Coloquios en Ya. 
 Separación Iglesia-Estado de modo amistoso y gradual     
 
 Ya.    14/06/1977.  Página: 10-11. Páginas: 2. Párrafos: 98. 

INFORMACIÓN NACIONAL

14 – VI - 77

SEPARACIÓN IGLESIA - ESTADO DE MODO AMISTOSO Y GRADUAL

"Postulamos la separación de la Iglesia y del Estado, pero no el desconocimiento o ignorancia mutuos"

(UCD) • "El PSOE está por la inclusión en el texto constitucional del carácter laico del Estado" (PSOE)

• "Consagración constitucional de la libertad religiosa y, por tanto, de la libertad de asociación

religiosa" (FDC) • "La confesionalidad del Estado, más que inadmisible, es perjudicial" (PSP)

"Matrimonio civil general para todos los ciudadanos, sin perjuicio de matrimonio religioso libre para los

creyentes" (FDC) • "El Estado debe reclamar para sí la competencia exclusiva en la regulación del

matrimonio" (PSP) • "No tiene sentido ser proabortista, pero no se deben imponer concepciones morales,

sino unos mínimos éticos" (PSOE) • "Somos absolutamente opuestos al aborto" (UCD)

El sexto coloquio político de los que han venido celebrándose estos días en nuestro diario reunió sobre

"Iglesia y temas morales" a los representantes de los siguientes partidos: Don José María Gil - Robles, por

la Federación de la Democracia Cristiana; don Manuel de la Rocha, por el Partido Socialista Obrero

Español, don Emilio Cassinello, por el Partido Socialista Popular, y don Federico Rodríguez Rodríguez,

por Unión del Centro Democrático. El partido de Alianza Popular excusó su no comparecencia a la cita.

Tras un primer sondeo sobre la base ideológica de los partidos presentes cara al hecho religioso

y la proyección de dicha base en los programas de actuación política, las preguntas se centraron sobre las

cuestiones de la confesionalidad o no confesionalidad del Estado, sobre las fórmulas propiciadas para

regular las relaciones de la Iglesia católica—y de las otras denominaciones religiosas— con el

poder civil, sobre la subvención estatal a las Iglesias por sus servicios sociales y en respuesta a

necesidades y exigencias de diversos grupos ciudadanos creyentes, sobre el reconocimiento o no a la

Iglesia y a las iglesias de crear y dirigir instituciones sociales, educativas, asistenciales...

También se interrogó sobre la jurisdicción castrense eclesiástica, sobre la presencia de elementos

religiosos en instituciones sanitarias, asistenciales o en las prisiones, sobre el papel del Estado ante el

tesoro artístico, monumental, bibliográfico, etc., de la Iglesia.

Por último, y en orden a una clarificación sobre aspectos morales de la sociedad, el debate abordó temas

tales como la postura de los partidos ante el divorcio, el aborto y el reconocimiento de efectos civiles al

matrimonio canónico.

1. En la base Ideológica profunda de su partido, ¿se reconoce como religioso, agnóstico o

antireligioso?. Y en la praxis política concreta, ¿es neutral ante las creencias de los ciudadanos o

beligerante en uno u otro sentido?

EMILIO CASSINELLO (PSP) —El PSP tiene muy claras las ideas a nivel ideológico con respecto al

tema religioso: e1 término de "neutralidad" puede concretar muy bien su posición. Quiero decir que no

nos planteamos el tema religioso como perteneciente al terreno político; distinguimos perfectamente los

planos. Hay un plano de acción concreta, de praxis, en que funcionan principios y criterios

completamente diferenciados de los que deben ser la base de una moral y de una religiosidad. Separamos

por ello de manera muy clara estos planos. Y así, el militante del PSP puede pertenecer a una

confesionalidad específica o no pertenecer a ninguna. No existe hostilidad sobre los supuestos de la

pertenencia a una iglesia u otra. No somos beligerantes en este tema.

JOSÉ MARIA GIL - ROBLES (FDC) —La FDC, como viene implícito en su ideología, responde a una

inspiración cristiana, a unos valores cristianos profundos. No quiere decir esto que seamos un partido

confesional en el sentido de que limite la pertenencia de sus miembros a los que afirman tener una

profesión religiosa cristiana o en e1 sentido de que el partido mantenga vinculación alguna, expresa o

implícita, con instituciones eclesiales o paraeclesiales. La independencia es absoluta. Por tanto, respecto a

las distintas iglesias, adoptamos una actitud de independencia y de neutralidad. La FDC estima que para

todas ellas debe existir un régimen de igualdad, con independencia de sean cuales fueren las distintas

opciones ideológicas de cada confesión religiosa. Y, naturalmente, a sus militantes no se les exige más

que la fidelidad a unos principios políticos que tienen una inspiración cristiana; el partido, sin embargo,

no exige una militancia religiosa.

Los principios que para nosotros son fundamentales, y por lo que estimo que la FDC tiene una inspiración

cristiana, son los siguientes: concebimos a la persona humana como centro de la acción política; el

principio de libertad, junto con el de responsabilidad; y considerar que todos los hombres son iguales y,

por ello, el principio de la igualdad, fundamental, y al mismo tiempo, el principio

de la solidaridad como inspirador de toda la acción política, en lugar del principio de la lucha o del

egoísmo de intereses.

MANUEL DE LA ROCHA (PSOE) —El PSOE es un partido que, por decisión y por historia, se

considera laico. Esto no quiere decir que sea antirreligioso. Por el contrario, la base ideológica del PSOE

es fundamentalmente humanista. Nosotros creemos que el socialismo se construye sobre la concepción

humanista de Carlos Marx. Este humanismo significa libertad e igualdad fundamental de todos los

hombres y de todos los pueblos. Desde el punto de vista de la actitud ante las creencias personales o de

las creencias organizadas (organizadas colectivamente en iglesias), sin duda que hoy la actitud del PSOE

es muy clara: hay un respeto absoluto a las creencias personales de todos los ciudadanos. En el PSOE hay

muchos militantes que son creyentes, fundamentalmente miembros de la Iglesia católica. Desde el punto

de vista de las creencias organizadas desde las iglesias, sí es importante distinguir entre lo que es la

creencia personal, a la que tenemos un profundo respeto, y la creencia organizada. El PSOE persigue una

total separación entre iglesias y estados.

FEDERICO RODRÍGUEZ (UCD) — Nuestro partido tiene como base lo que se ha dado en llamarse de

un modo gráfico el humanismo cristiano; pero en esta descripción no es esencial, ni mucho menos, el

calificativo de cristiano. Se usa porque quiere referirse a un conjunto de ideas sobre el hombre que, hasta

ahora, el que mejor las ha descrito es precisamente el humanismo cristiano. Tenemos como base común la

defensa de la persona, y en la defensa de la persona humana y en la creencia de la persona humana

defendemos por igual tanto su aspecto individual como su aspecto social. Se advierte, sin embargo, que se

puede llegar a estas conclusiones por un camino independiente de la fe, por un camino meramente

racional.

RELACIONES IGLESIA - ESTADO

2.° ¿Es su partido partidario de la confesionalidad oficial del Estado o de la separación Iglesia - Estado?

En esta segunda hipótesis, ¿partidario de total y mutuo desconocimiento o partidario de algún tipo de

relaciones?

FEDERICO RODRÍGUEZ (UCD) —Nosotros postulamos la separación de la Iglesia y el Estado, pero no

separación con desconocimiento o con ignorancia, sino separación con relaciones que luego se podrán

matizar. Esto desde un punto de vista pragmático, y es que la población católica de este país es tan

abundante que lógicamente un desconocimiento por el Estado de este hecho sería totalmente censurable.

No veo inconveniente ninguno en que se inserte en el texto de la Constitución la no confesionalidad del

Estado.

MANUEL DE LA ROCHA (PSOE) —El PSOE está por la no confesionalidad del Estado y por la

inclusión en el texto constitucional del carácter laico del Estado. El problema de si las relaciones entre el

Estado y las iglesias deben ser de desconocimiento mutuo o unas relaciones de algún tipo, establecidas o

institucionalizadas, yo creo que es un problema que, planteado en abstracto, tiene poco significado. Hay

que ver en concreto qué se persigue cuando se habla del tipo de relaciones que se establecería entre

Iglesia y Estado. Sin duda que el Estado no puede desconocer una de las facetas de los ciudadanos que

viven y forman parte de él, que es su derecho a asociarse con arreglo a sus creencias y, por tanto, a

configurarse en iglesias; pero si de lo que se trata es de regular de una manera específica y privilegiada

los derechos de las asociaciones denominadas eclesiásticas, privilegiadas respecto a otro tipo de

asociaciones, nosotros estamos en ese sentido por el desconocimiento mutuo.

JOSÉ MARÍA GIL - ROBLES (FDC) —Nosotros estamos en favor de la no confesionalidad del Estado

y, al propio tiempo, de la consagración constitucional de la libertad religiosa y, por tanto, de la libertad de

asociación religiosa. Esta separación tendría que hacerse de una forma amistosa y, por tanto,

transitoriamente, llevaría algún tipo de relaciones. Probablemente también de forma duradera, en cuanto

que la asociación religiosa es un fenómeno social, además de espiritual, que el Estado no puede

desconocer.

EMILIO CASSINELLO (PSP) —El PSP propugna una separación rigurosa y una independencia muy

clara en el campo de las potestades de la Iglesia y el Estado. Creemos que la confesionalidad del Estado,

más que ser inadmisible, es perjudicial; es decir, que partimos de dos supuestos: "admitimos la libertad de

creencia en el fuero interno y que existe una amplia idea de libertad religiosa, y segundo supuesto,

independencia mutua. Esto es lo que creemos está recogido ya en espíritu y en la forma del Concilio

Vaticano II. Sobre este supuesto creemos que el acuerdo de julio del 76 derogando los privilegios de

presentación de obispos es un avance considerable sobre los presupuestos del Concordato del 58.

En cuanto al conocimiento mutuo o desconocimiento absoluto, teniendo en cuenta los factores

sociológicos en presencia en España, creemos que habrá que ir a una separación gradual, a una fórmula

gradualista de separación, que lleve precisamente a delimitar estos campos de forma clara y terminante.

Creemos que en este supuesto hay que denegar de mutuo acuerdo los artículos primero y segundo del

Concordato del 53. En cuanto al planteamiento constitucional del tema, el PSP se pronuncia por no incluir

una cláusula específica que destrone la confesionalidad del Estado: es una cosa que se da por supuesta.

¡Hay veces que los problemas se resuelven no tocándolos!

(A la pregunta, dirigida al representante del PSOE, sobre el alcance del término "laico" en la futura

Constitución del Estado, don Manuel de la Rocha precisó:

—Queremos indicar con ese término que admitimos tanto la libertad de confesión religiosa como la

libertad de no profesar ninguna religión; libertad de creencias y libertad de no creencia. Laico, pues, en

sentido global.)

CONCORDATO U OTRAS FÓRMULAS DE RELACIÓN

3.ª ¿Mantendría su partido la fórmula concordataria, la de acuerdos parciales, un estatuto unilateral de

confesiones "religiosas o alguna otra posición de relaciones ?

MANUEL DE LA ROCHA (PSOE) —Creo que el Concordato es una institución que ni siquiera

jurídicamente se sostiene hoy día, y nosotros estamos por la abolición del Concordato y de Concordatos

con las Iglesias. Las Iglesias deben definir su estatuto jurídico como sociedad en el Estado en función del

capítulo general de libertad de asociación que nosotros defendemos, y entendemos debe incorporarse a

una Constitución como parte dogmática fundamental. Hay algunas cuestiones, como puede ser el aspecto

económico del sostenimiento de la Iglesia, que dentro de esta concepción gradualista que debe

predominar políticamente a corto plazo quizá pueda ser regulada de una manera especial, pero no a un

nivel concordatario entre dos Estados soberanos, sino entre el Estado español y la Iglesia española, y con

un efecto temporal, que en pocos años pudiera solventarse de manera que la Iglesia se autofinanciara a

través de sus propios creyentes y no a través del Estado.

FEDERICO RODRÍGUEZ (UCD) —Pienso, electivamente, que no pueden estructurarse a través de un

Concordato, sino que es preferible la realización de acuerdos concretos sobre temas particulares. Sería

aconsejable llegar a fórmulas de acuerdo entre el Estado y la Iglesia o las Iglesias que tuviesen entidad

suficiente para merecer un acuerdo de esta clase. Yo me inclinaría más por los acuerdos parciales con la

Iglesia católica y acuerdos parciales con las otras Iglesias que tuvieran la entidad suficiente. Depende de

las materias: algunas sería aconsejable tratarlas directamente con la Santa Sede; otras, quizá sería mejor

hacerlo con la jerarquía nacional.

JOSÉ MARÍA GILROBLES (FDC) — Nosotros creemos que para las relaciones entre el Estado y las

Iglesias no puede acudirse a una fórmula que tiene ya un cierto sabor medieval, cual es el Concordato

entre dos potestades. Creemos que la libertad religiosa debe ser tutelada mediante disposiciones de rango

constitucional y mediante un estatuto especia) que contemple a todas las confesiones religiosas y no sólo

a la Iglesia católica. Evidentemente, para la fase transitoria es probable que sean necesarios acuerdos

parciales para salir de la actual situación de Concordato con la Iglesia católica, puesto que las demás ya

están sometidas a un régimen de igualdad y hasta llegar a un régimen común para todas. Entendemos que

ese régimen de no privilegios es conveniente no sólo para la Iglesia católica, sino también para el Estado

y para todas las demás confesiones

EMILIO CASSINELLO (PSP) —Yo creo que ya está contestada la pregunta al decir que, efectivamente,

nosotros somos partidarios de la derogación del Concordato de 53 y, consecuentemente, de todas las

disposiciones de las Leyes Fundamentales que pretenden ser coherentes con esta disposición. Creemos

que los acuerdos parciales son un avance específico, que es un camino directo que, dentro de esta fase en

la que nosotros nos planteamos el problema, podemos avanzar en este camino a través de estos acuerdos

específicos que de alguna manera vayan constituyendo el Concordato, que, como se ha mencionado aquí,

tiene un sabor específicamente medieval y completamente desfasado de los tiempos modernos. De esa

manera podríamos llegar a establecer una relación mucho más sana entre Iglesia y Estado, es decir, no

llegar a ese desconocimiento mutuo sin esa imbricación de reconocimiento mutuo, sino efectivamente

montar una relación recíproca que resultaría de beneficio mutuo sin esa imbrincación de relaciones que

hoy, creo, son negativas para ambas potestades. Tal y como está hoy la situación en la propia Iglesia,

debería tratarse la cuestión concordatoria con la Santa Sede, y cuestiones específicas y determinadas

serían probablemente planteadas, con mayor conocimiento de los datos y de los hechos concretos de la

sociedad española, con la propia Conferencia Episcopal. El fin último clarísimo sería la total igualdad de

todas las confesiones dentro del Estado español.

4.ª ¿Parece razonable a su partido que el Estado contribuya al sostenimiento de la Iglesia católica y demás

confesiones religiosas en razón del servicio social que prestan a los ciudadanos y en atención a que éstos,

en número muy notable, exigen y solicitan tales servicios?

EMILIO CASSINELLO (PSP) —Nuestra opinión es que la financiación, por lo que respecta al culto, es

una anomalía. Debemos tender a que los fieles costeen sus propios templos y lugares de culto.

En la actual etapa española hay quienes consideran que el clero cumple de alguna manera una función

social, y en razón de esto tendría aparentemente derecho a una subvención estatal. Pero manteniendo la

tesis de que tenemos que responder de alguna manera a las fuerzas reales y sociales del pueblo, somos

partidarios de establecer un calendario de subvenciones que gradualmente irían decreciendo hasta llegar

al punto en que los propios fieles se habituaran—incluso por mentalidad nueva—a la nueva situación y

que, por lo tanto, fueran aceptando sin violencia la idea de que son ellos los que tienen que sostener y

mantener el clero y el servicio religioso. Efectivamente, la Iglesia presta y desempeña un papel efectivo

en la sociedad española. Esos servicios sociales, en el fondo, la Iglesia los ha actuado en cierta manera

como potestad sustitutoria. De alguna manera todas estas funciones tienen, en algún punto y a partir de la

consagración de la neutralidad religiosa del Estado, que pasar también al Estado, inclusive desde la

beneficencia hasta los hospitales, hasta la enseñanza. Tenemos que llegar a un estadio en el que sea el

Estado el que se haga cargo de todo eso e imponga en cierta medida esa neutralidad del servicio, sin que

se encuentre teñido de alguna manera por una cualificación religiosa, Creo que será un beneficio mutuo.

El Estado debe mantenerse ajeno a toda clase de subvenciones a las iglesias si quiere conservar su

independencia y neutralidad con respecto a ellas.

JOSÉ MARÍA GILROBLES (FDC) —Nosotros entendemos que toda las profesiones religiosas prestan a

la sociedad unos servicio desde el punto de vista ético y que por esta razón a todas ellas se les debe

procurar un sistema de financiación pública y un sistema de financiación a cargo de los propios creyentes

al que antes me he referido. Estos impuestos tendría que entregarlos el Estado a las distintas confesiones

religiosas y de ninguna manera debe subvencionar directamente. Al margen de eso, la FDC es opuesta a

1a concepción del Estado, como único ente capaz de prestar servicios públicos. Entendemos que ésta es

una concepción que supone un cierto grado de totalitarismo, al menos en el terreno social, o que tiende

por lo menos hacia él, y además que conduce a un sistema burocrático, que no es de nuestra preferencia ni

mucho menos humanista. Por tanto, no ya desde el punto de vista de si son iglesias o no, todo grupo de

ciudadanos que quiera prestar o contribuir a un servicio público deberá tener las mismas subvenciones

necesarias para poder hacerlo siempre que lo haga sin ánimo de lucro y ajustándose a las prescripciones

técnicas que la sociedad, por medio del Estado, dé según el campo que se tome. Preferimos que sea la

propia sociedad quien realice, si lo desea, esos servicios para que el Estado no se convierta en una especie

de Leviatán en este terreno.

MANUEL DE LA ROCH (PSOE) —El PSOE considera que la financiación de los servicios del culto

dentro de cada iglesia corresponde a los propios fieles y debe dejar de ser una carga que se realiza a través

del Estado mediante impuestos concretos directos destinados a financiar esas iglesias. Debe escapar de

todo tipo de financiación a las comunidades eclesiásticas. Transitoriamente habrá que buscar una fórmula

para que la Iglesia católica vaya progresivamente transformando sus sistemas de financiación, de un

sistema exógeno, por parte del Estado, a un sistema autónomo, por parte de los fieles.

Por lo que hace a los servicios sociales—y tras reconocer que muchos de ellos y los más importantes han

sido realizados por la Iglesia en muchos casos con ánimo indudablemente de beneficencia— creo que

han de ser realizados por la colectividad social organizada, por cuanto que responden a necesidades

colectivas. Han de ser servicios públicos. Puntualizo lo que quiero decir: no ha de satisfacer estos

servicios el Estado de forma centralizada o de manera burocrática. Nosotros estamos por una

organización descentralizada en la colectividad. Hasta que se llegue a este objetivo, la sanidad y otros

servicios sociales de los que la Iglesia viene realizando deberán actuarse sin privilegio para las

instituciones de la Iglesia en tanto tales instituciones confesionales.

FEDERICO RODRÍGUEZ (UCD) —Se ha planteado concretamente el tema de la financiación de la

Iglesia en estos dos capítulos de subvenciones al culto, por una parte, y, de otra parte, por los servicios

sociales que pueden prestar. Yo creo que esas matizaciones son sumamente interesantes. Con respecto al

primer capítulo, entendemos que ni la Iglesia católica ni las iglesias en general debieran, como situación

general, contar con recursos públicos, estatales, etc., para su financiación. De un modo u otro deberían

financiarse con cargo precisamente a sus fieles. Que los fieles entreguen esto a través de un impuesto o

por donativos es un modo instrumental. Nosotros pensamos que, en principio, el Estado no debe

intervenir en esta financiación.

En cuanto a los servicios sociales que ha venido prestando la Iglesia y que queremos que los siga

prestando, deben, evidentemente, ser retribuidos por la Administración del Estado, aunque, a nuestro

modo de ver las cosas, debe hacerse esta financiación en la misma proporción en que se retribuyen o

financian las iniciativas de otros ciudadanos que prestan iguales o parecidos servicios.

A la pregunta formulada a todos los representantes de los partidos asistentes al coloquio de si esta

financiación estatal responde a un criterio básico o a una mera fase táctica hasta que el Estado pueda

tomar en sus manos todos loa servicios, las respuestas fueron:

FEDERICO RODRÍGUEZ (UCD) —Creo que hay un primer momento básico teórico, ideológico o

programático y es que efectivamente creemos que lo que pueda hacer el individuo asociado o por sí solo

no hay por qué confiárselo al Estado, sino que hay que estimular esta actuación del individuo o de los

grupos, de manera que se trataría de estimular esta creatividad de los grupos y las personas individuales y,

por supuesto, no sólo de grupos y personas más o menos seleccionados por un proceso histórico

perfectamente discutible.

MANUEL DE LA ROCHA (PSOE) —Consideramos que, sobre todo, los dos ejemplos que se han puesto

de la sanidad y de la enseñanza deben ser entendidos como servicios públicos y que deben ser impartidas

por el Estado, aunque en su dirección participen todos los que los hacen. Sobre todo en la enseñanza se ha

demostrado históricamente que la iniciativa privada ha sido servicio para privilegiados.

JOSÉ MARÍA GILROBLES (FDC)—Yo quería precisar que cuando nosotros hablamos de la prestación

de servicios sociales por grupos de ciudadanos no estamos discriminados entre confesiones religiosas y

demás grupos de ciudadanos. Para nosotros es tan legitimo que monte un hospital una congregación

religiosa como una cooperativa de médicos. En segundo lugar, naturalmente, estos servicios se prestarían

como servicios públicos, es decir, sujetos a las mismas exigencias de calidad y de no ánimo de lucro.

Tercero, públicos, lo que no nos parece bien es que se presten como vergonzantes. Por lo tanto, la ayuda

del Estado debe ser la misma que cuando él presta sus propios servicios públicos; lo contrario sería

reconocer que sólo el Estado debe prestar servicios público y que lo que hacen es prestar una función

subsidiaria al Estado, cuando, a nuestro entender, es al revés, es mucho mejor la prestación de los

servicios por los ciudadanos que por el Estado. El Estado ha de intervenir y obligatoriamente cuando los

grupos sociales inferiores o intermedios no llegan a prestar todos los servicios que la comunidad necesita.

PRESENCIA RELIGIOSA EN INSTITUCIONES SOCIALES

5." Miles de religiosas y de religiosos trabajan bajo uno u otro título en profesiones sanitarias o de

asistencia social... ¿Los discriminaría por su condición religiosa o por otras razones? ¿Les afirmaría los

mismos derechos y deberes? ¿Les excluiría de las asociaciones profesionales?

FEDERICO RODRÍGUEZ (UCD) —Habría que tratarlos como a cualquier otro profesional. Es evidente

que el tratamiento tendría que ser el mismo.

MANUEL DE LA ROCHA (PSOE) —Nosotros entendemos que no solamente no debe discriminarse a

estos hombres y mujeres en el tipo de trabajo que realicen, sino que en nuestra concepción hay que ir a la

profesionalización de estos servicios, de modo que los religiosos y religiosas que trabajan en los centros

asistenciales, sanatorios, en centros también de enseñanza, no deben quedar al margen de los derechos

que todos los trabajadores del sector tienen como tales trabajadores del sector; es decir, nos oponemos a

la discriminación que puedan sufrir por el hecho de ser religiosos.

JOSÉ MARÍA GILROBLES (FDC)—Por nuestra parte, creemos efectivamente que deben prestar sus

servicios en las mismas condiciones que los no religiosos, desde todos los puntos de vista, y no creemos

que deban existir los contratos hechos con las propias órdenes religiosas.

EMILIO CASSINELLO (PSP) —Creo que el religioso tiene derecho a un contrato y a la aplicación de la

legislación laboral de forma indiscriminada. A la idea de un salario inferior es un planteamiento

totalmente desfasado; por tanto, la idea de la integración de estos trabajadores en un sindicato será

completamente normal. Lo que sí hay que tener cuidado es en evitar que se practique el proselitismo

religioso, es decir, que haya allí una confusión entre trabajo y prestación de un servicio y proselitismo

religioso...

Lo delicado del tema "proselitismo" fuerza a preguntar sobre el alcance de este término en el criterio del

PSP. La respuesta fue la siguiente:

—Por proselitismo entendemos una situación cruda, comparable a la del misionero en África; pero hay

situaciones intermedias que sería difícil definir. En cuanto al proselitismo religioso en la escuela, el PSP

preconiza una escuela única, aconfesional, y propugna una pedagogía neutral. ¡Ahí sí que habría que tener

un cuidado específico y especial de manera que la enseñanza no se convirtiera en proselitismo!

JOSÉ MARÍA GILROBLES (FDC) —Nosotros entendemos que a nadie se le puede privar de su derecho

a comunicar sus ideas a otras personas, y que otra cosa es el proselitismo; por tanto, no veo la razón de

por qué no se puede hablar de sus ideas en el lugar de trabajo. Naturalmente, por este mismo principio,

estimamos que de ninguna manera se puede prohibir un tipo de enseñanza confesional, no sólo porque no

hay escuela neutra, sino porque en la enseñanza se transmite siempre el sistema de ideas y de vivencias de

quien las transmite; se está siempre transmitiendo una ideología, sea cualquiera, por mucho que se quiera

contraponer ésta; pero porque además es perfectamente lícito transmitir ideologías, desde nuestro punto

de vista, sean cuales fueren. Para nosotros, todas las ideologías son siempre respetables.

MANUEL DE LA ROCHA (PSOE) —Para el PSOE, la enseñanza ha de ser pública, lo que no se opone

al carácter plural de los contenidos de la enseñanza, y en ese sentido respetamos las creencias de los

padres y de los docentes. Sin duda que la enseñanza no puede ser neutra; pero hay que buscar un tipo de

enseñanza no confesionalizada.

FEDERICO RODRÍGUEZ (UCD) —Desde el punto de vista teórico nosotros también, creemos que,

efectivamente, las ideas por si mismas son expansivas y no se puede desconocer a nadie el derecho de

hacer participar de sus ideas a otras personas. Pero es que además en la práctica es imposible conseguir

que ninguna de estas prestaciones de servicios sea de verdad neutra. Y entonces, si no va a ser neutral, es

preferible que sea a las claras y que cada uno profese públicamente y trate de hacer proselitismo de la idea

que juzgue oportuna.

EMILIO CASSINELLO (PSP) —Da la sensación de que cuando decimos neutral es que queremos

imponer una concepción distintas del mundo. Yo creo que no, que cuando nosotros decimos que

respetamos el derecho de transmisión de las ideas y de los conocimientos, que es una libertad inalienable,

estamos todos perfectamente de acuerdo. Lo que nosotros no entendemos es que existan

condicionamientos por presiones sociales, de tal manera que, en contra de la aceptación libre del que la

recibe, se le inicie en una cierta forma de descripción del mundo. Creo que hay que desdramatizar en esto.

Se trata de una enseñanza desacralizada, siempre dejando libres a las comunidades locales ciudadanas en

la posibilidad de impartir una enseñanza religiosa para aquellos que la deseen y estén dispuestos a

aceptarla de entrada.

CAPELLANES CASTRENSES

6." ¿Le parece correcta a su partido la existencia de una jurisdicción eclesiástica castrense y la presencia

de capellanes y religiosas en las cárceles?

JOSÉ MARÍA GILROBLES (FDC)—Yo entiendo que esto necesita matización: que haya asistencia

religiosa en el Ejército y en los hospitales y en todas estas instituciones me parece imprescindible en el

supuesto de que haya fíeles que la solicitan. Que precisamente la presencia religiosa en el Ejercito tenga

que hacerse a través de la figura del capellán castrense tal y como está constituido en nuestro país eso yo

ya lo sometería a reconsideración.

EMILIO CASSINELLO (PSP)—Si; efectivamente yo estoy de acuerdo en la idea de que no se puede

negar el derecho a U» asistencia religiosa en situaciones especiales, como puede ser la cárcel, dada la

imposibilidad de que el preso salga de ella.

Pero el tema de la existencia oficial de capellanes en las cárceles, y sobre todo en las instituciones

castrenses, yo creo que debe desaparecer de modo radical.

MANUEL DE LA ROCHA (PSOE)— Los ciudadanos que cumplen una función pública de servicio en el

Ejército, en cuanto ciudadanos que tienen sus propias creencias y forman parte de una comunidad

religiosa, tienen derecho a acudir a sus lugares de culto; pero debe desaparecer, la figura del capellán

castrense, porque cumple unas funciones ilógicas dentro de la institución y ante los reclutas, lo que no

parece corresponder a una sociedad progresista. Los soldados tienen que cumplir sus obligaciones

religiosas, si lo quieren, fuera de los cuarteles...

FEDERICO RODRIGUEZ (UCD)—Creemos que los servicios religiosos deben prestarse en todas las

instituciones del Estado dando las máxinas facilidades, puesto que por especiales razones se dificulta a los

ciudadanos, en las circunstancias que aquí contemplamos, el disfrute de esos servircios. No deben, sin

embargo, ser prestados como formando parte de tales instituciones, ya que estas no tienen por misión el

prestar servicios religiosos, pero sí, reafirmo, deben dar las máximas facilidades para que los ciudadanos

de cualquier confesión puedan expresarse en el culto. Pero esto no requiere que exista la jurisdicción

eclesiástica castrense.

DIVORCIO, ABORTO, MATRIMONIO CIVIL

7. ¿A favor o en contra del divorcio? ¿Qué razones se considerarían válidas para su concesión? Postura

ante el aborto y, ante una eventual legalización, ¿ en qué casos? ¿Reconocería validez al matrimonio

civil?

EMILIO CASSINELLO (PSP) —Partimos de un principio básico, y es que el Estado debe reclamar para

sí la competencia exclusiva de la regulación del matrimonio. Somos conscientes de que el drama del

momento actual proviene muchas veces no solamente de la legislación canónica, sino también de la civil

que confunde planos.

Llegamos a la conclusión de que todo ciudadano debe ser libre para contraer matrimonio ante todo

ministro, juez o sacerdote de su confesión o creencia, sin que esto no implique el requisito registral

necesario que toda sociedad moderna impone.

En cuanto al aborto, no defendemos el aborto, sino su legalización, lo que significa controlar de alguna

manera su situación, de hecho existente en España y en todos los países del mundo.

JOSÉ MARÍA GIL - ROBLES (FDC) —Somos partidarios de un matrimonio civil general para todos los

ciudadanos, sin perjuicio de que cada uno haga el matrimonio que su conciencia o su confesión le

indique. En cuanto al matrimonio civil, entendemos que debe ser susceptible de lo que se llama divorcio

vincular en causas establecidas en la ley, de manera que no sea una aventura fácil, sino que el juez civil

considere si existe o no la imposibilidad de continuar la vida en común. Y lo hacemos atendiendo a que

hay muchos ciudadanos para los que no existen las razones que para otros, cristianos, aconsejan la

indisolubilidad del matrimonio o la hacen imperativa por razones de conciencia.

Entendemos que el aborto es un problema con el que no se puede proceder con simplificación. Dentro de

un conjunto de medidas para combatir el aborto que deberían ser el objeto de un debate nacional, habría

que considerar en qué casos muy excepcionales sería necesario prescindir de la penalización.

MANUEL DE LA ROCHA, (PSOE) —En relación con el matrimonio, el PSOE está también por la

regulación civil exclusiva por el Estado. Habrá un matrimonio civil general para todos los ciudadanos, y

con arreglo a él se producirán las diferentes consecuencias que la ley establezca para los hijos en el

régimen matrimonial e incluso para el régimen de disolución. Habrá un divorcio civil que responderá a

ese matrimonio civil. Como consecuencia de ello, cada ciudadano podrá celebrar el tipo de matrimonio

religioso al que su conciencia le lleve.

Creo que no tiene sentido ser proabortista. Lo importante desde el punto de vista del Estado y de los

poderes públicos es no imponer todo tipo de concepciones morales sino establecer los mínimos éticos que

la sociedad tiene que salvaguardar, teniendo en cuenta las consecuencias que las leyes pueden tener.

Nosotros estamos por la des penalización de ciertas situaciones de aborto, despenalización en la línea de

la regulación y control del aborto.

FEDERICO RODRIGUEZ (UCD)— Nuestro programa tiene respecto al divorcio unos párrafos expresos

que dicen: "Defendemos la estabilidad de la familia en el matrimonio como un bien no sólo para los

sujetos interesados, sino tambien para la colectividad. No obstante, admitimos que puedan darse

situaciones tales que lleven a la comunidad al convencimiento da que es precisa la regulación por el

Estado de los supuestos en que puede admitirse el divorcio."

Es decir, la primera afirmación se refiere a la estabilidad del matrimonio, sea religioso, sea civil Pero

puede darse el caso de que la regulación del divorcio se transforme en un aliciente para el divorcio.

Somos absolutamente opuestos al aborto en tanto la ciencia médico - biológica no demuestre que no hay

después de la concepción un ser vivo humano.

 

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