El derecho a la seguridad     
 
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EL DERECHO A LA SEGURIDAD

largo y doloroso rosario de actos delictivos han llevado al Un Gobierno a plantearse con urgencia un Plan

de Potenciación y Reforzamiento de los Servicios Policiales, como primera respuesta al replanteamiento

a toda la sociedad española ante la escalada de violencia del más variado signo. El Ministro de Interior, en

recientes palabras, ha sido tajante: «Los ciudadanos tienen derecho a la seguridad. Y nosotros tenemos la

obligación de dar satisfacción a ese derecho.» Desde este supuesto, la actuación y el enjuiciamiento de la

Policía se medirá básicamente por la eficacia y competencia profesional en la prevención y represión de

la delincuencia y la criminalidad comunes en sus distintas formas y modalidades.

La sociedad española de esta hora ha lanzado un ahogado SOS de peligro ante la alarmante realidad

cotidiana. En los últimos tres meses, sólo en Barcelona fueron denunciados ocho raptos seguidos de

violación; en el pasado mes de septiembre, 1.522 turismos fueron sustraídos en Madrid, aunque en su

mayor parte recuperados; en los nueve primeros meses del año, en Madrid y Barcelona se totalizaron un

total de 74 atracos a entidades bancarias, de los cuales únicamente fueron descubiertos y esclarecidos

hasta la fecha 34... Y así podríamos abrumar al lector con un recuento que pone muy a las claras el hecho

cierto de un aumento considerable de la espiral delictiva. Por ello, la mayoría ha recibido con alivio las

palabras de Rodolfo Martín Villa, en las que ha hecho un pequeño esbozo sobre las lineas maestras de la

potenciación de los servicios policiales a muy corto plazo.

Las grandes ciudades y en los núcleos importantes de población se aumentan considerablemente el

número de comisarías y de sus correspondientes compañías de guarnición. En una primera fase, esta

operación concreta alcanzará a todas las capitales de provincia, a ciudades de más de 100.000 habitantes y

a las grandes áreas metropolitanas de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao. Se extenderán los servicios

de 091, que actualmente funcionan en 14 capitales de provincia, a las 38 restantes, así como a otras

quince ciudades con más de 100.000 habitantes. Se extremará el control y vigilancia sobre armas y

explosivos de acuerdo con las disposiciones dictadas recientemente por el Consejo de Ministros. Se

intensificará el control sobre los extranjeros, cuyos medios de vida y ocupación induzcan a fundadas

sospechas sobre la posible comisión de actos delictivos. Se reforzará la colaboración con las policías

municipales y con los miembros del nuevo Servicio de Vigilancia Nocturnos, cuya implantación, como se

sabe, es obligatoria en las capitales de provincia, poblaciones con más de 100.000 habitantes y grandes

áreas metropolitanas. Se acentuará la vigilancia de la Policía Armada en las calles y barrios, para que «su

presencia infunda la necesaria confianza en la población —son palabras textuales del Ministro del

Interior—, no sólo en situaciones conflictivas, sino preferentemente de normalidad». Las acciones

enumeradas anteriormente se encuadran en ese Plan de Urgencia al que hacíamos alusión al principio de

estas líneas, y no son, ni mucho menos, todas las que contempla éste, pero creemos que dan una idea de

los propósitos gubernamentales sobre este candente tema.

Este brote delictivo que ahora mismo nos aqueja aconsejaba ciertamente modernizar nuestros

dispositivos policiales para devolver la tranquilidad a la calle y redoblar la eficacia de ios hombres

encuadrados en las fuerzas del orden público que, desde siempre e incluso en plano internacional, han

gozado de un merecido prestigio por su eficiente trabajo. Pero en la actualidad no es suficiente el talento y

la dedicación para luchar contra la ola delictiva; hacen falta medios materiales de todo tipo y un

concienzudo estudio de los nuevos perfiles que la delincuencia presenta en las sociedades prósperas y mo.

 

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