Legales, ilegales y neutros     
 
 Diario 16.    26/11/1976.  Páginas: 1. Párrafos: 5. 

Legales, ilegales y neutros

Rodolfo, don Rodolfo Martín Villa, a pesar de sus explicaciones de ayer, puede haber dinamitado el

referéndum por debajo de la línea de flotación Sus peregrinas declaraciones del otro día anatematizando

la actitud abstencionista y dando una conferencia en el estilo escolástico más decadente sobre las

esenciales diferencias entre los ángeles sin alas, los ángeles con alas, los partidos legalizables, los partidos

legales y los partidos no legali zables, puede que fuerce mañana a toda la oposi\.¿ ción —incluidos los

partidos más moderados— a adoptar una postura de abstención activa que deje al referéndum con

las vergüenzas casi al aire.

La distinción entre partidos legales, legalizables y no legalizables se ha convertido en la manzana _ de

la discordia que puede dar al traste con el referéndum. La distinción sólo tendría sentido en la lógica

autoritaria del franquismo, y por su bizantinismo recuerda otros juegos semánticos de la ; ,, época

caudillil. Escudarse en la legalidad que representa la ley de Asociación Política del pasado mes

de junio y justificar con esa base la discriminación entre partidos es moverse en la arbitrariedad

más absoluta disfrazada de norma. Aquella ley pertenece al "ciclo Arias" de la re* forma y

responde a todos Iris resabios de la dictadura.

^ El presidente Suárez dijo que quería "elevar a la categoría de normal lo que en la calle es nor¿X

mal". No cabe, en consecuencia, empeñarse en desconocer el hecho evidente de que socialistas y

comunistas están ahí, existen y se mueven, aunque no hayan pasado por la famosa ventanilla. La

alternativa es cerrar los ojos, inventarse una realidad distinta de la realidad y llevar al país a la catástrofe

por seguir jugando a los buenos y los malos. La ley de marras obliga a las asociaciones (ni una sola voz el

articulado habla de partidos1) a "conformar su actuación a las Leyes Fundamentales", es decir, a unas

normas dictatoriales, antidemocráticas, cuya derogación es condición indispensable para hablar de

democracia, como el propio Gobierno reconoce. ¿Cómo se puede pedir a partidos que durante cuarenta

años han mantenido su rechazo sistemático de la dictadura que, al final, y a dictador muerto, comulguen

con las ruedas de molino del franquismo?

La distinción entre partidos legalizados y no legalizados es una actitud farisaica propia de ciertas

mentalidades escolásticas que se mueven en las brumas de la irrealidad. Perderse a estas alturas en

silogismos jurídicos para justificar el veto de TVE a algunos partidos equivale a continuar las prácticas

del franquismo, que ignoraba lo que no le convenía. El trámite de la ventanilla parece la pequeña

venganza de una mediocridad que se siente compensada haciendo pasar por las horcas caudinas a los

enemigos de antaño.

Si la democracia es de veras el objetivo del Gobierno, que se deje en paz de distingos. Un registro

meramente declarativo en el que se inscriban todos los partidos existentes debe ser el único requisito de

legalización. Como el registro civil, donde se apuntan feos y guapos, altos y bajos, inocentes y futuros

delincuentes, y a nadie se le excluye porque le caiga gordo a alguien.

Menos tolerable es aún que se etiquete a algún partido como no legalizable porque se presume que su

actuación va a ser ilícita antes de que se hayan cometido hechos delictivos y de que ningún tribunal haya

emitido sentencia. ¿Dónde está la presunción de inocencia? Perderse en semejantes laberintos legulescos

supone perpetuar la división nacional, la distinción entre vencedores y vencidos y, lo que todavía peor,

intentar edificar la demoraría sob"1* la arena de la arbitrariedad.

 

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