Autor: Funes Robert, Manuel. 
   Intervencionismo estatal agrario (I)     
 
 El Imparcial.    31/03/1978.  Páginas: 1. Párrafos: 4. 

Tribuna económica

INTERVENCIONISMO ESTATAL AGRARIO

El hombre común, los directores de los medios de difusión, a tenor de lo que con pena leemos en sus

editoriales, la clase política en bloque, y más de la mitad de los ministros, han creído que la reciente

elevación de los precios agropecuarios significa: que para los productos enumerados, la práctica totalidad

de la producción agropecuaria, se autoriza una elevación que por término medio no deberá pasar del 16

por 100. Y se ve que así se lo creen cuando relacionan tal incremento con los topes del Pacto de la

Moncloa, que trata de poner límites a los precios por arriba. Pues bien, en el caso del campo, esto no es

cierto. Los límites están puestos por abajo, no se trata de precios máximos en beneficio del consumidor,

sino precios mínimos en beneficio del productor. No es el 16 por 100 lo más que pueden subir... sino lo

menos que pueden subir. Así resulta que la desorientación de España es total. Y el que relaciona los

precios de garantía con la política de precios del Pacto de la Moncloa no sabe lo que dice.

Dos palabrejas descubren todo para el que conoce el mecanismo de intervención: son precios... de

garantía para la próxima campaña. No son precios de mercado, sino de garantía. ¿Y qué se garantiza?

Sencillamente, que el Estado con cargo de presupuesto, comprará en bloque las cosechas, si el mercado

no lo hace, a los precios garantizados. Con esta seguridad la oferta saldrá al mercado a precios superiores

al 16 por 100 y si el consumidor los paga, el campesino no acudirá al Estado, pero si los rechaza, ya

cuenta con la compra asegurada —garantizada— por el Gobierno. Se instaura un mecanismo en virtud del

cual el español ha de pagar, en todo caso, los precios impuestos. O directamente en el mercado o

indirectamente como contribuyente. Asómbrense los comentaristas y prepárese el Instituto Nacional de

Estadística para medir el gran aumento del coste de la vida.

Piense ahora el industrial, que se ve acusado de proteccionismo y favor, lo que para él supondría trabajar

en esas condiciones. La Seat, la industria siderúrgica, la textil, tienen que exigir un trato igual. Los coches

que el mercado rechace se los venden al Estado. La venta ha de organizarse en campañas y los precios de

garantía para la industria, impuestos por la propia industria, resolverán el problema económico de la

nación. . Por eso alguien pensó en un FORPPA para pesca. Y otro para los hoteles. Las habitaciones que

no se ocupen se las facturan al Estado. ¿Tiene sentido quejarse de poca ayuda y organizar campañas

temibles haciéndose pasar por víctimas y ciudadanos de segunda aquellos que tienen la seguridad de que

sus producciones están vendidas a precios tratados con ellos y aceptados por ellos?

La filosofía originaria de este sistema de protección inaudito, que adormece y estanca a nuestra

agricultura de este privilegio que anula el mercado para los productos agrícolas, tiene una compensación

teórica que en España no funciona.

Y es que los precios de garantía —los que regirán obligatoriamente en la compra de las cosechas por

parte del Estado si el consumidor no paga esos precios— van acompañados en cada campaña de un

sistema de precios de intervención superior los cuales, una vez alcanzados en el mercado, dan derecho al

Estado a importar para contenerlos. Los precios mínimos o de garantía del producto tienen la

compensación de los precios máximos o de intervención superior en garantía del consumidor. La relación

de precios de garantía se ha dado, la relación de precios de intervención superior se ha silenciado. ¿Por

qué? Porque no actúan jamás; porque el mecanismo de intervención está únicamente al servicio del

productor con desprecio total por el consumidor. Y en efecto, cuando el precio de mercado rebasa al de

garantía, el agricultor no ofrece al Estado el producto, lo vende y cuando en la subida llega al límite

superior, y el Estado, en virtud de lo acordado, interviene en servicio del consumidor y se atreve a

importar, se forman campañas de Prensa estruendosas, se pide el cierre del Ministerio de Comercio y se

logra que lo que se importa no llegue al mercado, sino que se pudra en cámaras o se reexporte a precio de

ruina para la nación que ni se entera de esta corrupción gigantesca. Miles de toneladas de carne importada

se pudren año tras año en cámaras porque jamás consiente el productor nacional la salida al mercado.

MANUEL FUNES ROBERT

 

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