Autor: Alarcón, Pablo. 
   Agricultura del 78: los frutos del consenso     
 
 El País.    02/01/1979.  Página: 37. Páginas: 1. Párrafos: 11. 

EL PAÍS, martes 2 de enero de 1979

Agricultura del 78: los frutos del consenso

PABLO ALARCON

Varios factores han contribuido a cerrar, por primera vez desde hace tiempo, un año agrícola bueno en lo económico,

en lo político y diríamos también en lo social si no fuera por las brigadas de jornaleros en paro que siguen deambulando

por las plazas de los pueblos del Sur.

A la cabeza de los factores que han permitido la consecución de resultados positivos figuran, sin lugar a dudas, las

condiciones climatológicas favorables que imperaron durante el año, a excepción de algunas catástrofes locales que

ocurrieron en el verano. Aunque sea un tópico, hay que resaltar ante el lector urbano que la agricultura es un negocio

a la intemperie y que para cerrar el año con más de un 8% de crecimiento real en la producción el campesino ha tenido

que mirar muchas veces al cielo y superar con éxito gran número de sobresaltos y temores. Las cosechas de los principales

cultivos han sido inmejorables y alguna de ellas, como la cebada, han batido toda clase de récords.

Tiempo habrá de analizar con detalle la evolución de resultados productivos; baste decir ahora que las rentas agrarias

se han incrementado sustancialmente y que. por primera vez en muchos años, la renta de los agricultores no ha sufrido

un retroceso en relación con las de otros sectores. Lo que interesa en este breve balance es profundizar, corno decíamos,

en los factores que, al margen del climático, han influido en el buen año agrícola que se cierra y plantear someramente

cuáles son los temas pendientes que se arrastran para 1979.

En las negociaciones sobre la tabla de precios que se llevaron a cabo en el mes de marzo está probablemente la clave de

la evolución posterior. Allí se sentaron organizaciones profesionales de agricultores más o menos representativas, enviados

de los ministerios implicados y el propio ministro de Agricultura, recién nombrado por aquellas fechas. Era la primera vez

que se ensayaba a negociar al margen de los antiguos sindicatos verticales y con todas las fuerzas que. en aquel momento,

se consideraban presentes en el sector. Lo que salió de allí fue una tabla de precios casi unánimemente aceptada y lo que es

más importante, una especie de "pacto de Atocha" para obrar, desde aquel momento, a través de algo muy parecido a lo que después

se ha llamado "consenso". Allí se pusieron las bases para empezar a terminar con la desconfianza tradicional de los agricultores

y ganaderos hacia la Administración agraria; todos hablaron, todos cedieron y todos salieron beneficiados. La verdad es que no es

extraño que el sector agrario sea pionero en consensos porque la situación de la que se parte no permite, por el momento,

mayores fiorituras de clase o de partido.

A partir del mes de marzo, las dos organizaciones más representativas (Confederación y Coordinadora) mostraron una gran

sensatez de planteamientos que ha permitido un año de calma en los arcenes de las carreteras. Ha habido, eso sí, "guerras"

parciales con objeto de presionar acciones del FORPPA y casi siempre referidas a productos destinados a la transformación

industrial. Y es que, como se ha dicho desde estas mismas páginas, hay que diseñar un FORPPA menos intervencionista.

más ejecutivo y, en definitiva, más eficaz.

El pacto de colaboración entre Administración y organizaciones estuvo a punto de romperse con las famosas elecciones a

cámaras agrarias. Estaban muy recientes las antiguas hermandades franquistas y los sindicatos vieron y ven en ellas una

clara amenaza para su propio desarrollo. Si no se eliminan pronto los antiguos resabios reivindicativos de las cámaras,

lo que se ha conseguido este año en el terreno de la mutua confianza podría perderse en los primeros meses del 79. Las

cámaras pueden ofrecer servicios importantes en el medio rural, pero poco a poco y sin extralimitar sus funciones; sólo

así se irán perdiendo los recelos que hay en contra de ellas.

Sin echar las campanas al vuelo, parece, pues, que el año se ha cerrado con calma y con sensatez, pero hay detonantes que

pueden explotar en el que ahora empieza.

El primero de ellos es la discusión parlamentaria de dos leyes importantes previstas en los pactos de la Moncloa: la de

arrendamientos rústicos y la de fincas manifiestamente mejorables. En ambas, especialmente en la última, es de prever el

tradicional enfrenta-miento entre dos Españas; en su discusión van a hacerse fuertes, sin duda, los intereses terratenientes

todavía muy importantes en el país, siendo claro, por otro lado, que los Partidos Socialista y Comunista han de dar su "do

de pecho" para incrementar su débil implantación en el campo. No va a ser fácil la transacción y mucho nos tememos que en

el palacio de las Cortes se van a oír discursos muy parecidos a los pronunciados con ocasión de la ley de Reforma Agraria

de la República. Y eso que tal reforma no está ni siquiera planteada.

Las acciones estructurales que estas dos leyes pretenden tienen como telón de fondo el problema del paro en las regiones del

Sur; los sindicatos de jornaleros que allí operan insisten una y otra vez en la gravedad del tema, sin que hasta ahora se

hayan tomado por parte del Gobierno medidas inteligentes para afrontarlo. Los organismos inversores de agricultura (principalmente

Iryda e Icona) podrían contribuir a paliar el paro estacional. También a través del fomento de los llamados cultivos "sociales"

puede conseguirse alguna mejora en la situación; pero es utópico pensar que el sector productivo agrario pueda absorber la

totalidad del paro rural. Es toda una labor de Gobierno -y muy particularmente del Ministerio de Trabajo- la que ha de

enfrentarse con el tema, y los sindicatos tienen razón al decir que es un tema envenenado.

Otra de las grandes cuestiones que habrá de afrontarse pronto en política agraria es la regulación sistemática de la agricultura

contractual. Los desajustes entre oferta y demanda de productos agrícolas perecederos no regulados son fuente incesante de

conflictos entre productores y transformadores; el FORPPA es llamado una y otra vez a resolver precipitadamente tales conflictos,

con lo que se entorpece su funcionamiento como organismo ordenador de producciones y se favorece una política de parcheo que

carece de futuro. Ligado con este tema se encuentra uno políticamente más escabroso, que es el de contar en éste y en otros

órganos de la Administración agraria con representantes auténticos de los agricultores; la desaparición de la organización

sindical del régimen anterior ha dejado vacíos los asientos reservados por la ley a los representantes del sector en numerosos

organismos agrarios. El reparto de dichos puestos entre las organizaciones profesionales, asociaciones y sindicatos no es

fácil. Por eso sindicatos y Administración han de reunirse pronto y solventar este asunto de una vez por todas, porque la

política agraria tiene que ser negociada con los interesados; no hay otra opción. Buen ejemplo de ello es el estancamiento,

por falta de comunicación, del tema de la seguridad social agraria; el Ministerio correspondiente ha de darse prisa en negociar

porque el nivel de crispación de los agricultores acerca de ello está ya llegando a límites peligrosos.

La etapa de transición a la democracia acaba al mismo tiempo que el año 78. El nuevo régimen ha de conseguir lo que se ha

logrado en todos los países civilizados del mundo: un medio rural habitable y una agricultura fuerte y eficaz. Para ello

hay que aprobar, por fin, una política agraria a medio y largo plazo que sirva de base general de actuación para cualquier

gobierno de los próximos años; si se espera que la postración del medio rural español sea superada mediante cortas actuaciones

electoralistas del Gabinete de turno es que la sociedad de nuestro país no ha entendido todavía la cuestión agraria.

 

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