Según el defensor del señor Sánchez Covisa. 
 Altos cargos policiales podían conocer el funcionamiento de la fábrica de armas     
 
 Informaciones.    01/03/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 7. 

SEGÚN EL DEFENSOR DEL SEÑOR SANCHEZ COVISA

Altos cargos policiales podían conocer el funcionamiento de la fábrica de armas

MADRID, 1 (INFORMACIONES y CIFRA,

QUE presten declaración el jefe supérior de Polícia de Oviedo, don Carlos Arechina; el comisario del

Cuerpo General de Policía don Manuel Sandoval y el jefe del Servicio Técnico de Transmisiones, señor

Morilla, sobre el conocimiento que pudieran tener de las actividades que se realizaban en el piso de la

calle de Pelayo, es una de las pruebas que solicita el abogado don Roberto Reyes en el recurso contra el

procesamiento del señor Sánchez Covisa

El recurso requiere la presencia de un perito ingeniero de armamento para que dictamine si era posible

fabricar o montar armas susceptibles de ser utilizadas, en el piso de la calle de Pelayo. asi como si la

potencia de energía eléctrica existente allí era suficiente para la fabricación de las armas.

Tras definir como «rudimentario taller» al piso de la calle de Pelayo, el recurso mantiene la hipótesis de

que la cesión por el señor Sánchez Covisa de los citados locales no constituye un delito, pues, además, en

el auto de procesamiento no se declara la existencia de arma alguna fabricada en dicho taller, sino «piezas

en avanzado proceso de ejecución para montaje posterior de metralletas».

En el recurso alega que e procesamiento del señor Sánchez Covisa no procede, por no cumplirse los fines

que contempla el articulo 264 del Código Penal al que hace referencia el auto de procesamiento, y se

insiste en que las armas se hallaban en vías de fabricación y, por tanto, no sólo no existe delito

consumado, sino tampoco frustrado, ya que los fines con que iban a ser utilizada." estas armas estar aún

por demostrar.

La única responsabilidad que don Roberto Reyes admitiría para su defendido seria la de una

responsabilidad pasiva y expectante, al facilitar los locales de la calle de Pelayo, de los aue era

subarrendatario.

A juicio de don Roberto Reyes tampoco existe base suficiente para demostrar que los propósitos de «ese

taller rudimentario» de armas fueran encaminados ni a atentar contra la seguridad del Estado, ni a lesionar

los derechos de los ciudadanos.

intimidar a la población, tai y como señalan los artículos 260 y 261 del Código Penal, a los que hace

referencia el auto de procesamiento.

En el recurso de reforma se afirma también que jas actividades de Ja calle de Pelayo «no podían ser

ajenas a ciertas autoridades interesadas precisamente en el transmisor detonador a distancia que allí >¡p

estaba estudiando».

 

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