En un "dossier" enviado a los grupos parlamentarios. 
 El Gobierno propone la reforma de la ley de orden público y de la policía  :   
 Asimismo, se modificarán en Código de Justicia Militar y las leyes de prensa, reunión y asociación. 
 Informaciones.    12/10/1977.  Página: 3-4. Páginas: 2. Párrafos: 66. 

EN UN «DOSSIER» ENVIADO A LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS

Ei Gobierno propone la reforma de la ley de Orden Público y de la Policía

MADRID, 12 (INFORMACIONES).

UNA nueva ley de Orden Público, otra de la Policía Nacional, una ley de defensa de la democracia contra

el terorrismo, y nuevos textos legales que regulen los derechos de reunión y asociación, serán los temas

el palacio de la Moncloa,. El Gobierno ha, enviado a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios

un dossier» de diez folios de extensión en el que se incluyen una serie de propuestas en materia política.

ASIMISMO, SE MODIFICARAN EL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR Y LAS LEYES DE

PRENSA, REUNIÓN Y ASOCIACIÓN

En la reunión de la Moncloa, mañana, se procederá a la constitución de comisiones de trabajo, para

continuar el estudio del temario que quedó pendiente el pasado fin de semana, en la primera reunión de

los líderes políticos y el señor Suárez en la Moncloa. Según ha podido saber Europa Press —que ayer

consiguió el «dossier. enviado por el Gobierno a los grupos parlamentarios—, estas comisiones abordaran

la readaptación de una serie de normas legislativas a la nueva situación democrática. También es probable

que el jueves se celebren dos reuniones paralelas en la sede de la Presidencia: una. para tratar temas

económicos, integrada por expertos en la materia, y que tendrá como base el programa de saneamiento y

reforma económica, y otra, para analizar exclusivamente los temas políticos.

EX «DOSSIER» DEL GOBIERNO

Según el «dossier» enviado por el Gobierno a los grupos parlamentarios, que lleva por título «propuestas

de posibles reformas legislativas», y cuya extensión es de 10 folios, los temas que se van a tratar en la

citada reunión son los siguientes: Reformas parciales y urgentes, reformas con el consenso de los

partidos, Estatuto Jurídico de la Televisión y la propuesta de una nueva ley de Orden Público, ley de la

Policía Nacional, ley de Defensa de la Democracia contra el Terrorismo, libertades Públicas y Derecho de

Asociación.

REFORMAS PARCIALES Y URGENTES

El «dossier» enviado por el Gobierno a loa grupos parlamentarios, como preparación para la próxima

reunión de mañana en la Moncloa, señala que deben abordarse determinadas reformas parciales y

urgentes, relativamente sencillas, y que consistirán en muchos casos en la pura adaptación del

ordenamiento jurídico a las exigencias propias de la adecuación al sistema democrático. Dentro de este

grupo se encuentra un conjunto de medidas legislativas encaminadas a lograr un adecuado nivel de

libertades públicas hasta el momento de entrada en vigor y desarrollo de la futura Constitución. Estas

medidas comprenderían derogaciones parciales y modificaciones en las leyes de Prensa, reunión,

Asociaciones, Orden Público, etc.

Estas reformas serían para sustituir los controles previos de naturaleza administrativa

0 gubernativa de las libertades públicas, por controles «a posterior!» respaldados por lo que determine el

Código Penal. En este aspecto, resulta inaplazable la reforma de dicho Código en: delitos contra la

seguridad del Estado, contra las Leyes Fundamentales y referencias al Movimiento Nacional, delitos

cometidos por los funcionarios públicos contra el ejercicio de los derechos de la persona, propagandas

ilegales, asociaciones ilícitas, etc.

REFORMAS CON EL CONSENSO DE LOS PARTIDOS

El restablecimiento de las libertades públicas y la consolidación de un orden democrático en libertad

necesitan una serie de reformas inmediatas y simultaneas que requieren el consenso de los partidos con

representación parlamentaria. Estas reformas serían:

— Reforma de las fuerzas gubernativas de Orden Público y Seguridad, robusteciendo su dependencia

civil, operatividad, modernización y adaptación a los nuevos modos de la sociedad democrática.

— Es indispensable una Justicia democrática, independiente y única, que esté en condiciones de

asumir la funcionalidad y rapidez exigidas por el nuevo papel que la Justicia ha de desempeñar.

— Modificación del Código de Justicia Militar en determinados artículos, reforma que debe responder

a una reducción adecuada del fuero militar, tanto por razón del delito, del lugar o de la persona,

ajustándolos al ámbito militar. Se ha de evitar la duplicidad de figuras delictivas coa el Código Penal

común (rebelión, sedición y terrorismo) e introducir dentro del procedimiento militar las garantías

necesarias en materia de recursos.

— Estas medidas deben ser completadas con una ley especifica de defensa del orden democrático frente

al terrorismo organizado, tanto de la derecha autoritaria como de la izquierda revolucionaria, que emplee

medios violentos contra la vida, libertad, integridad y seguridad de las personas. Sin desarmar el

terrorismo organizado, la consolidación de la democracia puede peligrar. Para afrontar este peligro resulta

indispensable dotar al Estado de los instrumentos Jurídicos necesarios en la misma línea que las

democracias occidentales.

LAS MEDIDAS DEBEN SER COMPLETADAS

Todas estas medidas enunciadas deben ser completadas con otras que permitan el desarrollo en la

legalidad de una sociedad democrática adecuada al desarrollo alcanzado por la sociedad española. Entre

los objetivos que se contemplan en estas otras medidas, destacan las siguientes:

— ES replanteamiento de la posición de la mujer y la familia en el ordenamiento jurídico. Esta posición

resulta Inadecuada al papel que desempeña la mujer en la sociedad y requiere una pronta acción en tres

campos: en el orden penal, suprimiendo las discriminaciones existentes (despenalización del adulterio,

amancebamiento, anticonceptivos, revisión de figuras delictivas, como estupro, rapto, prostitución, etc.);

en el orden civil y familiar, reconsiderando el régimen actual de filiación (suprimiendo discriminaciones

entre hijos legítimos e ilegítimos), nuevo régimen económico matrimonial, gestión administrativa y

dioposición conjunta de bienes; en el orden procesal, introduciendo la figura de los «Jueces de familia.»

con competencia unitaria sobre esta, materia y atención especial al problema de los menores, lo que

implicará una reforma del anacrónico régimen de protección de menores hoy vigente.

— Resulta importante abordar el tratamiento adecuado de la corrupción, con. la creación de los

mecanismos necesarios para defender la moral pública en las zonas abandonadas. Comporta una revisión

y actualización de las figuras tradicionales de cohecho y malversación, todas lea formas sociales de

obtención ilícita de lucro a causa, del desempeño de I unciones públicas, la utilización indebida de

información oficial o datos a los que se tiene acceso, para fines lucrativos privados.

— Otro objetivo importante será la protección civil de la persona y su intimidad, frente a injerencias

ilícita» del Estado y la sociedad, el derecho a la imagen, los actos de disposición sobre el propio cuerpo,

tratamientos médicos y quirúrgicos, uso público de cartas y documentos confidenciales, etc.

ESTATUTO JURÍDICO DE LA TELEVISIÓN

— Otro objetivo que se considera importante es la aprobación de un Estatuto jurídico de la Televisión,

que garantice el derecho & la información plural y objetiva. La responsabilidad del funcionamiento de la

televisión debe ser del Gobierno, pero el control democrático sobre la misma debe ser parlamentario a

través de un Consejo en el que estén presentes diputados y senadores, así como representantes del

Gobierno.

— En lo que respecta a las modificaciones del Código Civil, habrá que dar especial importancia al tema

del matrimonio, con idéntica regulación en cuanto a contenido y efectos, sea cual fuere su forma. Se habla

en el «dossier» de la figura del divorcio concebido no como sanción de un cónyuge inocente sobre otro

culpable, sino como remedio de aquellas situaciones en las que el vínculo familiar aparezca

irreversiblemente roto.

— Habría que tratar la ley de Peligrosidad Social, dando a las medidas de seguridad predelictivas

carácter de medidas administrativas de buen gobierno o asistenciales. Las medidas posdelictivas deberán

incorporarse al Código Penal formando un sistema coherente.

— Se introducirán nuevos tipos de delitos para protección del medio ambiente, del orden económico,

contra la utilización abusiva o fraudulenta de medios de pago, delitos contra la hacienda pública, nueva

concepción de delitos monetarios y de contrabando, etc.

— Es necesaria la adecuación de la ley Sobre Secretos Oficiales a las necesidades de la situación actual.

— No paralizar las reformas más ambiciosas.

Los objetivos parciales de política legislativa —dice uno de los documentos del «dossier» conocido por

Europa Press— que deberán abordarse a corto plazo no pueden paralizar las reformas más ambiciosas y

complejas de nuestros Cuerpos legales. Al contrario, habrá que combinar la reforma sistemática de largo

alcance con la parcial e inmediata, procurando que las modificaciones pequeñas y rápidas puedan,

insertarse sin dificultad en el todo final.

Una vez aprobada la Constitución, se deberá hacer una nueva ley orgánica del poder judicial coherente

con las nuevas pautas constitucionales y una reforma global de las leyes de enjuiciamiento civil y

criminal para la consecución de una justicia rápida. independiente y eficaz.

PROPUESTAS CONCRETAS

En concreto, las propuestas que se formulan en el «dossier» son, entre otras, las siguientes:

Orden Público.

La legislación de Orden Público precisa de una renovación profunda por tratarse de una normativa que ha

quedado anticuada por la dinámica social y política de nuestro país. La nueva estructuración de este sector

deberá abarcar una nueva ley de Orden Público, una ley reguladora de la Policía Nacional y una ley de

defensa de la democracia contra el terrorismo.

El Gobierno propone la reforma de la ley de Orden Publico y de la Policía

1. Nueva ley de Orden Público.

Sus líneas principales podrían ser las siguientes:

— Nuevo concepto del orden público y de los actos contrarios al mismo, asentando aquél sobre el libre

y pacífico disfrute de las libertades públicas.

— Nueva regulación de la función gubernativa, especialmente en su aspecto sancionador, dotando a las

sanciones de las debidas garantías jurídicas.

— Una regulación de las situaciones de emergencia (tales como catástrofes naturales, desabastecimiento

de poblaciones, paralización de servicios públicos, etc.) que permitan a la autoridad gubernativa controlar

al máximo la situación con las mínimas restricciones en el sistema de garantías ciudadanas.

— Reservar el estado de excepción para situaciones extremas de gravísima y generalizada perturbación

del orden publico.

2. Ley de la Policía Nacional.

Podría apoyarse en las siguientes lineas esenciales:

__ Estructuración de la Policía Nacional en dos grandes sectores: a) Cuerpo General de Policía de

carácter civil y encargada fundamentalmente de la investigación criminal, y b) Policía Armada y Guardia

Civil, de carácter militar, como Cuerpos operativos para el mantenimiento de la paz pública, seguridad

ciudadana, ejercicio de los derechos y libertades y guarda y custodia de los espacios urbanos y rurales.

"LOS Cuerpos militares de la Policía Nacional operarían sobre la base de una distribución funcional y

territorial de competencias.

Unificación del mando supremo de todas estas Fuerzas en el ministro del Interior y más inmediatamente,

en un´ director de la Segunriad del Estado.

Creación de unidades especiales de Policía Judicial para el servicio directo de la labor encomendada a los

jueces y Tribunales.

3. Ley de defensa de democracia contra el terrorrismo.

Siguiendo la línea marcada por otros países inequívocamente democráticos, se impone una legislación

especial frente al terrorismo que debería abarcar los puntos siguientes:

Definición de los actos terroristas y de las asociaciones constituidas con estos fines o que los pongan en

practica.creación de una unidad policial especifica, que bajo el oportuno control judicial tenga

atribuciones prerrogativas especiales

Entre ellas:.

-posibilidad de prolongar las detenciones Preventivas.

-posibilidad de prescindir del previo mandamiento judicial para registros en casos graves o de urgencia.

-posibilidad de incomunicación de los detenidos y encarcelados por estas actividades

-posibilidad de autorización judicial para escuchas telefónicas y observaciones postales a personas

sospechosas de actividades terroristas.

-posibilidad de prohibición de la interferencia de los medios de comunicación social en la actividad

judicial contra actos terroristas, incluido en su caso el secuestro informativo de informaciones y noticias

sobre los mismos.

- posibilidad de establecimiento de excusas absolutorias o atenuaciones de pena para quienes, implicados

en actos terroristas, colaboren eficazmente en el descubrimiento, identificación y detención de miembros

de organizaciones de este carácter.

b) Libertades públicas.

1. Derecho de reunión.—La nueva ordenación de este derecho podría estar inspirada en estos

principios:

— Régimen de libertad para las reuniones en local cerrado, con comunicación previa a la autoridad

administrativa.

— Régimen de libertad para las reuniones en lugares abiertos o recintos cerrados con capacidad

para grandes concentraciones humanas, con comunicación previa a la autoridad administrativa.

En ambos casos, posibilidad por parte de la Administración de disolver los actos si durante su desarrollo

se producen graves alteraciones del orden o se comete o intenta cometerse algún delito.

2. Derecho de asociación.

Su nueva regulación puede apoyarse en lo siguiente:

— Un texto único sobre el régimen legal del derecho de asociación, sin perjuicio de leyes especiales para

algunas cuya especifica naturaleza así lo exija.

— Regulación sucinta de su organización interna a fin de que se ajuste a criterios democráticos de

funcionamiento.

— Inexistencia de autorización administrativa previa. La Administración recibe el depósito de los

Estatutos, sin que en ningún caso tenga facultades de calificación a efectos de inscripción. Al órgano

judicial corresponde decidir sobre aquellos supuestos de posible legalidad, suspensión o disolución.

— Decisión judicial para la suspensión o disolución de las asociaciones cuando éstas realizaran

actividades ilegales o fueran procesados o condenados asociados cuando actuaran en nombre y por

cuenta de aquéllas.

— Establecimiento de un proceso judicial sumario para conocer de estos supuestos, ante la jurisdicción

ordinaria.

Finalmente, se ha sabido que los representantes que asistirán a esta reunión con el presidente del

Gobierno, son don Felipe González, don Plácido Fernández, del Partido Socialista Obrero Español; don

Santiago Carrillo, del Partido Comunista Español, y por el grupo mixto, los señores Morodo, Tierno

Galván y Moran.

12 de octubre de 1977

INFORMACIONES

 

< Volver