Texto íntegro de la instrucción reservada del Ministro del Interior a los gobernadores civiles. 
 Mano dura contra el terrorismo y la subversión     
 
 Informaciones.    28/10/1977.  Página: 12, 13-14. Páginas: 3. Párrafos: 91. 

MANO DURA CONTRA EL TERRORISMO Y LA SUBVERSIÓN

TEXTO INTEGRO DE LA «INSTRUCCIÓN RESERVADA» DEL MINISTRO DEL INTERIOR A

LOS GOBERNADORES CIVILES

MADRID, 28 (INFORMACIONES).

DURANTE la reunión que mantuvo el miércoles el ministro del Interior, don Rodolfo Martín Villa, con

trece gobernadores civiles (Álava, Guipúzcoa, Navarra, Vizcaya. Barcelona, Valencia, Sevilla, Granada,

Málaga, Madrid, La Coruña, Pontevedra y Oviedo), los dos subsecretarios del Interior y los directores

generales de Seguridad y de la Guardia Civil, les entregó una instrucción reservada, de la que ayer

ofrecimos un adelanto, en la que se especifican las directrices sobre el orden publico y la función

gubernativa. Se resumen en mano dura contra el terrorismo, los piquetes de huelga y las manifestaciones

subversivas. La contrapartida es la defensa por parte de los gobernadores de las libertades ciudadanas. La

instrucción recuerda a los gobernadores que ellos son responsables en las provincias de la política del

Gobierno, que a su vez es de la U.C.D. INFORMACIONES ha logrado hacerse con este documento

confidencial que, dado su alto interés -para la opinión pública, ofrece integro a continuación:

INSTRUCCIÓN RESERVADA DEL MINISTRO DEL INTERIOR A LOS GOBERNADORES

CIVILES

«La dinámica del proceso político y los cambios sociales que se están produciendo en el marco nacional

afectan de manera decisiva a las competencias atribuidas al Ministerio del Interior. Parece, por ello,

conveniente coordinar Jas acciones que en el ámbito de su actuación tienen encomendadas los Gobiernos

Civiles, siguiendo, en todo caso, criterios uniformes en la ejecución y desarrollo de las mismas.

En su consecuencia, y estimando la experiencia acumulada en los últimos meses, y los criterios

mantenidos en la última reunión de señores gobernadores civiles celebrada los días 6 y 7 del pasado mes

de septiembre, señalo a V.E. los siguientes criterios de actuación:

I. LEGITIMIDAD DEMOCRÁTICA DEL GOBIERNO

1. El Gobierno actual tiene su origen en la Unión de Centro Democrático, partido formado por

distintas fuerzas políticas, que ganó las elecciones generales celebradas el 15 de junio.

El Gobierno es, por tanto, un Gobierno democrático, que cuenta con el respaldo del pueblo español y que,

por ello, ostenta la mayoría en el Parlamento.

2. Sobre estas bases ha de entenderse su principal obligación, que se resume en un mandato popular

para gobernar, y en la legitimidad para ejercer la autoridad. Hay que señalar que aunque el Gobierno no

cuenta con la mayoría absoluta en el Congreso, tal mayoría es muy superior a ia que tienen algunos

Gobiernos europeos y que, sin embargo, les permite gobernar con notoria eficacia y desahogo.

3. Ya se comprende, por tanto, que siendo la U.C.D. e! partido ganador de las elecciones, y el que ha

formado Gobierno en base a la mayoría obtenida, se impone se acate !a línea gubernamental en toda

su extensión, coordinando los intereses particulares del partido con la política general programada por

el Gobierno. De ahí que se exija una perfecta síntesis entre partido y Gobierno, para llevar adelante las

responsabilidades que impone la acción política y administrativa.

4. Se impone así una absoluta seguridad por parte de las autoridades gubernativas en cuanto a la

legitimidad y respaldo de su actuación, puesto que su mandato emana de la voluntad popular,

expresada democráticamente. No solamente se tiene, por ello, autoridad legítima o legal, sino también

autoridad moral, que debe traducirse en una firme decisión de ejercerla como exigencia ineludible del

cargo que se ostenta. Es por ello que el ejercicio de la autoridad debe asentarse en el convencimiento

absoluto de que se cumple el mandato popular, expresado en las elecciones. Se corre un grave riesgo al

confundir democracia con falta da autoridad, siendo asi que solamente el ejercicio de la autoridad puede

hacer posible la democracia.

II. COOPERACIÓN CON LAS FUERZAS SOCIALES

1. Es absolutamente necesaria una cooperación pública desde la autoridad que haga posible la libertad y

la democracia, por cuanto que no debe existir un divorcio o un distanciamiento entre la autoridad —en

este caso el gobernador civil— y las fuerzas sociales.

2. No obstante ello, debe prestigiarse la imagen del gobernador civil, procurando que no sea la

"primera instancia", sino la última, evitando que como primera autoridad de la provincia sea

intermediario demasiado fácil para todas las situaciones conflictivas. Gráficamente podría decirse que el

gobernador debe estar "en su sitio".

3. Debe conseguirse un justo equilibrio entre el exceso de intervención y el defecto o abandono

excesivo de las competencias. En este sentido, el gobernador civil agotara los cauces, establecidos legal

y reglamentariamente antes de comprometer su autoridad de manera innecesaria. Para ello, dará juego a

las autoridades que le están subordinadas para que sean ellas las que, en uso de sus atribuciones, conozcan

los problemas, y, en su caso, los resuelvan. Solamente en el caso de que esta vía sea insuficiente o

fracase, el gobernador civil ejercerá su autoridad como representante del Gobierno.

4. Cabe decir que en la panorámica de la conflictividad laboral —hoy en día la más extendida— las

Delegaciones Provinciales de Trabajo deben tener una destacada intervención en todos los conflictos,

interesando, a estos efectos, fortalecer su imagen e incluso su prestigio como interlocutores válidos,

y fomentando su intervención en la mediación previa al conflicto.

III. RELACIONES CON PARTIDOS POLÍTICOS Y CENTRALES SINDICALES

1. Ante la frecuente intervención de algunos parlamentarios, representantes de partidos y centrales

sindicales, que tratan de imponer criterios diversos a las autoridades, es preciso señalar que quien

gobierna es el Gobierno. Tanto los partidos como las centrales sindicales tienen su función específica,

según sus cometidos, razón por la que no les es dado interferir la acción del Gobierno, si no es por las vías

establecidas al efecto. Habida cuenta del juego de la separación de poderes, consustancial a la

democracia, el Parlamento hace las leyes, pero el Gobierno las ejecuta, bajo la fiscalización de las Cortes,

respetándose mutuamente sus ámbitos de competencias.

2. En el orden práctico, el gobernador civil debe buscar, a nivel provincial, los interlocutores válidos en

toda situación conflictiva, sin responder fácilmente a cualquier demanda indiscriminada que puede

minimizar la propia autoridad del gobernador. Igualmente se aconseja que debe negociarse solamente

con el interlocutor válido de cada partido o central sindical que tenga debidamente acreditada su

representatividad e incluso la autoridad moral del grupo al que representa.

3. Dado que el tema asociativo en general precisa una regulación jurídica más eficaz y actualizada, el

gobernador civil, entre tanto, considerará los elementos de juicio precisos para buscar el que más

convenga a la realidad social y política, de -acuerdo con los criterios que, en cada caso, establezca la

Dirección General de Política Interior.

4. En lo referente a asociaciones políticas, se ha procedido a la inscripción de todas las solicitadas, sin

más limites que aquellas que, entre sus fines, propugnen la lucha armada, atenten contra la unidad del

Estado o no reconozcan la legitimidad democrática del Parlamento. En consecuencia, todo grupo,

partido o asociación no legalizado, debe considerarse, a todos loa efectos, fuera de la ley, no

reconociéndole personalidad e incitando la actuación del Ministerio Fiscal.

5. Consideración especial merecen los actos ilegales de las asociaciones políticas legalizadas, respecto

de los cuales debe darse inmediata cuenta al Ministerio Fiscal para la actuación procedente, y a la

Dirección General de Política Interior.

IV. ORDEN PUBLICO

1. Debe aplicarse la siguiente norma de carácter general: Amplio criterio de libertad en el terreno

de las ideas, y restrictivo e inflexible en la calle.

El gobernador civil tendrá en cuenta, con absoluta claridad y firmeza, que la perturbación callejera debe

combatirse por todos los medios legales.

2. El desorden público, expresado en cualquier forma, no solamente no ha de ser tolerado, sino que ha

de ponerse toda la autoridad para asegurar la tranquilidad de los ciudadanos. Inhibirse de esta

fundamental tarea es renunciar al papel esencial de gobernar, que es ejercer el mando legítimo con

autoridad.

3. En el terreno de las ideas, más que una intervención gubernativa, que resulta improcedente, debe

hacerse una excitación judicial, a fin de que los órganos judiciales se ocupen de las presuntas ilegalidades.

Se insiste en que el orden en la calle debe ser asegurado con medidas enérgicas, inflexibles y sin

concesión a la posible reacción favorable o desfavorable de determinados sectores de opinión. El

gobernador civil se ocupará de difundir, por todos los medios a su alcance, esta idea esencial, para que sea

conocida de los ciudadanos.

4. Se prestara especial atención a los conflictos e incidentes provocados con ocasión de encierros en

edificios públicos.

El criterio a seguir será el de máximo rigor en sentido negativo, de tal forma que las fuerzas de orden

público desalojen de inmediato a los infractores del orden, imponiéndoles la responsabilidad procedente y

pasando el tanto de culpa a la autoridad judicial. Se intentará, en todo caso, que la solicitud de

intervención proceda de la oficina administrativa que utilice el inmueble.

5. En lo referente a los encierros en lugares privados, centros de trabajo, etc., se actuará a instancias

del propietario del local o, en su caso, de la autoridad judicial, salvo que exista una clara situación de

alteración o escándalo público, en cuyo caso se procederá inmediatamente al restablecimiento de la

normalidad.

6. Como cuestión fundamental se reitera la necesidad de terminar a toda costa con la actuación

de piquetes. Sobre éstos se actuará con toda energía. -Si no se dispone de fuerzas suficientes, se

concentrarán éstas en puntos estratégicos para la detención de los piquetes; tales detenciones

deberán ser difundidas al máximo por la Prensa. Conviene que los piquetes sean puestos a

disposición judicial con el mayor acopio de pruebas posible, con el fin de que puedan seguirse

las oportunas actuaciones.

Es.de señalar que hasta el 28 de febrero de 1978 existe la posibilidad de arresto sustitutorio por el impago

de multas que procede especialmente cuando la reacción social es negativa y clara.

7. Se actuará con rigor y firmeza en cualquier manifestación que adquiera carácter subversivo

violento. No se tolerará la menor vacilación en cuanto a atentados a personas, daños o cosas, formación

de barricadas, vuelcos de vehículos, etc., precediéndose en este caso a la disolución inmediata y detención

de los más significados en tales hechos.

8. El Ministerio no permitirá en ningún caso que los gobernadores negocien la vuelta a la

normalidad a cambio de la puesta en libertad de detenidos.

9. El criterio a seguir en lo relativo a multas, se orientará en el sentido de que sean escasas en su

número, pero altas en su cuantía, sin importar que la misma rebase las atribuciones del gobernador civil

en esta materia, a cuyo fin se hará la oportuna propuesta.

V. REUNIONES Y MANIFESTACIONES

1. En cuanto a la autorización de actos públicos, se reitera la máxima libertad de ideas, frente al

adecuado control en la calle, siguiendo la normativa legal.

2. En principio, no deben prohibirse, salvo casos excepcionales, los actos públicos en cuya convocatoria

se cumplan las formalidades contenidas en la ley Reguladora del Derecho de Reunión. El límite para

denegar o suspender es-tos acto estará en el incumplimiento de la, ley, y cuantas demostraciones

atenten contra la unidad de España, la institución monárquica y las "fuerzas armadas. En tales casos,

conocerá la autoridad judicial de tales excesos.

3. Reuniones en local cerrado: Bastará que los promotores la pongan en conocimiento del Gobierno

Civil, por escrito y con antelación mínima de setenta y dos horas. El gobernador no tiene que autorizar,

sino simplemente darse por notificado, entregando un recibo acreditativo de la entrada de la

comunicación. Tales reuniones deben comunicarse por el gobernador civil al Ministerio del Interior

(Dirección General de Política Interior), para conocimiento.

4. Reuniones en lugar abierto al uso público (manifestaciones) : Se requerirá la autorización

previa del gobernador civil, que podrá recabar informe previo de la Alcaldía del municipio, debiendo

resolver con una antelación mínima de cinco días naturales respecto a la fecha de la celebración. En

todos los casos, el gobernador civil comunicará a la Dirección General de Política Interior los datos

sobre las solicitudes presentadas, por si hubiera criterio que señalar, y adelantando su juicio sobre

la posible autorización y denegación.

5. Como criterios generales, se señalan:

a) En las manifestaciones que, previa decisión del Ministerio, se autoricen, se cuidará muy

especialmente lo relacionado a su publicidad, trayectos, etc. Sus itinerarios se establecerán en zonas no

céntricas —parques, por ejemplo—, que, por su alejamiento y amplitud no ocasionen problemas

complementarios y en los que resulte fácil el desvío de la circulación rodada.

b) Se impedirá la repeti-

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INFORMACIONES

ción de manifestaciones sobre los mismos temas.

c) Las reuniones sindicales y estudiantiles se reconducirán, en lo posible, al ámbito sindical o

universitario. -d) Debe evitarse la autorización de los denominados «mitin-fiesta» en locales de uso

público, sobre todo en días festivos, por los perjuicios que ocasionan al resto de la población. Para ello se

utilizará en lo posible la legislación sobre espectáculos públicos.

6. Cuando se produzcan enfrentamientos con las fuerzas de orden público o alteraciones del orden

público, la publicación por los Gobiernos Civiles de notas objetivas, con los datos y

circunstancias de cada manifestación, reviste especial interés; estas notas, cuando el caso lo requiera,

podran ser también previas a la posible celebración de manifestaciones no autorizadas.

7. Cuando se trate de manifestaciones autorizadas, las fuerzas de orden público no solamente velarán

para que no se altere el orden, sino que facilitarán el correcto desenvolvimiento de la

reunión, por cuanto se trata de ejercitar un derecho —el de reunión—, cuya salvaguardia

corresponde a la autoridad gubernativa. Sin embargo, en la medida de lo posible la canalización de

las manifestaciones debe correr a cargo de la Policía Municipal.

Se procurará que la Policía gubernativa vigile los posibles excesos y se establezca el adecuado servicio de

información, cuando se presuma puedan existir actuaciones de grupos anarquistas, alborotadores o

terroristas, para el seguimiento e identificación de los responsables en actuación posterior a la disolución

de la manifestación.

8. La información de los excesos que puedan producirse en el ejercicio de estos derechos y que

estén tipificados en la ley de Orden Público o en las leyes penales, deberá remitirse de inmediato al fiscal

para que acuerde las actuaciones que sean precisas, todo ello con independencia del ejercicio de las

atribuciones propias de los gobernadores civiles en cuanto a imposición de las correspondientes

multas.

9. Las reuniones sindicales celebradas fuera de los lugares de trabajo deben tener, en principio,

el mismo tratamiento que las sometidas al régimen común, a reserva de la promulgación de la

legislación adecuada que modifique la existente, en principio derogada al desaparecer la

Organización Sindical.

10. Cuando se haga preciso el control o intervención en una reunión, debe nombrarse un delegado

gubernativo, incluso en las manifestaciones numerosas, para que, en contacto con los organizadores,

haga las advertencias necesarias sobre posibles actuaciones ilegales.

11. Se reitera la prohibición contenida en los Reglamentos y Estatutos de la Policía Armada y

Guardia Civil, de practicar detenciones o intervenir en cualquier circunstancia haciendo uso de autoridad,

vistiendo de paisano. Salvo casos excepcionales, autorizados debidamente por las Direcciones Generales

respectivas, esta prohibición es terminante y resultaría motivo disciplinario su contravención. Se recuerda

que la Policía Armada, con carácter exclusivamente operativo, no debe realizar funciones de información

o investigación.

12. Finalmente, es preciso señalar la necesidad de que los Gobiernos Civiles efectúen contactos con

los interlocutores válidos de los partidos, grupos políticos y entidades asociativas, a fin de que sean

los vehículos habi-

DEFENSA DE LAS LIBERTADES CIUDADANAS

LOS GOBERNADORES, ADELANTADOS DE LA U.C.D. EN PROVINCIAS

tuales de conocimiento en lo referente a reuniones y manifestaciones. No cabe duda de que a través del

diálogo pueden aclararse conceptos, buscar soluciones y llegar, incluso, a que la convocatoria pública se

haga innecesaria en algunos casos. Siempre que sea posible, estos contactos se realizarán por funcionarios

del Gobierno Civil, interviniendo personalmente el gobernador sólo en caso imprescindible.

VI. TERRORISMO

1. Cuidado especial y principalísimo se dedicará a esta plaga social, cuyas acciones rebasan

muchas veces nuestras fronteras. El terrorismo es un reto permanente a la propia estabilidad del

Estado, y la respuesta del Gobierno debe ser contundente y decisiva. A los grupos terroristas,

cualquiera que sea su ideología, o ubicación, se responderá con la guerra.

2. Se deberá tener especial sensibilidad para las informaciones sobre el terrorismo, dedicando suma

atención, en concreto a los comportamientos de grupos terroristas que ya han puesto de manifiesto

su peligrosidad, como el F. R. A. P., G. R. A. P. O., E.T.A., y en las islas Canarias, el M.P.A.I.A.C.

3. También se vigilará el resurgimiento de los movimientos anarquistas, adoptando las medidas

preventivas necesarias.

VIL FUERZAS DE ORDEN PUBLICO

1. La jefatura de las fuerzas de orden público corresponde, en cada provincia, al gobernador civil.

2. El gobernador civil debe mantener contacto directo y permanente con la F.O.P., por razones obvias,

pero principalmente porque con esta relación habitual se asegura la eficacia de la política provincial en

materia de orden público. A este respecto se recuerda que la Policía Armada es una fuerza

operativa de la Dirección General de Seguridad y, por tanto, forma parte de la Policía Gubernativa,

bajo las órdenes directas de los jefes superiores de Policía o comisarios, según los casos.

3. La Policía Gubernativa y la Guardia Civil tienen que hacer posible la salvaguardia de las libertades

ciudadanas, en la esfera de sus propias jurisdicciones, no limitando su función a la actuación represiva,

sino r-y como esencial misión— a la preventiva y antiterrorista, toda vez que, causado el daño, es más

difícil la restauración del orden perturbado y de sus secuelas.

4. Se impone que el gobernador civil apoye a las F.O.P. de su provincia, asegurando su disciplina,

su coordinación y su eficacia, y exigiendo, paralelamente, el cumplimiento exacto de su deber,

evitando tanto los excesos como las inhibiciones. Se aprovechará, en consecuencia, cualquier

solemnidad, fiesta o acto público, para que el gobernador civil pueda acreditar a las F.O.P. su

especial consideración, habida cuenta de la necesaria moral que precisan en el desempeño de su

difícil —y no siempre reconocida— misión.

5. Torturas y complacencia con el llamado terrorismo blanco, son las dos acusaciones que se suelen

hacer a las F.O.P. si bien es absolutamente improbable que se dé el primer supuesto, el gobernador civil

debe velar para que tampoco se produzca aquella posible complacencia con sectores o grupos más o

menos identificados con una idea del orden público que hay que superar. Toda actuación en este sentido

debe ser radicalmente inflexible. Las F.O.P. son las únicas fuerzas legitimadas para actuar en el

restablecimiento del orden público y en su prevención.

6. Existe una necesidad absoluta de que las F.O.P. acomoden su comportamiento a las nuevas exigencias

democráticas y se mentalicen acerca de la situación política.

VIII. ARMAS, EXPLOSIVOS Y ATRACOS

1. Debe aplicarse la legislación vigente con absoluto rigor. La actuación será .siempre restrictiva,

tanto en la concesión de licencias de armas como en la exigencia de vigilancia de polvorines, canteras,

pirotécnicas, etc.

2. En el caso concreto de polvorines se efectuará una detenida y frecuente revisión de sus

instalaciones, ordenando su cierre y clausura si no cumplen lo dispuesto en cuanto a seguridad, e

imponiendo o proponiendo multas suficientemente elevadas, cuando se produzcan robos de ma-

teriales explosivos. El expediente, en este caso, ha de tramitarse con la máxima urgencia, para

que la sanción sea ejemplarizante.

3. En lo concerniente a los atracos, se aplicará la legislación en vigor, sancionando, en todo caso, a las

entidades bancarias que incumplan las normas sobre los servicios de seguridad. También la sanción, en

este caso, ha de ser ejemplarizante, por lo que ha de ser urgente el procedimiento.

IX. DELINCUENCIA COMÚN

1. Debe dedicarse especial atención al problema de la delincuencia común, que muchas veces crea en

el ciudadano un mayor grado de inquietud y preocupación que las actuaciones políticas violentas. La

proliferación de esta delincuencia afecta extraordinariamente al orden público y debe cercenarse con

todo rigor y sin paliativos, en lo que afecta a su dimensión gubernativa.

2. Especial atención debe dedicarse al tema de prisiones, donde una actuación inmediata de las

F.O.P., normalmente, evita males mayores, en caso de graves alteraciones.

Es preciso un contacto frecuente con los directores de las prisiones, a fin de que éstos informen sobre el

cuma de las mismas, y se puedan adoptar las medidas precautorias precisas.

En todo caso, y al inicio de una grave alteración, las F.O.P. deben intervenir de forma inmediata y con

toda energía, para restablecer el orden.

X. ORDEN PUBLICO ECONÓMICO

1. Por los riesgos que comporta y las consecuencias que lleva consigo, es deber inexcusable del

gobernador civil asegurar con la máxima energía y decisión el llamado orden público económico.

2. Singular importancia reviste la prevención de conflictos que afecten a los servicios públicos y, en

concreto, aquellos que son absolutamente imprescindibles para la comunidad ciudadana, corno agua,

electricidad, pan, transporte, leche, etc.

A estos efectos, deben revisarse a fondo, o realizarse caso de que no existan, los oportunos planes de

emergencia, para que, llegado el momento conflictivo, puedan seguir funcionando los servicios públicos

con la posible normalidad y sin excesivo menoscabo de la tranquilidad ciudadana.

3. El criterio, en este caso, es un absoluto predominio y protagonismo de la autoridad provincial, sin

esperar a que la situación se deteriore o sea irreversible.

XI. PRENSA

1. Las declaraciones a la Prensa han de limitarse a lo estrictamente necesario y siempre dentro

del ámbito de las competencias del gobernador. Un exceso de manifestaciones a los medios

de difusión no sólo corre el riesgo de afirmaciones que hay que desmentir, sino que genera una imagen

demasiado ligera del Poder y de la autoridad.

2. Cuando la Prensa desvirtúe claramente hechos y actuaciones de los que el gobernador civil

tenga suficientes datos y documentación, se ejercerá el derecho de rectificación en las condiciones

señaladas por la ley de Prensa, con objeto de que los periódicos comiencen a cuidar su información.

3. Con periodicidad no superior al mes, deberá hacerse habitual el contacto con los directores de

periódicos v agencias de Prensa, así como coa los de emisoras y corresponsales; no se harán

declaraciones formales, pero sí se hablará «off the record», con el fin de que dispongan de material

informativo útil.

Todo ello sin perjuicio de lo indicado en el punto anterior y de la utilización, cuando convenga, del

sistema de notas y noticias anticipadas, que permitirá también que el ejercicio del derecho de rectificación

no tenga que convertirse en una simple costumbre.

4. Las informaciones que aparezcan en la Prensa sobre acciones presuntamente ilegales deberán,

utilizarse para posibles actuaciones judiciales.

Se pondrá en conocimiento inmediato del Ministerio del Interior toda información «te Prensa que se

suponga atente contra las F.O.P., para las actuaciones subsiguientes.

XII. ADMINISTRACIÓN LOCAL

1. Es importante entender que los Ayuntamientos y las Diputaciones gozan de una autonomía que

impide seguir considerándolas como meras sucursales de los Gobiernos Civiles. Por tanto, el

gobernador debe actuar en todo momento en nombre del Gobierno, al que representa, y no en

nombre de la provincia, cuya representación no ostenta.

2. Resulta imprescindib1e actuar con todo rigor en la defensa de la legalidad, lo que implica que

hay que suspender los acuerdos de las entidades locales cuando éstos traspasen los limites de su propia

competencia,

3. En función de lo ya expuesto, no se impedirá ni se dificultará que los Ayuntamientos y

Diputaciones se relacionen c o n la Administración central, sobre todo cuando es intención del Ministerio

del Interior el lograr poner en práctica una política desconeentradora que sitúe a los Gobiernos Civiles en

posición de poder resolver muchos de los asuntos que hasta ahora se sustancian exclusivamente en

Madrid.

4. Los Ayuntamientos que resulten conflictivos merecerán de los gobernadores civiles el trato

adecuado, reaccionando en relación a los ac toque dichos Ayuntamientos promuevan, como si de un

particular o de una asociación se tratara.

5. Si bien se ha logrado salvar la inicial campa" de ataques a la representatividad de las

Corporaciones locales, conviene prevenir posibles acciones reiterativas. Hasta que se celebren las

elecciones municipales se actuará con la idea de que las actuales Corporaciones han de mantenerse

hasta dicha fecha. Los casos excepcionales serán puestos en conocimiento de las Direcciones

Generales de Administración Local y de Política Interior, para la adopción de las medidas que procedan.

6. También ha de prestarse especial atención a las posibles dimisiones de alcaldes y Corporaciones

locales, que crearían un peligroso vacio. Estas dimisiones han de ser evitadas mediante el diálogo

y, en su caso, con la aplicación de la legalidad vigente, actuándose en este caso con los mismos

criterios que se señalan en el apartado anterior.

XIII. OTROS TEMAS

1. Iglesia.—Conviene una relación periódica con los obispos y un normal seguimiento de las

actuaciones en este terreno. Los casos especiales que puedan plantearse se pondrán en conocimiento

de la Dirección General de Política Interior.

2. Regional.—Los gobernadores prestarán especial atención a cuanto afecte a este difícil y

complicado problema. Seguirán detenidamente la documentación remitida por las Direcciones

Generales de Administración Local y de Política Interior y prohibirán y reprimirán cuantos atentados de

cualquier índole se realicen contra la unidad de Es-paña, así como todo tipo de actuaciones de carácter

separatista.

3. Campo económico.— También deberá merecer la atención de los gobernadores lo referente a

industrias nocivas, evasión de capitales, bonos y cuestaciones ilegales, etcétera. En muchos casos

resultará ejemplar la imposición de multas de orden público. Será siempre importante que el Gobierno

Civil adquiera la imagen de protector de los más débiles y de garante de la justicia.

4. Asociaciones y Colegios profesionales.- Se mantendrá un contacto lo más intenso posible con

las asociaciones y Colegios profesionales, ya que muchos de ellos tienen prestlgJo en su provincia.

Merece la pena, por tanto, emplear tiempo para ponerles en conocimiento de los propósitos políticos del

Gobierno, asi como de la necesidad de su colaboración y ayuda.

5. Estudiantiles.—En las provincias sede de centros universitarios, los gobernadores civiles

mantendrán asimismo un contacto muy intenso con las autoridades académicas, y en particular con los

rectores. En la medida de lo posible se respetará la autonomía universitaria, pero, en todo caso, se dará

cuenta de todas las extralimitaciones que se produzcan a los rectores.

Cuando se coloquen carteles que atenten a la unidad de España, contra el Rey y su familia o contra las

fuerzas armadas y de orden público, se procurará con toda firmeza que las autoridades académicas

procedan a la retirada de los mismos. Si ello no diera resultado, los carteles serán retirados por fuerzas de

orden público, cuando hayan finalizado las clases. -¿ cada fin de semana se realizará una limpieza general

de carteles y de pintadas, advir-

(Pasa a la página siguiente.)

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(Viene de la pág. anterior.)

tiendo a las autoridades académicas de la colocación de los primeros y de la realización de las segundas.

6. Pintadas.—En cualquier caso, y junto a lo indicado para los recintos académicos, los gobernadores

civiles procurarán que los alcaldes, por medio de la Policía Municipal, y de una forma sistemática,

procedan a la retirada de carteles carentes de actualidad y a borrar todo tipo de pintadas en sus

respectivos municipios.

7. Autoridades judiciales.— Hay que intensificar el contacto con las autoridades judiciales, cuyo amparo

hay que lograr por lo que a las actuaciones gubernativas y policiales se refiere. Cuando, pese a todo, se

produzcan actuaciones de las autoridades judiciales que realmente resulten inexplicables, aun dentro de la

objetividad que debe siempre presidirlas, se comunicarán las mismas al Ministerio.

No debe olvidarse el papel del Ministerio Fiscal como órgano de enlace entre el Gobierno y la judicatura,

y al que el Gobierno prestará el preciso apoyo y recabará el auxilio necesario en cada caso.

8. Problemas específicos.— Los gobernadores civiles deberán relacionarse con los Ministerios

competentes para cuanto afecte a problemas o temas de gestión especifica. Se trata con esta orientación

de descargar al Ministerio del Interior de la recepción de cuantos problemas de cualquier clase se

plantean en cada provincia. Ahora bien, cuando la solución de estos problemas se demore, y

especialmente cuando de su planteamiento pudieran derivarse consecuencias graves inmediatas, se

pondrán en conocimiento de la Dirección General de Política Interior para que ésta pueda coadyuvar a

que los Departamentos competentes o el propio Gobierno, en su caso, den la solución oportuna. De igual

manera, y por lo que al Ministerio del Interior afecta, deberán presentarse los problemas ante el órgano

que tenga atribuida la competencia sobre tos mismos,

XIV. CONTACTO PERMANENTE CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR

La experiencia demuestra la conveniencia, sobre todo en estos momentos de adaptación de actitudes a la

nueva situación, de un permanente contacto con el Ministerio del Interior, a fin de coordinar criterios de

actuación.

Sin perjuicio de la relación directa con cada uno de los centros directivos del Departamento, para

cuestiones de su específica competencia, la Dirección General de Política Interior debe ser el cauce

normal de relación para la coordinación de toda la actividad política de los Gobiernos Civiles, así como el

canal de información habitual.»

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