Declaración del gobierno. 
 Mantener el orden público y continuar el proceso político     
 
 Ya.    21/05/1977.  Página: 5,6. Páginas: 2. Párrafos: 16. 

DECLARACIÓN DEL GOBIERNO

El Consejo de Ministros accede al extrañamiento de cinco condenados

• Tramitará otras solicitudes que se formulen

• Máxima energía en la defensa del orden y del derecho al trabajo

• Suspendido el derecho de manifestación durante el período electoral

Después del Consejo de Ministro celebrado ayer fue facilitada la siguiente declaración:

Durante los últimos días se han manifestado en diversos puntos de la nación, especialmente en el País

Vasco Navarro, un intento de deterioro del clima de orden y convivencia pacífica. El Gobierno español,

que reafirmó su voluntad de pacificar y normalizar la vida de la nación, entiende que hechos legítimos en

sí mismos están siendo utilizados por sectores extremista para sus fines particulares, con propósito de

desestabilizar la convivencia. El Gobierno, ante estas acciones, que ya fueron advertidas por el presidente

en sus últimas alocuciones a la nación, considera preciso insistir, como responsable de la política

nacional, en aquellos aspectos de los que se ha de derivar una efectiva conciliación nacional. El Gobierno

comprende que nobles sentimientos puedan reivindicar pacíficamente la amnistía como instrumento de

reconciliación y señala su coincidencia con quienes, desde una perspectiva de desarrollo democrático,

aspiran a una Institucionalización de las regiones. Estos principios figuraban ya en su declaración

programática y no se han regateado esfuerzos para convertirlos en realidad. Otros problemas concretos

que afectan al pueblo vasco, y que vienen arrastrándose desde hace más de un siglo, no han podido

resolverse en el breve plazo de diez meses y no podrán tener una solución definitiva mientras no existan

unos representantes del pueblo legitimados por las urnas.

En este momento, pues, el Gobierno considera que su actuación pública debe concentrarse en dos

esfuerzos básicos:

Primero, proteger la participación de los ciudadanos a través de las elecciones y por vía pacífica para la

consecución de procedimientos de solución de los problemas, y segundo, proteger el derecho´ de todo

ciudadano a la seguridad en su vida cotidiana, en el trabajo, en la escuela, en la percepción de sus salarios,

o en el simple disfrute de su tiempo libre. En la consecución de estos fines, el Gobierno está convencido

del respaldo que le prestan la opinión mayoritaria del pueblo y las declaraciones expresas de los partidos

(Continúa en Pág. siguiente)

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DECLARACIÓN DEL GOBIERNO

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políticos y de que sólo unas Cortes democráticas nacidas de las próximas elecciones generales pueden y

deben acometer las soluciones definitivas de todos los pueblos de España.

En cuanto a las reivindicaciones concretas del pueblo vasco, el Gobierno señala con toda claridad que no

prescinde de esfuerzos para darles la respuesta que merecen, pues no duda de. que en su espíritu late el

mismo deseo de pacificación que el Gobierno promueve.

Ha sido decidido propósito del Gobierno, desde que asumió el compromiso ante el pueblo español de

garantizar su tránsito hacia un sistema plenamente democrático a través de elecciones libres, promover o

adoptar cuantas medidas de pacificación y concordia fueran necesarias para alcanzar este objetivo.

Fiel a ese propósito, el Gobierno comenzó promoviendo el 30 de julio de 1976, a través del

correspondiente real decreto-ley, una amplia amnistía de todos los delitos de Intencionalidad política y de

opinión. Esta amnistía alcanzaba a todos los hechos anteriores al 30 de julio, con la única excepción de

aquellos que hubieran lesionado o puesto en peligro 1a vida o la integridad de la persona. Esta medida

benefició a 330 penados o presos preventivos.

El 15 de diciembre el pueblo español decidió en referéndum darse a sí mismo un futuro democrático. Esta

decisión política del pueblo llevaba consigo una nueva exigencia de reconciliación que el Gobierno no

podía ignorar. En consecuencia, el 14 de marzo de 1977 se dictaron dos decretos en los que, aparte de una

reducción general de penas, se ampliaban los límites anteriores para abarcar hechos delictivos hasta el 15

de diciembre, dejando ya solamente excluidos los condenados come autores de delitos de sangre. Estas

medidas dieron lugar a la excarcelación de 108 penados o presos preventivos, aparte de la reducción

general de panas. Para el reducido grupo de los que habrían de continuar en prisión se abrió la posibilidad

de indultos particulares o de conmutación de penas. De conformidad con ello fueron concedidos indultos

totales la semana pasada.

En estos momentos, y con respecto al pueblo vasco, quedan sin habérseles aplicado medidas totales de

gracia quince detenidos preventivos pendientes de juicio y ocho condenados como autores de delitos de

sangre. En reacción con ellos el Gobierno tiene que asegurarse de que las medidas de gracia no generen,

por acción de grupos extremistas, una nueva espiral de violencia, con gravísimas consecuencias para la

convivencia nacional, por lo que en alguno de los supuestos pendientes la excarcelación sólo puede

producirse con salida del territorio nacional y a petición de los interesados.

CONMUTACIONES DE PENAS

El Ministerio de Justicia ha recibido hoy las peticiones de cinco de los condenados para la conmutación

de la pena de prisión por la de extrañamiento fuera del territorio nacional.

El Consejo de Ministros ha estimado procedente acceder a la petición, y para ello ha iniciado los trámites

legales necesarios y las gestiones precisas con el posible Estado receptor. De la misma forma eran objeta

de tramitación las demás solicitudes que se formulen a efectos de aplicar la excarcelación por indultos

particulares o e! extrañamiento por conmutación de penas, de conformidad con aquellas normas y en

fundón de los criterios de equidad, justicia o conveniencia pública a que las mismas se refieren.

Quien examine en sinceridad y Objetividad todo este proceso de medidas, de gracia puede comprobar que

obedece a un propósito coherente de Gobierno como respuesta a la voluntad nacional de reconciliación

total, aplicando ininterrumpidamente los procedimientos legales.

El análisis sereno de los pasados acontecimientos de nuestra que existen minorías radicalizadas que

quieren impedir la celebración de las elecciones o restarles credibilidad; que tienen miedo a la expresión

de la voluntad del pueblo; que fuerzan un ambiente de violencia para anular así la posibilidad de

reconciliación; que aprovechan la manifestación popular para provocar a las fuerzas del orden porque

quieren victimas Inocentes para utilizarlas como instrumento de agitación; que en estos días y hoy mismo

han realizado nuevos incalificables actos de violencia. Muchas de estas acciones se encubren en un

objetivo aparente: la amnistía, aunque su objetivo real es impedir un proceso democrático que

evidenciaría la escasa representatividad de las minorías radicalizadas de cualquier signo. El Gobierno

tiene la seguridad de que, por mucho que hoy se presenten como defensores de un pueblo noble, ese

pueblo debe encontrar la defensa en sí mismo, en la acción de un Gobierno representativo, en la actuación

de los partidos políticos y en la solidaridad de todo el país.

El Gobierno expresa su firme voluntad de actuar con la máxima energía en la defensa del orden y del

derecho al trabajo, dado que el pueblo español, sus organizaciones representativas y los partidos políticos

han dado muestras evidentes de querer instaurar la libertad, la justicia y la democracia. En consecuencia,

el Gobierno no puede, tolerar que la violencia sea un medio de acción política. Pero en su repulsa no

puede igualar la violencia incidental provocada por desmanes callejeros con la fría y trágica realidad del

asesinato premeditado de ejemplares servidores del orden público. Y agradece, por lo mismo, que los

partidos y la opinión del pueblo vasco hayan condenado el último asesinato.

Como a toda la sociedad española, al Gobierno de España le duele que, en pleno proceso hacia el

ejercicio de la soberanía por el pueblo, la violencia continúe siendo el recurso de algunas minorías; que

ante la proximidad de una transferencia de poder a representantes legitimados por la voluntad popular, se

continúen produciendo graves muestras de insolidaridad; que pueda ser manipulado un noble sentimiento

sobre la amnistía precisamente cuando el Gobierno comparte la necesidad de concordia y la está haciendo

posible con la única condición de evitar los efectos contrarios a los que se persigue.

Por ello, a la hora de adoptar las anteriores medidas, el Gobierno ratifica su propósito de continuar la

normalización política que haga inútil la incitación a la violencia como método. Se compromete, una vez

más, a hacer posible que las aspiraciones del pueblo español se conviertan en realidad desde la

normalidad de una convivencia en la democracia. Invita a construir esa convivencia a todos aquellos

grupos y ciudadanos que creen en un sistema fundado en la paz civil y la concordia. Insiste en que de aquí

a las elecciones no debe hacerse usa del derecho de manifestación, dado que se evidencia que puede ser

utilizado por grupos extremistas. Y pide, con la convicción de que es positivo el ritmo de evolución, la

existencia de un clima que haga posible el entendimiento y la solución de los problemas en un ambiente

de diálogo. Considera el Gobierno que todo ello es un compromiso que deben aceptar en bien de la

comunidad todas aquellas fuerzas que están dispuestas a someterse al veredicto popular.

 

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