Autor: JOVELLANOS. 
   Las Cámaras Agrarias y las elecciones     
 
 ABC.    16/05/1982.  Página: 55. Páginas: 1. Párrafos: 11. 

Las Cámaras Agrarias y las elecciones

Hace escasamente cinco años, por real decreto, se recreaban las Cámaras Agrarias, cuyo

origen se remonta al pasado siglo, a 1890; pero, al parecer, algo tan viejo y tan nuevo no

satisface el afán legislativo de la actual clase política y, aún antes de que se extinga el mandato

de los elegidos para cargos directivos por primera vez desde que se rompió el sistema de

sindicalismo vertical del anterior régimen, en el cual quedaron englobadas las Cámaras, ya

existe la necesidad de una nueva estructuración.

Entre los temas a tratar en el último Consejo de Ministros celebrado en el pasado mes de abril

figuraba el de un anteproyecto de ley que sustituya al actual decreto por el que se rigen las

Cámaras Agrarias. Era asunto urgente, pues antes de terminarse, al año actual correspondía

celebrar las elecciones para la renovación de los cuadros actuales, tras los cuatro años de

mandato reglamentario.

Sin embargo, la referencia del Consejo no hizo mención alguna de que el tema hubiera sido

puesto sobre el tapete. Sin embargo, es asunto perentorio, según declaraciones del ministro de

Agricultura, don José Luis Álvarez, ya que, según acaba de afirmar, se pretende hacer las

elecciones a Cámaras antes de las generales de marzo, y parece lógico que el proyecto se

convierta en ley antes de las elecciones, so pena de que un nuevo Gobierno salido de las urnas

de marzo mande al cesto de los papeles el anteproyecto en estudio.

A primera vista podía parecer que la modificación de los Estatutos o «del régimen jurídico» de

una corporación de carácter profesional, nacida en el pasado siglo, como muchas otras que

representan actividades económicas de carácter privado, como son las Cámaras de Industria,

Navegación, Comercio, etc., tendría que ser un tema baladí; pero esto es una falsa visión.

A partir del momento en que los partidos políticos, tanto el que gobierna como los que forman

la oposición, llegaron a la conclusión de la posible influencia que las Cámaras Agrarias locales

podían tener en la política interna de los pueblos rurales, éstas se han convertido en tema de

alta política, de consensos, de compromisos, algo que merece la pena ser manipulado, algo de

la máxima utilidad para los políticos, para los partidos. Pero algo perdido para los agricultores,

para los ganaderos, para las personas que llevan una explotación forestal.

Por ello a la dase política le urge una nueva ley que estructure las Cámaras Agrarias, no vaya a

suceder, de nuevo, como en las primeras - y únicas - elecciones, que cayeron en su inmensa

mayoría en manos de profesionales independientes, sin cordón umbilical con los partidos

políticos.

Hay un párrafo en las más recientes declaraciones del ministro de Agricultura que no puede

menos de causar recelos para todos aquellos que piensan en unas Cámaras totalmente

despolitizadas, en un mero instrumento de contacto entre el profesional de la agricultura y la

Administración - sea cual fuere el modelo de Gobierno instituido - que, a la vez que ayudara en

sus gestiones al agricultor, facilitara la labor de la Administración. «En el proyecto se sientan

las bases para que los electores y elegidos sean auténticos agricultores y ganaderos», dice el

ministro.

Y no puede por menos que pensarse en aquella utópica creada a fines de dar amplio margen,

dentro de la Ley de Arrendamientos Rústicos, para que el Ministerio de Agricultura pudiera

jugar a su antojo: el profesional agrario, figura atípica bajo cuya capa todo puede cubrirse y

todo dejarse al descubierto.

Hay, sin embargo, en el decreto-ley de 1977, algo que por lo sucinto y concreto difícilmente

puede mejorarse. Se trata del artículo número cuarto, que dice así: «Serán electores y elegibles

como miembros de las Cámaras Agrarias los titulares de explotaciones agrarias.»

Así, sin más, conciso, claro, sin dar margen a interpretaciones subjetivas. No habla del

poseedor de tierras, grandes latifundios o pequeños minifundios; no habla de profesionalidad,

ni de quien trabaja la tierra, del que cobra su jornal, su salario o su sueldo; no habla de

asalariados, sean simples peones eventuales o directores de grandes explotaciones; ni de los

que figuran como dirigentes de organizaciones agrarias o de sindicatos. Habla, simplemente de

los titulares de explotaciones, sean éstas del tamaño que sea, pertenezca la tierra a quien

pertenezca, ni qué título ostente el explotador, con tal de que lo sea.

Y sólo el que figura al frente de una explotación, que vive del precio de los productos agrarios

que obtiene en la misma puede ser elector o elegido para directivo o vocal de una Cámara y

tiene el derecho de elegir. Lo demás es transformar las Cámaras en algo distinto para lo que

nacieron en el pasado siglo, que se desvirtuó en 1947 y que quiso volver a ser en 1977.

JOVELLANOS

 

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