El sindicalismo español     
 
 Informaciones.    18/02/1972.  Página: 2. Páginas: 1. Párrafos: 9. 

INFORMACIONES

EL SINDICALISMO ESPAÑOL

UN Pleno de las Cortes Españolas aprobaba, ahora hace un año, la ley Sindical. La anécdota cronológica no daría pie al comentario de no ser ésta una de las leyes capitales del país. Pero a esta normativa jurídica han de acogerse casi siete millones de trabajadores, casi medio millón de empresarios individuales y cerca de dos millones de empresarios autónomos. Con unos gastos de más de 8.200 millones de pesetas anuales y con más de 15.000 funcionarios, la Organización Sindical es objeto permanente de comentario. Por añadidura, este primer aniversario de la ley Sindical coincide con la renovación de convenios colectivos en una atmósfera de tensión precios-salarios y, quizá, con una crecida de la suspicacia administrativa ante el fenómeno de la huelga.

La ocasión de estos doce primeros meses de vigencia de la ley Sindical puede dar pie a cantar sus excelencias, que, sin duda, existen. Una ley Sindical que vino a reemplazar a otra con treinta años de vigencia tenía que »er recibida con salvas de honor. Pero flaco servicio se le baria al sindicalismo español haciendo de este aniversario motivo exclusivo de loa. El mejor servicio que hoy puede nacérsele al mundo sindical es recordar las reservas con las que hace un año nació esta ley, y que en alguna medida siguen aún vigentes.

La ley tuvo una gestación sumamente difícil. Su planteamiento arrancó de 1 Congreso Sindical de 1961, y a lo largo de una década atravesó tres cambios y dos reajustes ministeriales, el Congreso Sindical de Tarragona, un informe de la O. I. T., las declaraciones de dos Conferencias Episcopales y 44 sesiones de debates en las Cortes sobre tres kilos de enmiendas (5.154). Esta prolongada gestación garantizó que se sopesaran las más amplias y dispares opiniones, pero también influyó en que se midiera al milímetro la letra de la ley que se iba construyendo, medición que en numerosas ocasiones se distinguió por un espíritu extremadamente cauteloso.

Cuando la Comisión de Leyes Fundamentales de las Cortes debatió el proyecto de ley, hubo momentos en que hasta los miembros de la ponencia —el entonces procurador don Fernando Suárez, por ejemplo— estimaron que las cautelas que iban introduciéndose en la ley podrían suponer un importante lastre para el futuro político del país. La pluralidad de asociaciones sindicales —deseada por muchos— quedó descartada en un riguroso clima de prudencia política. Pero creemos que en el ánimo de los procuradores esa prudencia se justificaba por el esperado advenimiento de otro asociacionismo, plural, que se creía inminente: el político. Recordamos cómo en aquellos días el que era presidente del Consejo Nacional de Empresarios, don Dionisio Martín Sanz, vino a decir que él observaba el equilibrio de u n a s asociaciones sindicales fuertes y unitarias con unas asociaciones políticas más flexibles y plurales. Equilibrio que el señor Martín Sanz y quienes como él pensaban, no han podido ver hecho realidad todavía. Cuando el debate del proyecto de ley quedó ultimado, fue bastante general la idea de que los procuradores —la mayoría, que con su voto lo redactó— habían puesto en pie una ley ajustada a un determinado momento político. Lo que será posible en 1980 —llegó a decirse—, no lo es en 1971, con lo que venía a reconocerse exp1ícitamente la transitoriedad del texto legal.

Ayer mismo, en el diario «Arriba», el ministro de Relaciones Sindicales aseguraba que la ley nació con «vocación de permanencia» y no de transitoriedad. Ciertamente esa vocación es propia de todas las leyes en todo el mundo. Pero reconocía a continuación que ello no obstaba para la reforma parcial de la ley a tenor de las circunstancias. Esa reforma debería irse meditando de cara al próximo Congreso Sindical —que por ley habrá de convocarse en este año— y para ir limando esas «colinas» —q u e no montañas, dice el ministro— que distinguen el sindicalismo español del sindicalismo de la Europa comunitaria.

Asuntos como el de la verticalidad de los sindicatos ya están siendo cuestionados por los propios dirigentes de la Organización Sindical. Problemas como el de las garantías de los cargos sindicales han de clarificarse, porque la experiencia demuestra q u e en ocasiones entran en colisión con otras leyes como las de Orden Público o Código Penal. La delimitación del fenómeno de la huelga es igualmente necesaria.

El propio señor Gareía-Ramal ha dicho en alguna ocasión que «para el sindicalismo español, la

suspensión colectiva del trabajo es siempre un mal social, aunque puede llegar a ser, excepcionahnente, un mal inevitable». Ese, en ocasiones, malJaevitaUe, debe ser clarificado, en principio, para que se deje de confundir sistemáticamente una huelga con un problema político o de orden público. Esta confusión está siendo detectada y señalada por los propios hombres de nuestro sindicalismo.

La ley Sindical supuso un paso adelante sobre un anterior texto legal notoriamente envejecido. Pero como toda ley, la ley Sindical aspira a la permanencia, pero no a la inmutabilidad. La votación en aquel Pleno de las Cortes del martes 16 de febrero de 1971, en que la ley fue aprobada, lo dejó bastante claro. La ley se aprobó por 451 votos a favor, pero registró 11 votos en contra (entre ellos los de dos consejeros nacionales y un procurador sindical) y seis abstenciones.

Insistimos en q u e sería injusto restarle o negarle a la actual ley Sindical posibilidades de futuro. Pero en este primer aniversario de su vigencia conviene más poner la vista en la posibilidad de su perfección que dedicarse al canto de sus indicutibles virtudes. Una gran parte del país —creemos— desea que la ley se adecúe a las exigencias de la rápida transformación d e nuestra sociedad.

18 de febrero de 1972

 

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