Autor: Álvarez, Santiago. 
   Ante la negociación de precios agrarios     
 
 El País.    19/04/1979.  Páginas: 1. Párrafos: 28. 

ECONOMÍA EL PAÍS, jueves 19 de abril de 1979

TRIBUNA LIBRE

Ante la negociación de precios agrarios

SANTIAGO ALVAREZ Gabinete técnico FTT-UGT

El propósito de estas líneas es hacer una serie de meditaciones sobre la forma y el modo en que se están

efectuando las conversaciones de precios agrarios, además de otra pequeña aclaración dirigida

especialmente al consumidor, sobre las repercusiones en la cesta de la compra de las posibles e

inevitables alzas de precios.

Hace unos días, el 20 de marzo, apareció en EL PAÍS un trabajo sobre la importancia que supone la

fijación de precios para el sector agrario, máxime cuando éste es actualmente el único sistema eficaz para

dar oxígeno a una renta que está en clara inferioridad con respecto a la de los otros sectores. El desfase se

sitúa en el 48 % con respecto a la nacional, razón por la cual los agricultores piensan, y así lo han

afirmado repetidamente, que no pueden seguir así. Se comprende entonces la responsabilidad adquirida

por la Federación de Trabajadores de la Tierra ante sus 200.000 afiliados, a los que debe rendir cuentas de

lo que se negocia y cómo se negocia. Cuentas, además, claras, porque somos conscientes de que lo que se

juzga ahora es la supervivencia de muchas explotaciones y el derecho al trabajo de un número elevado de

agricultores.

Todos lo saben, lo sabemos, y por eso habría que hacer algunas puntualizaciones desde nuestra óptica al

sistema de trabajo adoptado por la Administración.

En primer lugar, y aunque parezca un poco absurdo decirlo, habría que pedir al Gobierno un poco más de

seriedad y coherencia con un mínimo de imaginación.

Comenzó la tabla de reuniones con un organismo, el FORPPA, al cual se le entregó un cuestionario de

propuestas para las medidas complementarias de cada producto regulado.

Se rechazó a la vez, por poco representativo, el llamado método «objetivo», basado en los resultados

económicos de una explotación tipo de la Red Contable Agraria Nacional; las razones que se

exponían se recogieron en un trabajo que el gabinete técnico de la FTT publicó en EL PAÍS el día 8 de

marzo.

El FORPPA, no sabemos si aplicando la máxima de «divide y vencerás», llamó individualmente a cada

organización para hacerles entrega de una documentación que se podría calificar de «parcialmente útil».

En efecto: la documentación del ministerio contiene una serie de «consideraciones» sobre la situación

general de la agricultura española, en donde textualmente reconoce, entre otros: «En una síntesis apretada

podríamos decir que el esquema capitalista afecta negativamente al sector agrario en tres campos:

a) En sus funciones de producción.

b) En el proceso de formación de los precios y en la situación frente al mercado.

c) En los aspectos económicos sociales relacionados con la actividad agraria.

En consecuencia, si el esquema de economía de mercado discrimina la actividad del sector agrario, es

razonable pensar que la actividad del Estado en su aspecto fiscal de gasto público debe orientarse hacia

una política de "compensación" de estos factores discriminatorios, como así viene ocurriendo en la

generalidad de los países que basan su actividad económica en el mercado libre La cuestión radica en si

esta actividad compensatoria del Estado es "suficiente", o sea, si resulta efectiva para contrapesar los

nocivos efectos del sistema de desarrollo económico basado en el mercado libre y en la libre empresa

produce en el sector agrario.»

Asombroso reconocimiento por parte del ministerio, que nos dejó a la vez entusiasmados y

desconcertados, ante unas afirmaciones tan avanzadas, conociendo el espectro político en que se

desenvuelven los dirigentes del edificio de Atocha. Sin embargo, en nuestra opinión, esto no pueden ser

mas que justificaciones del grado de intervención del Estado en el sector, y no es que nosotros nos

opongamos a la intervención del Estado, pero sí a esta clase de intervención, que nos llena de alarmas y

suspicacias, dado los intereses que cada vez con más descaro defiende el Gobierno. En líneas generales, la

documentación del ministerio reconoce más adelante:

a) «Un nivel extraordinariamente bajo de subvenciones al sector agrario con cargo a los Presu-

puestos Generales del Estado. Oscilan del 1,5 % al 1,7 % de la producción final agraria.»

b) «Estancamiento de la inversión pública en el sector agrario. ¿Es posible que con una relación del 5

% entre inversión pública y producto agrario se pueda producir el efecto multiplicador necesario para

conseguir un crecimiento de la productividad?»

c) «Estancamiento, cuando no regresión, del crédito oficial. Desde 1974, la relación entre crédito

oficial a la agricultura y a la totalidad del crédito oficial ha perdido casi tres puntos.»

d) «Discriminación notable en el arancel español, que asigna al sector agrario una protección efectiva

del 8,2 %, muy inferior al de otros sectores económicos (materiales de construcción, 28 %´, maquinaria,

30.8 %, etcétera).

e) «En el período 1971-1977, el sector agrario ha tenido un incremento de precios del producto

interior bruto inferior a la media nacional. Relacionando ambos incrementos, se aprecia un factor de

relación del 96 %. O sea, por razones de formación de precios, el sector agrario ha transferido un 4 % del

valor monetario de su producto interior al resto de los sectores económicos.»

f) «En 1975, los mercados agroa-limentarios de la Comunidad Económica Europea recibieron vía

FEOGA y vía país miembro un volumen de financiación que supuso el 14,62 % de la producción final

agraria. El equivalente español no llegó al 3 %.»

Se podría calificar esta parte de la documentación del ministerio de «argumental», mientras que el resto

adolece de una carencia de datos económicos, imprescindibles para efectuar un cálculo global, aunque sea

en primera aproximación, de la elevación de precios. Sin embargo, los argumentos citados son lo

suficientemente importantes y válidos como para que el Ministerio de Agricultura fuera el primer

propulsor de una subida de precios, no ya elevada, sino incluso meteórica. Por ello, nuestra perplejidad y

desconcierto fueron inmensos cuando la Administración propuso una inicial subida global de sólo el 9%.

Nos gustaría que se nos enseñe cómo se puede reducir la diferencia de rentas citadas con ese alza de

precios (aunque luego fuera rectificada al 12 %), apoyándose fundamentalmente en unas medidas

complementarias cuya ejecución se ha demostrado dudosa. Máxime cuando en la Constitución el artículo

130 afirma textualmente que: «Los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos

los sectores económicos, y en particular de la agricultura y la ganadería, a fin de equiparar el nivel de vida

de todos los españoles.»

La FTT presentó en la mesa negociadora un trabajo donde se hacía un cálculo de la subida global de

precios basándose en los incrementos porcentuales de los diferentes elementos que intervienen en la

composición de la producción final agraria, como gastos de fuera del sector, intereses, etcétera.

El resultado indicaba una elevación global del 16,3 %, que luego ascendió al 16,67 %, al rectificar el

ministerio la cifra de gastos fuera del sector, modificándola del 12,1 % al 13,02 %. Por este motivo se

pidió al Ministerio de Agricultura que suministrara para cada uno de los elementos citados series de diez

años, de forma que la objetividad para la comprobación del cálculo fuese máxima. Estos datos no han

sido entregados.

Como diferencia fundamental con los criterios de la Administración, adoptamos un incremento de la masa

salarial del 22 %, similar al fijado en los pactos de la Moncloa, mientras que el ministerio sólo admite el

14 % establecido en el decreto-ley del pasado 26 de diciembre; postura, aunque disciplinada con respecto

al Ministerio de Economía, a nuestro juicio irreal, ya que en el campo se están firmando convenios con

incrementos de hasta el 30 %. Más aún; el ministerio reconoce en su documento La agricultura española

en 1978 (avance) que en el último año el aumento de la remuneración de los asalariados fue del 27 %,

superior a los pactos, pero su incidencia en la tasa de inflación general no ha sido mala, pues el aumento

de precios al consumo ha descendido en más de diez puntos en 1977-1978.

Un periódico afirmó que la estadística ha sido protagonista de la primera jornada de negociaciones. Es

evidente que para negociar hacen falta números que apoyen o contradigan los argumentos; pero cuando

aquéllos faltan o se cambian de un día para otro, el diálogo se hace sumamente difícil. Se convierte en un

monólogo por parte de quien obtiene y elabora las cifras: la Administración. Si a ésta se le achacara su

falta de información en los datos, este aspecto sería lo menos grave. Lo malo es que durante las

negociaciones el ministerio cambiaba con frecuencia los números.

Ha faltado coherencia entre la misma Administración. A una mayor seriedad en los planteamientos

iniciales del FORPPA habría que oponer el baile de las estadísticas de la SGT o del Senpa, lo cual da a

los que intervenimos una penosa descoordinación. ¿Cómo se puede negociar con un ministerio que

todavía no ha publicado el anuario estadístico de 1977, que sólo hace unos días ha dado a la luz La

agricultura española en 1977, y que afirma que se han rectificado en Las cuentas del sector agrario,

número 3, la alimentación ganadera, la valoración de la producción del tomate, el consumo de

carburantes, los tratamientos zoosanitarios, y el canon de aguas para riego? ¿Qué pensar de la falta de

información sobre la rentabilidad agraria, de la cual se publicó algo en Las cuentas del sector agrario,

número uno, con unas cifras tan desoladoras que no han vuelto a aparecer?

Datos oficiosos, no confirmados, señalan un incremento de la rentabilidad empresarial, en 1970, de -50,94

%; en 1974, de -34,69 %, y en 1976,de-8,12 %.¿Porqué no se publican si son ciertos?

 

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