Hacia la plenitud de un estado de derecho     
 
 ABC.    16/09/1976.  Página: 3. Páginas: 1. Párrafos: 8. 

HACIA LA PLENITUD DE UN ESTADO JE DERECHO

16- septiembre- 1976

Su Majestad el Rey honro ayer con su presencia la tradicional y solemne apertura de Tribunales con que,

de manera oficial, da comienzo el ano judicial. En el acto, presidido por el Primer Magistrado dt la

nación, pronunció un importante discurso el ministro de Justicia que no soto por su valor teórico y

doctrinal, sino por la incidencia que, sin duda, va a tener en una próxima realidad legislativa española,

debe ser comentado.

Parte don Landelino Lavilla, ministro de Justicia, de una consideración, siempre defendida desde estas

mismas columnas: la defensa del Estado de Derecho y la urgencia de poner en práctica los presupuestos

que deben darse en todo orden institucional que pretenda ser calificado como tal. Así, el reconocimiento

de los derechos públicos subjetivos, el otorgamiento a los particulares de medios idóneos para su defensa,

la constituctonalidad de la Ley, la plenitud jurisdiccional y el cabal sometimiento de la Administración a

la Ley.

Todo ello exige y comporta «la existencia de una justicia independiente que asuma, con plenitud, la

función jurisdiccional, a partir de la afirmación del imperio de la Ley, expresión de la voluntad soberana

del pueblo y dotada de primacía en la articulación, jerárquicamente estructurada del ordenamiento

jurídico*.

Es, pues, principio fundamental la independencia de tos jueces. Pero también lo es la derogación de

aquello» órganos para judiciales que sí bien están proscritos en casi todas las constituciones del mundo y

también en la nuestra, tienen, sin embargo, una existencia real.

Nos parece de U máxima importancia el subrayado que el propio señor Lavilla hizo de la legalidad del

actuar administrativo. De alguna manera dejó entrever una próxima ley regulador» de la potestad que

tiene la Administración para sancionar, en la que desaparezcan, por ejemplo, las privaciones de libertad

como sustitutorias de sanciones pecuniarias impagada a.

En el pensamiento de nuestros gobernantes está no sólo la democratización de las instituciones políticas

españolas, sino la sumisión de todas ellas, de loa actos que de ellas emanen y de aquellos que realicen

gobernantes y gobernados, al imperio de la Ley. Cuyo intérprete e« el juez, y sólo él, quien tiene de modo

pleno e independiente que proclamar en cada caso concreto.

Todo ello de urgente necesidad por «la agobiante invasión administrativa de todas las esferas de k vida

social en detrimento de la capacidad protectora de la libertad», lo cual requiere, como contrapeso, cuna

fuerza que se preocupe de que loa valores superiores del Derecho y del orden permanezcan protegidos».

Esa fuerza sólo puede ser el juez.

Si estos principios, ayer proclamados ante el Rey como inspiradores de la futura acción de nuestros

gobernantes, sfi traducen en medidas concretas, inscritas no sólo en el papel del «Boletín Oficial», sino en

la conciencia de los ciudadanos y en su cotidiano actuar, habremos dado eS gran paso que necesita el

nuestro para configurarse, definitivamente, como un Estado de Derecho.

 

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