Las razones de la ilegalidad se vuelven contra el Gobierno. 
 La Sala IV no decide: Carlistas y comunistas, en el alero     
 
 Diario 16.    31/03/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 11. 

Las razones de ilegalidad se vuelven contra el Gobierno

La Sala IV no decide: Carlistas y comunistas, en el alero

MADRID, 31 (D16).—La sección de la Sala IV del Tribunal Supremo que ha visto los expedientes de

legalización del Partido Carlista y del Partido Comunista de España, ha resuelto no entrar en el fondo de

la cuestión, según han informado a D16 fuentes competentes.

La resolución de la Sala parece ser la de remitir ambos expedientes al Gobierno para que inste del

ministerio fiscal la acción pública en contra de ambos partidos por encontrar en sus actividades indicios

racionales de criminalidad.

La Sala IV, competente en la vía contencioso-administrativa, no elude, al parecer, su obligación de entrar

en materia, conforme al decreto-ley que modificaba la ley de Asociaciones Políticas aprobada en la etapa

Arias-Fraga, sino que la pospone a la resolución que se adopte en la vía penal

La Sala coincide con el Gobierno

Según las informaciones recogidas por D16, la Sala IV ha adoptado esta decisión precisamente porque

comparte con el Gobierno la razón que llevó al Ministerio de la Gobernación a no pronunciarse sobre la

inscripción de los Partidos Carlista y Comunista, es decir, la de que algunas, de sus actividades pueden

incurrir en el ámbito de lo ilícito penal.

La tesis que se ha impuesto entre los magistrados que han visto estos expedientes parece ser, por tanto, la

de que, una vez que se resuelva sobre esos indicios de ilicitud penal, la Sala IV retomará esos

expedientes, si el fallo en la vía de lo penal ha sido favorable a ambos partidos, para pronunciarse,

entonces si, sobre el conflicto puramente administrativo que se plantee sobre su inscripción en la Oficina

de Asociaciones, que es el estricto ámbito de competencia de la Sala IV.

Medios próximos al Palacio de Justicia aseguraron a D16 que la sección de la Sala IV, que ha visto estos

dos expedientes, decidió por cuatro votos frente a uno preparar una resolución en los términos descritos.

La sección estaba presidida por el magistrado más antiguo de la Sala IV —dado de baja Adolfo Suárez

Manteola por enfermedad—, Enrique Medina Balmaseda, y la integraban, como vocales, los magistrados

Ponce de León, Gordillo, Hernández Tejedor y Vidal, que sustituyó finalmente a Martín Martín, ausente

por enfermedad.

El Gobierno, en su propio cepo

Mientras, círculos judiciales y de la abogacía consideran que la resolución de la Sala IV, caso de

producirse en los términos reseñados, es irreprochable, en medios políticos se comentaba que el Gobierno

ha cometido varios errores en este asunto (el primero de ellos, el mismo decreto-ley que encomendaba al

Supremo una decisión política sobre legalización de partidos), que han sido la causa y el pretexto de los

sucesivos conflictos.

Fuentes bien informadas aseguraron que el Gobierno trató de enmendar estos errores proponiendo al

presidente del Tribunal Supremo, Valentín Silva Melero, que asumiera interinamente la presidencia de la

Sala IV al ser rechazado por el pleno del alto Tribunal el nombramiento de presidente en la persona de

Juan Becerril, titular de la Sala VI.

De hecho, el martes se celebró en el palacio de la Moncloa una entrevista entre el presidente del

Gobierno, Adolfo Suárez, y el del Supremo, Valentín Silva, con asistencia de los ministros de Justicia,

Landelino Lavilla, responsable directo de las relaciones con la Magistratura, y de Gobernación. Rodolfo

Martín Villa, bajo cuya competencia recae la inscripción de partidos políticos.

Sin embargo, todo parece indicar que Valentín Silva rechazó ese ofrecimiento, como lo demuestra el que

el magistrado Medina Balmaseda presidiera ayer la vista de los expedientes.

 

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