Los partidos, sin ventanilla     
 
 Pueblo.    10/02/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 3. 

LOS PARTIDOS, SIN "VENTANILLA"

A punto de iniciar las negociaciones definitivas con la oposición para estudiar la normativa del proceso

electoral, el Gobierno ha zanjado un problema que amenazaba convertirse en fuente de muchos conflictos

y ponía en entredicho su voluntad democratizadora. La supresión del trámite de la «ventanilla» para

reconocer a las asociaciones políticas, acordada en el último Consejo de Ministros, creemos que es una

medida, además de oportuna, acertada y conveniente, desde cualquier punto de vista. Lo creemos así por

una razón elemental, y es que, inevitablemente, habría tenido que adoptarse ésta decisión, ante la

proximidad cada vez más cercana de elaborar la convocatoria de elecciones generales prevista en la ley

para la Reforma Política.

• Hubiésemos preferido que no fuese necesario, aunque tampoco lo lamentamos, tener que recurrir al

procedimiento excepcional del decreto-ley; pero en política mandan las circunstancias, que de un día para

otro pueden cobrar distinto perfil. En cualquier caso, nadie que se sienta a favor del proceso de

democratización, inequívocamente respaldado por la voluntad popular en el referéndum del 15 de

diciembre, pondría en duda la conveniencia de recurrir al procedimiento sumario del decreto-ley.

Hacerlo de otra manera sólo habría contribuido a crear tensiones que era aconsejable impedir. Todo ello,

sin olvidar que con el referéndum se ha abierto también en España la vía de una nueva legalidad, y que al

amparo de la misma pueden modificarse normas jurídicas de rango fundamental.

• Es evidente que al suprimirse el trámite de aprobación expresa por vía administrativa de los partidos

políticos, desaparece el obstáculo esencial que impedía la verdadera igualdad de oportunidades. Pero,

sobre todo, se corrige el error de atribuir al Gobierno la grave responsabilidad de ser juez y parte a la hora

de decidir sobre la licitud o ilicitud de una determinada organización política. Por ello, al igual que sucede

en la mayoría —por no decir en todos— de los países occidentales, tan delicada responsabilidad se

encomienda a quien de verdad corresponde; es decir, a los jueces. Desaparecida la «ventanilla» del sí o

del no, que comprometía enojosamente al Ejecutivo, corresponderá desde ahora a una sala del Tribunal

Supremo la única competencia para decidir, con todas las garantías que representa el Poder Judicial en un

Estado de Derecho, si un partido político está dentro o fuera de la legalidad y, desde luego, si los fines

que declaradamente persigue, a tenor de sus estatutos, responden con claridad a los principios

democráticos que exige su homologación.

 

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