Autor: Murillo, José María. 
 Elecciones 77. Política salarial y pacto social después de las elecciones. 
 La derecha, a favor del pacto; la izquierda, en contra     
 
 Pueblo.    09/06/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 24. 

ELECCIONES 77

POLITICA SALARIAL Y PACTO SOCIAL DESPUÉS DE LAS ELECCIONES

LA DERECHA, A FAVOR DEL PACTO; LA IZQUIERDA EN CONTRA

Sólo el resultado de las elecciones permitirá inclinar la balanza

Socialistas y comunistas no quieren un plan de saneamiento que reduzca el consumo de los trabajadores

En un reciente informe, PUEBLO recogió las posturas de cinco partidos —Alianza Popular, Unión de

Centro Democrático, Federación de la Democracia Cristiana, Partido Socialista Obrero Español y Partido

Comunista de España— en torno a las medidas que a corto plazo se podrían arbitrar sobre el problema del

paro y el seguro de desempleo. En su día algunos medios dijeron que las posturas de los partidos que

acudieron a la mesa redonda convocada por «Información Comercial Española», revista del Ministerio de

Comercio, no eran excesivamente discrepantes y se señalaron coincidencias que no parecían lógicas

dados los presupuestos ideológicos desde los que presumiblemente los coloquiantes partían.

En realidad las posturas sí eran discrepantes. Lo que sucede es que el corsé de medidas a corto plazo que

era preciso arbitrar no dejaba mucho campo para que cada partido hiciera un análisis en profundidad y

extrajera consecuencias, situando las medidas contra el paro en el contexto preciso de su filosofía y de su

programa económico. En términos genéricos, sin embargo, se puede afirmar que, a partir de un

diagnóstico de nuestra economía, en el que todo el mundo incluye como problemas acuciantes el paro, la

inflación y la balanza de pagos, la escala de prioridades sobre la que cada cual hace hincapié delinea

perfectamente los campos. Así el paro es para los grupos de izquierda el tema al que se da mayor

importancia, mientras que la derecha incide prioritariamente sobre la inflación. Simultáneamente, la

izquierda señala con énfasis que el modelo económico puesto en práctica al final de los años 50 hace casi

un lustro que está agotado, afirmación que, matizada, recogen los grupos socialdemócratas de centro y los

demóratacristianos, en tanto que los grupos de derecha eluden la cuestión o recuerdan con simpleza los

años decrecimiento económico sin poner en cuestión su validez actual o los costes sociales que en su día

generó.

• LA INFLACIÓN, LOS SALARIOS Y EL PACTO SOCIAL

Volviendo a la mesa redonda del Ministerio de Comercio (ver PUEBLO de 31 de mayo de 1977), en el

cuestionario se requirió la opinión de los cinco partidos presentes sobre la política antiinflacionista a

adoptar. Dentro de esta amplia temática, vamos a dedicar especial atención a la política salarial que

cada grupo preconiza, y en relación con ello, su opinión sobre el pacto social. En alguna ocasión

recurriremos a los programas de los paridos para aclarar algunos puntos.

• ALIANZA POPULAR

La intervención de los portavoces de Alianza Popular sobre el tema, que comenzó así: «Alianza Popular,

que pretende, como todos los demás asistentes a esta mesa, gobernar, pero que además cree que sabe

gobernar...», fue una dura crítica a los últimos paquetes de medidas gubernamentales. Alianza, dijeron,

«se propone devolver al país la convicción de que, para hacer más grande el producto y paro poder

subvenir a las indudables necesidades de una mayor justicia que el pueblo español demanda, es necesario

aumentar el pastel, y para aumentar el pastel es necesario trabajar». Alianza cree que el ahorro ha hecho

crisis y que por ello la financiación productiva es inflacionista.

En cuanto a la política salarial, A. P. afirmó que el Gobierno perdió una gran ocasión para imponer un

pacto social a los grupos sindicales y patronales recientemente legalizados, y la perdió por no "exigirles

como contranrestación a dicha autorización la sumisión a un pació social». Más adelante añadieron,

paradójicamente, que hoy por hoy no existen mecanismos de representación capaces de hacer cumplir un

pacto social.

«De todas formas, Alianza cree que hay que llegar cuanto antes al pacto social», pero lo entiende de una

manera «sui generis», de una manera que haría dificultoso el diálogo con los más directamente

interesados: los sindicatos. Según los portavoces de la coalición que encabeza el señor Fraga, «ese pacto

no deberá ser entendido como intereses de clases, porque Alianza rechaza la concepción de una sociedad

como una sociedad de clases enfrentadas entre sí. El pacto —añaden— lo concebimos como una

negociación permanente y, por supuesto, fijando un salario mínimo, debajo del cual no debería caer en

ningún caso este tipo de negociaciones.»

• FEDERACIÓN DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA

La Democracia Cristiana sentó como premisa en su intervención en torno a la política antiinflacionista la

necesidad ineludible de elaborar un plan global para afrontar la crisis económica, »plan que debe contar

con el asesoramiento de los organismos internacionales competentes para que no existan dudas a nivel

internacional de su bondad y para poder contar con la ayuda financiera de estos organismos y de la Banca

extranjera».

Dentro de la política de rentas, F.D.C. estima que hay que limitar el crecimiento de toda clase de rentas,

incluidas, naturalmente, las salariales, y, «naturalmente, la única fórmula que se nos ocurre es la del pacto

o tregua social. Ya sabemos las dificultades que esto entraña en todos los países, y más en España, donde

no existen ni organizaciones patronales ni obreras bien formadas.»

F. D. C. indica que el Gobierno que se forme después de las elecciones debe exponer al país con toda

crudeza la situación económica, explicando el plan económico y haciendo ver que se trata de un plan de

salvación, comprometiéndose con sus resultados, y «comprometiendo a las clases sociales a admitir un

objetivo limite a la tasa de inflación, a partir del cual deben programarse los crecimientos de renta». F. D.

C. es consciente que la aplicación de un plan de este tipo entraña un sacrificio fuerte para las clases

sociales con menores percepciones salariales, que, en parte, podría estar compensado si realmente se va a

una progresividad en la imposición tributaria y se inicia una reforma en este campo, que, aunque sólo

puede programarse y realizarse con varios años por delante, puede arrancar en el campo de la mayor

justicia fiscal por la aplicación estricta de la legislación vigente, »tratando de reducir el enorme fraude

fiscal que existe hoy día».

• UNION DEL CENTRO DEMOCRÁTICO

Tanto el programa económico de U. C. D. como la intervención de sus representantes en la mesa redonda

del Ministerio de Comercio, señalan como objetivo prioritario en el plano económico la lucha contra la

inflación. El programa de la coalición centrista prevé «un programa de saneamiento económico,

suceptible de ser aplicado inmediatamente después de las elecciones». El programa fija como objetivo la

reducción de la actual tasa inflacionista —30 por 100 anual en estos momentos— a la mitad al cabo del

primer año, para llegar al término del mismo con unos crecimientos de precios similares a los de los

países de la Comunidad Económica Europea.

Refiriéndose a las intervenciones del Partido Socialista Obrero Español y P. C. E., uno de los ponentes de

los centristas hizo dos matizaciones que recogemos sustancialmente. Es cierto, dice U. C. D., que la lucha

entre salarios y beneficios existe y, probablemente, es inevitable en una economía de mercado. Ahora,

bien, nuestra impresión es que las consecuencias de esa lucha han llevado a una reducción de beneficios

que empieza a ser alarmante. Estamos de acuerdo en que la distribución personal de los ingresos en

España es injusta. No pensamos que haya que acabar con los beneficios, pensamos que hay que

imponerlos cuando éstos lleguen a las personas físicas, sus destinatarios últimos. Después de añadir que,

en su opinión, se están produciendo profundas injusticias dentro del sector asalariado, con mayor

beneficio para aquellos sectores que tienen más fuerza sindical a la hora de imponer una negociación.

U. C. D. afirma que no cree en una política de rentas impuestas, hay que negociar y carece de sentido

discutir si a esto se le llama pacto social —el miedo al término, como se ve, planea sobre todos los

partidos— o simplemente negociación. Centrando más la cuestión, U. C. D. señala que el contenido que

daría a la política salarial seria el de imponer limitaciones porcentuales y absolutas al crecimiento de las

retribuciones y como contrapartida a esta política de rentas creen que hay que conseguir una reforma

fiscal «realista y creíble».

• PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL

El P. S. O. E. comenzó su intervención señalando que la inflación es una manifestación de todas las

limitaciones, imperfecciones y defectos de un sistema económico. Después de repasar las diversas etapas

del ciclo económico, que acaba históricamente el año 1973, y de señalar que la inflación debe entenderse,

igualmente, desde una óptica marxista, como una consecuencia de la lucha de clases, el ponente

del P. S. O. E. se pregunta cómo puede pedirse que se modere el crecimiento salarial cuando en esos

ingresos amplias capas de población cubren necesidades que en otros países vienen resueltas por

equipamientos sociales, como transportes públicos mejores, sanidad mejor, enseñanza gratuita y vivienda

mas barata comparativamente.

El P. S. O. E. plantea, a continuación, que antes de pensar en ninguna negociación hay que resolver estos

problemas de equipamientos; en otros términos, hay que solucionar a través del consumo de bienes

públicos la redistribución de rentas, que no tiene por qué hacerse solamente a través de crecimientos

salariales. Y descendiendo al tema concreto de la política salarial, los expertos socialistas señalan que la

solución de los problemas económicos pasa por un plan global, por una reforma a fondo del sistema

económico.

En cuanto a la actuación inmediata, y en relación con la política salarial, el Partido Socialista Obrero

Español plantea el tema de un pacto democrático. En principio, defienden la sindicación de los salarios de

acuerdo con el índice de precios al consumo, con base en 1976. Aunque opinan que esto puede acelerar la

inflación, exigen contrapartidas para bajar esta exigencia salarial. Estas contrapartidas podrían ser, en

opinión de los expertos que acudieron a la mesa redonda, entre otras, sindicatos libres, no sólo

legalizados.

Así, el P. S. O. E. remite la cuestión a su cancha natural. Unas negociaciones de este tipo sólo pueden

tener como interlocutor válido las centrales sindicales. Los socialistas ponen como ejemplo la

negociación que empresarios y sindicatos mantienen en Italia y Bélgica y señalan que el pacto social es

una medida estrictamente política, en la que se pone sobre la mesa un tema, el crecimiento de los salarios

relacionado con el crecimiento de los precios del consumo. Y se ofrecen como contrapartidas otras

cuestiones, entre las que ocupa carácter destacado el consumo que se deriva de los equipamientos

colectivos.

Cuestiones como las planteadas por Alianza Popular, y en el coloquio por U. C. D. se sitúan como

componente de una negociación en torno a un pacto social elementos tales como las libertades políticas y

sindicales, son rechazadas de plano por el P. S. O. E., para el cual las libertades públicas son previas a

cualquier pacto social.

• PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA

También el P. C. E. señala decididamente que la crisis económica es consecuencia de la forma en que ha

crecido la economía española durante los últimos veinte años, en beneficio casi exclusivo del gran capital,

que nunca trato de adecuarse a las nuevas necesidades sociales. El P. C. E propone que el Gobierno que

salga de las elecciones debe plantearse desde el día siguiente a su constitución una reforma fiscal.

El P. C. E., que en su programa económico se declara decididamente opuesto a una «política de

austeridad», tal como la formulan algunos sectores, «propone como alternativa una "política de

responsabilidad nacional", en la que la lucha contra la inflación y el desarrollo económico sea una tarea

asumida por la inmensa mayoría del pueblo español, buscando desde ya reformas estructurales, que no

pueden posponerse más».

Los miembros del P C. E. que acudieron al intercambio de puntos de vista, propiciado por Información

Comercial Española, dijeron que respecto a la política de rentas no cabe hablar de política de rentas y de

pacto social en España. Señalaron que en Europa, concretamente en países como Inglaterra y otros, en un

contexto muy distinto del español, esta política está encontrando grandes dificultades. El pacto social para

el P C. E. significa el congelamiento de las rentas salariales, y no hay ningún país capitalista dijeron que

pueda garantizar la congelación de precios. De ahí que el P. C. E. se oponga taxativamente a una política

de pacto social en el sentido de congelación de rentas. Sin embargo, añadieron si en España se produjera

un acuerdo que diera espacio a las clases, a los sectores sociales que los comunistas quieren representar, y

en concreto a la clase trabajadora, el P. C. E estaría de acuerdo a seguir lo que califica de política de

responsabilidad nacional o en otras palabras de escalonamiento de las reivindicaciones populares. Y ello

en el sentido de que estos sectores tienen que comprender que la difícil crisis por la que atravesamos no

puede resolverse en cuarenta días.

José María MURILLO

9 de Junio de 1977

 

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