Libertad para el orden     
 
 Arriba.    30/10/1977.  Página: 7. Páginas: 1. Párrafos: 7. 

LIBERTAD PARA EL ORDEN

LA publicación del documento reservado por el que el Ministro del Interior, señor Martín Villa, instruye a

los Gobernadores Civiles sobre el uso de sus competencias en materia de orden público, a fin de que las

actuaciones se acomoden a las nuevas circunstancias democráticas del país, ofrece buen motivo para

algunas reflexiones al respecto. Con acierto, el Ministro llama la atención sobre cualquier posible

complacencia con sectores o grupos más o menos identificados con una idea del orden público que hay

que superar». Y en seguida previene de la "necesidad absoluta de que las fuerzas de orden público

acomoden su comportamiento a ´as nuevas exigencias democráticas y se mentalicen acerca de la situación

política".

En su conjunto, la instrucción reposa sobre la base indiscutible de que un poder legitimado en las urnas

puede y debe hacer uso de la autoridad precisa para salvaguardar la convivencia. La democracia no tiene

nada que ver con el caos o la dejación de autoridad. Por el contrario, es precisamente en la defensa- del

orden emanado de la soberanía popular donde las fuerzas de Policía tienen derecho al amplio respaldo

cívico. Cuando las leyes no sirven Intereses partidarios, sino que garantizan el trato igual y justo para

todos, nadie queda excluido de los obvios beneficios del orden.

Sin embargo, parece lógico añadir que de la misma manera que el orden —rectamente entendido y abierto

a la pluralidad de opciones— ampara las condiciones idóneas para el disfrute de las libertades

individuales y públicas, también es preciso recordar que la libertad es el clima natural del orden. Dicho

con entera claridad: un pueblo acostumbrado al disfrute del sistema de libertad es. por lo general, un

pueblo en orden. No se trata sólo de que unas organizaciones más o menos tecnificadas aseguren la

prevención y represión del delito. sino que la propia comunidad genera autodefensas en grado

significativo, tanto por los efectos benéficos del sistema educativo que se corresponde con la democracia,

como por la coacción moral que gravita contra los hechos anírsocfetes, fiesta et punto de orear un clima

de asfixia para el delito.

El orden y la libertad son, en suma, conceptos estrechamente relacionados, en la práctica inseparables;

pues ni cabe calificar de ordenada, salvo grave distorsión de elementales principios éticos, a un régimen

autocrático y no representativo, ni la libertad incluye elementos de disgregación social. La democracia no

Propicia el delito, sino que, por el contrario, lo combate con mayor rigor y mejor eficacia que los sistemas

autoritarios. En efecto, mientras para las dictaduras la persecución de, los delitos aparecen, con

frecuencia, entreverada de consideraciones políticas de adhesión o distancia al Poder, para el régimen

democrático el delito lo es por consideraciones objetivas, Je acuerdo exclusivamente con la letra y el

espíritu de las leyes y el criterio ecuánime de los jueces. Es natural, sin embargo, que el régimen

democrático —por su estatura moral más elevada— sea más propenso al ejercicio de la clemencia, que

nunca supone permisividad del delito, sino tratamiento humano del delincuente.

Por supuesto que las anteriores consideraciones debieran ir seguidas de otras, probablemente

clarificadoras, sobre las contradicciones internas del propio sistema penal, incluso en sus apariencias más

evolucionadas. £7 tratamiento dialéctico del orden público seria un buen ejercicio desintoxicador de no

pocos prejuicios atrabiliarios; pero ello nos alejaría en exceso del tema concreto que hoy nos ocupa.

El entendimiento democrático del orden público implica un manojo de ideas, muchas de las cuales, por

fortuna, aparecen ya explicita-das en la instrucción aludida del Ministro del Interior: igualdad de todos los

ciudadanos ante la Ley, plenitud de autoridad del Gobierno salido de las urnas, convencimiento de que las

¡deas —por dispares que puedan parecer respecto al común consenso, muchas veces efímero— nunca

delinquen, subordinación a una escala ética de valores en los que muy fácilmente nos pondríamos todos

de acuerdo, atención a los delitos económicos con sentido más amplio de la mera defensa de la propiedad,

defensa enérgica de las libertades lega/mente establecidas, erradicación ponderada del terrorismo,

incardinación de les fuerzas de orden público en la comunidad social y en los valores democráticos de la

misma... Parece que se dan los primeros pasos y, desde luego, el Importante documento suscrito el jueves

en Ia Moncloa por casi todas las fuerzas políticas habrá de inspirar las sucesivas actuaciones de las

autoridades responsables en este campo. Muy especialmente, claro es, al Ministro del Interior.

Las soluciones no pueden adoptarse por fragmentos, sino que deben avanzar como un todo en perfecto

equilibrio. Así, el nuevo or-den público tendrá que ser configurado en los próximos meses, tanto por las

autoridades gubernativas como por las judiciales, las educativas y el propio cuerpo social. Si todos lo

hacemos con honestidad, el resultado compensará con creces el esfuerzo, pues significará nada menos que

la plenitud de la ciudadanía para cada español, sin excepciones.

 

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