / 1976

de 14 de junio.

Art. 5º. El Gobierno dictará las disposiciones que requiera la ejecución y desarrollo del presente real

decret-oley. El Ministerio de la Gobernación dará las instrucciones precisas respecto a los expedientes en

trámite.

Disposición final. Quedan derogados los preceptos de la ley 21/1976, de 14 de junio, que se opongan a lo

establecido en este real decreto-ley, que entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín

Oficial del Estado», y del que se dará inmediata cuenta a las Cortes.

Dado en Madrid, a 8 de febrero de 1977.» Juan Carlos.— El presidente del Gobierno, Adolfo Suárez

González.

 

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