Opinión de Justicia Democrática. 
 Gobierno y Tribunal Supremo     
 
 Diario 16.    31/03/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 6. 

Opinión de Justicia Democrática

Gobierno y Tribunal Supremo, descalificados para prejuzgar

MADRID, 31 (DI6) .—Justicia Democrática, organización que integra a miembros de las carreras judicial

y fiscal, niega al Gobierno facultades para coartar o restringir el ejercicio del derecho de asociación

política y se pronuncia en contra de remitir al Tribunal Supremo la legalización de determinados partidos

políticos.

En un comunicado hecho público ayer, Justicia Democrática entiende que el libre ejercicio del derecho de

asociación es ineludible para la existencia de un Estado democrático y de derecho y que el Gobierno debe

amparar este derecho.

Para Justicia Democrática, cualquier otra cosa está en contradicción con la Declaración Universal de

Derechos Humanos, los acuerdos de la conferencia de Helsinky firmados por España y la propia ley para

la Reforma Política aprobada en referéndum el 15 de diciembre.

Justicia Democrática deduce que el Gobierno ya subía, al denegar la inscripción de algunos partidos y

remitir sus expedientes a la Magistratura, que el Tribunal Supremo está integrado en su mayoría por

"personas de absoluta confianza y probada lealtad a la dictadura de los últimos cuarenta años".

Muestra de ello es, para Justicia Democrática, el hecho de que se haya rechazado el nombramiento de

Juan Becerril como presidente de la Sala IV, "por temer que, de algún modo, favoreciera el amplio

reconocimiento del derecho de asociación política".

El comunicado insiste en que "ni el Gobierno ni el Tribunal Supremo —que sólo ha conocido de las

asociaciones políticas para penalizarlas— pueden impedir la existencia de partidos políticos" sobre cuyas

actividades no pueden prejuzgar.

 

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