Paros y asambleas en varias facultades. 
 La policía disolvió dos manifestaciones de protesta por el asalto armado a Derecho     
 
 El País.    31/01/1979.  Páginas: 1. Párrafos: 7. 

EL PAÍS, miércoles 31 de enero de 1979

MADRID

La policía disolvió dos manifestaciones de protesta por el asalto armado a Derecho

Paros y asambleas en varias facultades

Fuerzas de la Policía Nacional disolvieron ayer, en varias cargas, las dos manifestaciones convocadas en

protesta por el asalto del viernes a la facultad de Derecho. Habían partido del Paraninfo y de la calle de la

Reina Victoria y eran encabezadas por pancartas con la inscripción «Fuera fascistas de la Universidad»,

frase que coreaban asimismo los manifestantes. Según fuentes de la Policía Municipal participaron unas

1.500 personas en cada una de ellas, pero, según otras fuentes, sólo en la que discurrió por la Ciudad

Universitaria el número de manifestantes podría estimarse en unos 4.000.

Las fuerzas de la Policía Nacional intervinieron en distintas ocasiones para disolver la manifestación, que,

a partir de Reina Victoria, parecía dirigirse a Princesa. Los participantes en la otra manifestación se

concentraron, sobre las 12.20, ante el rectorado, que custodiaba la Policía Nacional, donde pidieron la

dimisión del rector, señor Vián Ortuño. En determinado momento, el rector dijo estar dispuesto a recibir a

una representación de los manifestantes, a lo que éstos se negaron.

Posteriormente, los manifestantes, que habían llegado hasta el monumento a los caídos, trataron de seguir

la marcha hasta el Gobierno Civil de Madrid, para solicitar del gobernador, Juan José Rosón,

explicaciones sobre la ausencia de la policía en la facultad de Derecho el pasado viernes cuando se

produjo el asalto. Sin embargo, y como queda dicho, intervino la policía y disolvió a los congregados.

Más tarde, alrededor de la 1.45, volvieron a agruparse, en número indeterminado, en la calle Mayor

Milaneses, próxima a la Capitanía General, donde fueron nuevamente disueltos por las fuerzas

antidisturbios. Según fuentes del Gobierno Civil, la policía disparó un bote de humo para disolver a un

grupo de manifestantes en la plaza de San Miguel.

Testigos presénciales, participantes en la manifestación, informaron ayer que durante el recorrido por las

inmediaciones de Moncloa fueron agredidos verbalmente por vecinos que colocaron banderas nacionales

en las ventanas. Los manifestantes replicaron a esta agresión y hubo lanzamiento de objetos contundentes

contra las ventanas. Acto seguido se detectó la presencia de un hombre, de cincuenta años

aproximadamente, vestido con una chaqueta azul y armado con una pistola entre los manifestantes.

Varios estudiantes avisaron a la policía, ante lo que esta persona armada se refugió en alguno de los

inmuebles cercanos.

Alarmas de bombas en la Universidad Autónoma

Unas horas antes, distintas voces anónimas habían anunciado la explosión de artefactos en la Universidad

Autónoma en llamadas telefónicas a dicho centro. Fuentes del gabinete de prensa del mismo comunicaron

a EL PAÍS que a pesar de la intensa búsqueda no había sido localizado ninguno de ellos. Dichas llamadas

se relacionaban con la celebración de asambleas estudiantiles en distintas facultades, a partir de las diez

de la mañana, en el curso de las cuales se había condenado el asalto a la facultad de Derecho y se

convocaba un paro académico general en el que participara, incluso, el personal no docente. La junta de

gobierno de esta misma Universidad, que se había reunido en sesión extraordinaria, difundió a mediodía

un comunicado en el que también se condenaban los sucesos del viernes.

Los alumnos de la facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca cumplieron ayer su acuerdo de

paro académico y publicaron un texto explicativo de su actitud, en uno de cuyos párrafos «recuerdan al

ministro del Interior que las únicas parabellum no son las de ETA, ni los únicos botes de humo los de las

fuerzas de orden público». La asamblea de alumnos de esta facultad exigía, en consonancia con sus

acuerdos, que el rectorado de la Universidad Complutense se constituyera en acusador particular en el

proceso y que expulsara a los agresores de la Universidad, dada su falta de cultura y de capacidad de

convivencia.

 

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