Coloquios de Ya (II). 
 Monarquía y pacto político, económico y social     
 
 Ya.    08/06/1977.  Página: 34-35. Páginas: 2. Párrafos: 49. 

8-VI-77

MONARQUÍA Y PACTO POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL

Emilio Casinello: "Un debate sobre la forma de Estado podría influir negativamente en el proceso de

discusión constitucional" • Enrique Barón: "Acuerdo sobre la Monarquía al margen de la Constitución"

• Jaime Corteza: "EI pacto táctico entre el pueblo y el Rey es considerado por la FDC como la verdadera

legitimación de la Monarquía" • Miguel Herrero de Miñón: "Cuanto más simple sea la Constitución, más

amplio será el consenso que pueda recibir" • Ramón Hermosillas "España es un país de comuniones más

que de pactos"

Continuamos hoy con el coloquio organizado por YA sobre temas político constitucionales. Y, como en

la jornada anterior, intervienen Ramón Hermosilla y Javier Carvajal, por Alianza Popular; Miguel Herrero

de Miñón, por Unión cíe Centro Democrático; Jaime Corteza, por la Federación de la, Democracia

Cristiana; Emilio Casinello, por el Partido Socialista Popular, y Enrique Barón, por el Partido Socialista

Obrero Español. El debate de hoy se abre con esta pregunta:

—¿Debe discutirse también la Monarquía en los debates sobre la nueva Constitución?

Emilio Casinello (PSP)

—Comentar los debates «institucionales con la forma de Estado sería intentar construir la casa por el

tejado. Teniendo en cuenta las actuales circunstancias en que se inicia el camino hacia la democracia,

insisto en que probablemente tal debate produciría una serie de trastornos y perturbaciones que distraerían

a las fuerzas democráticas de la tarea fundamental, que es consolidar efectivamente el proceso

democrático. Creo que la Monarquía es actualmente una puerta abierta a la democracia. Discusiones y

forcejeos sobre el tema en unas Cortes con representación relativamente equívoca en cuanto reflejo de la

sociedad española, serían un factor perturbador e inútil; un peso relativamente fuerte dentro de ese

proceso de discusión constitucional que en estos momentos no sólo me parece superfino, sino que pudiera

incluso influir negativamente sobre ese proceso.

Miguel Herrero de Miñón (UCD)

En primer lugar, nosotros, en la UCD, somos monárquicos. Algunos, como en mi caso, lo éramos cuando

el ser monárquico en este país era marcado síntoma de oposición al régimen. Consideramos que la futura

Constitución española debe ser una Constitución monárquica, y consideramos que las Cortes se verán

obligadas a abordar y discutir el tema. Confiamos en que los partidos monárquicos serán suficientemente

mayoritarios en las Cortes para que la futura Constitución consagre la Monarquía. Ahora bien, esta

consagración "será tanto más fácil cuanto que la Monarquía se presente como hasta ahora, como acceso y

garantía de la democracia. Nosotros concebimos al Rey como símbolo de la unidad del Estado y de

autonomía de sus pueblos; lo concebimos como magistratura moral y lo concebimos como árbitro de las

instituciones. Así concebido, no creo que haya problema ninguno en las futuras Cortes.

Enrique Barón (PSOE)

—Realmente en España es difícil hoy día hablar de una mayoría de opinión monárquica. Sin embargo,

nosotros consideramos positivamente una cosa, y es que la Monarquía ha contribuido a hacer posible el

tránsito hacia la democracia. Sin embargo, la Monarquía hoy todavía descansa sobre la legitimidad

política que nace del 18 de julio, y eso es un "handicap" importante para la Monarquía y para la

democracia. Nosotros, que somos republicanos y que estamos por un cambio profundo de la sociedad,

creemos que el tema debe discutirse y debe ser refrendado popularmente. Ahora bien, en este sentido no

estamos en la línea de hacer un republicanismo fervoroso como cuestión de primer orden. Es evidente que

en el contexto actual puede ser interesante el que España siga siendo una Monarquía y además que esa

Monarquía tenga lo que no tiene hoy día: el refrendo del pueblo. Ahora bien, si se busca una Constitución

que trate de resolver de una vez los problemas de los españoles, quizá fuera más positivo el que la

Constitución, como pasa en las Monarquías democráticas que existen en Europa, no incluyera el tema de

la Monarquía, porque así no habría un condicionamiento de cara a generaciones futuras. En este sentido,

se puede encontrar un acuerdo político sin necesidad de buscar adhesiones monárquicas, que en la

mayor parte de los casos, salvo algunos concretos muy respetables y muy minoritarios, son adhesiones

monárquicas interesadas de última hora.

Jaime Cortezo (FDC)

—En la Federación de la Democracia Cristiana hay monárquicos, hay republicanos y hay accidentalistas.

Entre estos últimos me incluyo yo personalmente. Y discrepo levemente de Enrique Barón en el sentido

de eludir el tema dentro de una Constitución de nuevo cuño. Creo que este tema se tendrá que debatir y

aprobar en el sentido que fuera porque hay una serie de preceptos de Derecho político que son

absolutamente necesarios que estén consignados en las constituciones. No obstante todo lo que acabo de

decir, nosotros apreciamos hoy día un pacto tácito entre el pueblo y el Rey que consideramos que es la

verdadera legitimación de la Monarquía. Si realmente el Rey mantiene la política que hasta el momento

ha llevado, la Democracia Cristiana apoyará la Institución monárquica.

Ramón Hermosilla (AP)

—La promesa que se hace al legalizar los partidos consiste en respetar el proceso democrático y la forma

constitucional de listado. Por ello, nos parece obvio que el plantear sobre la mesa el tema de la variación

de la forma de Estado en estos momentos es, en el mejor de los supuestos, extemporal, después ilegal y

por último, improcedente. Desde el punto de vista de mantenimiento de las lealtades prometidas en la

documentación presentada en el Registro de Asociaciones, nosotros hemos mantenido y mantenemos la

promesa de jugar dentro del procedimiento democrático establecido bajo la aceptación de la forma

constitucional del Estado, que, hoy por hoy, cualquiera que haya sido su legitimidad, ha sido aceptada

expresamente por todos los partidos en juego bajo la forma de Monarquía.

CONSEJO DEL REINO

—Consejo del Reino: ¿debe desaparecer o ser modificado?

Javier Carvajal (AP)

—Debe modificarse. Indudablemente debe seguir existiendo como una colaboración al trabajo del

Soberano. Pero muchas de sus funciones tienen que ser muy reconsideradas; entre otras, la de la

recomendación para la Presidencia del Gobierno.

Jaime Cortezo (FDC)

—En un régimen democrático, creo que el Consejo del Reino no tiene sentido.

Enrique Barón (PSOE)

—Es un residuo de la época autocrática y no tiene ningún sentido. Por tanto, debe suprimirse.

Miguel Herrero de Miñón (UCD)

—Tal como está pensado y configurado por las Leyes Fundamentales, es un instrumento típicamente

autoritario, cuyo origen, por otra parte, se encuentra en las constituciones napoleónicas. Sin embargo,

como órgano meramente asesor y consultivo —tipo del Consejo privado británico—, me parece tal vez

superfluo, pero no nefasto. Me parece nefasto en el sentido que ahora tiene.

Emilio Casinello (PSP)

—Coincido en que el Consejo del Reino tal como está configurado actualmente en cuanto a sus

funciones, va a estar completamente desfasado en el nuevo mundo político españo1. El viento de cambio

en la nueva España exige o la desaparición o la marginación del Consejo del Reino en sus funciones

actuales.

DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN

—¿Cómo se debe garantizar el respeto a la Constitución? ¿Con un tribunal de garantías constitucionales?

Emilio Casinello (PSP)

—En Derecho comparado existen antecedentes muy elaborados de control de la constitucionalidad de las

leyes. No creo, por eso, que tengamos que ser excesivamente originales ni que inventar de forma

excéntrica las fórmulas y las maneras e incluso los organismos de control de la constitucionalidad. Existe

la posibilidad del tribunal constitucional y existe también—como ha sido propuesto por el PSP la

posibilidad del "ombudsman", que de alguna manera dé acceso directamente al ciudadano al control de la

constitucionalidad de las leyes, de los actos de la Administración y de los demás órganos del Estado.

Miguel Herrero de Miñón (UCD)

—A nuestro juicio, una judicatura verdaderamente independiente sería tal vez, la mejor de las tutelas y

podría dar pie a una sala del Tribunal Supremo que entendiese en los temas de constitucionalidad de las

leyes, divergencias entre el Estado y los diversos países autónomos que lo integren, etc.

Enrique Barón (PSOE)

—Para que el Tribunal de Garantías Constitucionales tenga un funcionamiento real, es absolutamente

preciso que haya una separación real de poderes.

Jaime Cortezo (FDC)

—Más que la figura del "ombudstnan", nosotros preferimos un órgano colegiado. Por consiguiente,

preferimos un tribunal de garantías constitucionales en forma clásica. Pero creemos que, además de éste

tribunal, debería recogerse en la Constitución la posibilidad de recurrir en ulterior instancia a organismos

internacionales jurisdiccionales en defensa de los derechos humanos.

Javier Carvajal (AP)

—Lo habitual es un Tribunal constitucional, posiblemente recogido como Sala del Tribunal Supremo.

Evidentemente con Independencia clara de la judicatura con respecto al Ejecutivo. Yo deseo, y lo desea

Alianza Popular, que en el futuro de España la Constitución no sea para saltársela cuando se guste, sino

para respetarla ni todo momento.

PACTOS

PACTO POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL...

Ramón Hermosilla (AP)

—Creo, como ha dicho Cruz Martínez Extérnelas, que España es un país de comuniones más que de

pactos. Los pactos vienen como consecuencia de la comunión en unas ideas básicas, si los partidos saben

hacer abstracción de sus ideas partidistas; en definiva, de sus radicalizaciones. Así, pues, en lo primero

que tendrán que ponerse de acuerdo los partidos es en la comunión de los principios fundamentales. Una

vez hecho esto, el pacto social tendrá que recurrir por vías de seriedad y realidad. Es absolutamente

imposible, con mil y pico sindicatos presentados en el Registro Sindical y con ciento noventa partidos

políticos, pretender una representatividad efectiva de las fuerzas sociales vigentes en el país. Tendrá que

haber agrupaciones, tendrá que haber clarificaciones y tendrá que disiparse esta gran ceremonia de

confusiones. Una vez que, efectivamente, esto se haya logrado, creo que es imprescindible el pacto social.

Pero el pacto social entendido como una forma razonable de programar el futuro. Y lo primero que es

razonable para programar el futuro es atribuir la representatividad a quien efectivamente la tiene.

Jaime Cortezo (FDC)

—Creo que pacto para la Constitución no debe existir porque los partidos que tienen una filosofía

democrática—la mayoría de los que estarán representados en la Cámara—coincidirán plenamente en la

mayoría de los planteamientos constitucionales. En cuanto al problema económico-social, que es tan

grave, sí creo que debe ser motivo de un acuerdo. No hablo de pacto porque la centrales sindicales

democráticas no quieren utilizar este vocablo. Un acuerdo, es decir, un gran compromiso entre unos

sindicatos absolutamente libres y unas patronales, controlado todo ello por el Gobierno. Sin este acuerdo,

sin este compromiso entre los órganos de producción, será absolutamente imposible salir del bache tan

tremendo en que estamos y que es un bache que no solamente se ha producido en estos últimos meses,

sino que es consecuencia de unas estructuras económicas y sociales que venimos padeciendo desde hace

cuarenta años.

Enrique Barón (PSOE)

—Entiendo que en las manifestaciones que hace Alianza Popular hay un juego falso y falaz. Si en España

se han inscrito ciento y pico grupos políticos y hay muchos que quedan todavía por inscribir, porque se ha

utilizado la ventanilla como elemento discriminatorio, ha sido porque hemos tenido un régimen que ha

impedido la normal confluencia política de los españoles. Sin embargo, a una semana vista de las

elecciones, nos encontramos con que él panorama se está simplificando extraordinariamente. El manejar

este argumento ahora mismo es tratar de jugar intencionadamente a la confusión. Ahora mismo no hay

más allá de cuatro o cinco grandes opciones en el país. Yo diría más bien que, prácticamente, hay dos: el

continuismo o la afirmación de un sistema democrático. El que hay listas testimoniales me parece

positivo. Si vamos a Inglaterra nos encontramos con que el número de organizaciones políticas o

parapolíticas puede superar las mil. Lo importante es cómo se va a configurar el futuro. Y en este sentido

me parece que la situación se está configurando de manera suficientemente explícita. Igual ocurre con el

tema de los sindicatos. No hay mil y pico organizaciones sindicales en España. Hay ahora mismo tres

organizaciones sindicales democráticas reconocidas por la OIT, con un largo historial de lucha. Me

parece que en este sentido tampoco se puede hablar de confusión. Pues bien, el pacto constitucional es

necesario. Tiene que haber, y creo que así será, una mayoría de fuerzas democráticas en la Cámara. Y el

pacto tiene que tener sentido en una serie de terrenos: forma de Estado (somos republicanos, pero también

somos conscientes de que la Monarquía sueca, por ejemplo, da más posibilidades al socialismo que en su

día la República de Papadopoulos, garantía de las libertades, separación de poderes, formas autonómicas

que den reconocimiento de su derecho y personalidad a las nacionalidades y regiones, sindicatos... En

cuanto al tema económico, ya hemos afirmado que es paralelo al proceso político. Hoy día, resolver

problemas tan urgentes como son el paro, la inflación, la emigración o la balanza de pagos nos parece

muy prioritario y tiene que haber un acuerdo de base entre las fuerzas políticas, con un papel decisivo de

las fuerzas sindicales. ¿Cómo será? Habrá que ver el juego de bloques. A partir del 15 de junio es cuando

habrá la posibilidad de negociar y discutir democráticamente, o de que se nos pretenda imponer el mismo

sistema, sólo que encalado y sin que cambie nada.

Miguel Herrero de Miñón (UCD)

—La nueva Constitución, si ha de ser una norma para todos los españoles, tiene que recibir un consenso,

que tal vez nunca puede ser unánime, puesto que felizmente ya han pasado los tiempos en que las Cortes

votaban como un solo hombre las proposiciones que se le hacían. Pero si se trata de una Constitución que

recoja las aspiraciones de prácticamente todos, la vía a seguir, en nuestra opinión, es la de la simplicidad.

Es decir, en la medida en que la Constitución sea compleja, y en la medida en que pretenda recoger las

cargas ideológicas de fuerzas diversas, será una Constitución difícilmente asequible y, en caso de que se

llegara a un compromiso, sería probablemente una Constitución llena de fórmulas contradictorias. Si no

llenamos la norma fundamental de contenidos ideológicos de uno y otro signo, ponernos de acuerdo sobre

ella será muy fácil. Es decir, cuanto más simple sea la Constitución, más amplio será el consenso que

pueda recibir. Respecto del tema económico y social, ahí, más que pacto, lo que se impondrá, una vez que

se constituya el Gobierno que goce del apoyo de la mayoría de la Cámara, será el diálogo permanente de

todas las fuerzas con ánimo dialogante, tanto patronales como obreras, y de las diversas fuerzas y partidos

políticos que de una y otra manera las encuadran y disciplinan. Y a través de ese diálogo constante se irán

resolviendo o conllevando los diversos problemas de la economía y de la sociedad española.

Emilio Casinello (PSP)

—Creo que la posibilidad de llegar a un acuerdo sobre formas constitucionales adecuadas a la nueva

sociedad española es relativamente sencillo, en la medida en la cual todos los partidos vamos a intentar

simplificar nuestras pretensiones, de manera que se formulen de una manera clara. Ahora, hay posiciones

que a partir de ese estado coincidente pueden diferir. Es decir, el PSP lo que va a intentar es incluir dentro

de la Constitución fórmulas que configuren de alguna manera una sociedad democrática socialmente

avanzada y que no sólo estabilicen una situación tal como la que nos podamos encontrar a partir del 16 de

junio. El PSP da por adquiridas las libertades formales. Sin embargo, hay un tema que necesita una cierta

clarificación: es la superposición entre pacto constitucional y pacto social; es decir, él pacto social como

un condicionante para llegar a unas fórmulas coincidentes en cuanto a la Constitución o en cuanto al

documento formal de ésta. Evidentemente, el pacto social no puede tomarse en el sentido tradicional de

los términos, tal como se utiliza en la Europa democrática. La idea de que podamos llegar a un pacto

social a la inglesa, donde los sindicatos limitan sus reivindicaciones salariales o sus condiciones de

trabajo, mientras que los patronos reducen beneficios para lograr una estabilización económica, creo que

es absolutamente ilusoria dentro de España. Cuando nosotros hablamos de pacto social; lo que

entendemos es unas ciertas exigencias de cambio legislativo real; es decir, de cambio de condiciones

efectivas en el mundo de las relaciones de trabajo y de capital. La adopción de medidas de cambio social

es, en realidad, el núcleo o centro de lo que comúnmente se intenta llamar pacto social.

 

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