Consejo de Guerra contra ocho policías armadas y guardias civiles. 
 Petición del fiscal: 32 años de cárcel y 6 meses de prisión militar  :   
 Llamó la atención sobre el Real Decreto de indulto al personal de las Fuerzas Armadas. 
 El Alcázar.    21/07/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 49. 

Consejo de Guerra contra ocho policias armadas y guardias civiles

PETICIÓN DEL FISCAL: 32 AÑOS Y 6 MESES DE PRISIÓN MILITAR

• Llamó la atención sobre el Real Decreto de indulto al personal de las Fuerzas Armadas

A bu nueve y media de la mañana de ayer comenzó el Consejo de Guerra contra ocho policías armados y

guardias civiles, en el Gobierno Militar de Madrid.

Asistieron un centenar de personas, y la sala no estaba llena. La mesa quedó formada por el presidente,

coronel de la policía armada, don Rafael Patero Beltrán; vocal ponente, el comandante don Jesús

Balendaga Denojar; y por tres vocales, don Jesús Santiago Manzano, don Saturnino Moreno Lozano, y

don Antonio Marcos Vireg.

El fiscal es el teniente coronel de artillería don David Méndez Mercader, y tos defensores son: de los

cuatro policías armadas, tos comandantes Miguel Delgado Daza, José Monge Huarte y el capitán

Bernardo Vidal García, de los cuatro guardias civiles: los comandantes Juan Pérez de la Casta, Enrique

Bozas González, Francisco Alvarez Sancho y Miguel Caballero Montes.

LECTURA DEL APUNTAMIENTO

En primer lugar, el presidente del Tribunal pidió al juez instructor que leyera el apuntamiento. La lectura

duró treinta minutos. El juez instructor leyó en primer lugar las declaraciones de don Diego Añero, uno de

los encausados, sobre las condiciones en que se desarrollaron los incidentes de la Plaza de Oriente, la

manifestación ante el Ministerio de la Gobernación, y sobre las agresiones al general Chicharro,

subinspector de la Policía Armada.

Posteriormente leyó las declaraciones de José García Macías, guardia civil encausado, sobre como se

entero de la manifestación por rumores en el acuartelamiento, y la consideración de justas las

reivindicaciones que presentaron los convocantes de la manifestación. Acto seguido leyó las

declaraciones de José Pérez Gutiérrez, otro guardia civil procesado, en las que describe la reunión

preparatoria de la manifestación, y la reunión de la Casa de Campo en la que elaboraron el escrito de las

reivindicaciones, y a la que asistieron, según declaró,, cincuenta o sesenta compañeros. Después siguió la

policía armada Manuel Rodríguez Martínez, en la que asegura que intentó impedir las agresiones al

general Chicharro, y que fue golpeado por ello por sus compañeros. El juez instructor leyó a continuación

las declaraciones de otro de los guardias civiles encartados, Francisco Hidalgo, que presta servicios en el

Alto Estado Mayor, y que se reconoció autor de un documento manustrico de ocho folios, y que se puso

en contacto con Europa Press.

La declaración de Manuel de la Fuente Ruiz dice como algunos golpeaban al general Chicharro, y que

impidió hacerlo, siendo golpeado por sus compañeros.

En la declaración de Candido García se dice que este intentó establecer el orden en la manifestación.

DECLARACIONES DE NO PROCESADOS

A continuación se leyeron las declaraciones de otros no procesados, como el teniente Pablo Ruiz, un

teniente coronel del Estado Mayor, del teniente, coronel Félix Alcalá Galiano Pérez, del capitán Alberto

Tirado Núñez, y las declaraciones del general Chicharro, en las que dice que intentó tomar las medidas

para impedir la comunicación en la Plaza de Oriente, y que se dirigió personalmente a prender a algunos,

por lo que fue agredido. Fue auxiliado, según su declaración, por jefes y oficiales que se encontraban

presentes.

En las declaraciones de Ángel García Ramos, jefe de seguridad del Ministerio de la Gobernación, se leyó

que la actitud de un guardia civil que estaba de servicio, en el Ministerio de la Gobernación era una

actitud simpatizante con los manifestantes.

DOCUMENTO ENTREGADO EN GOBERNACIÓN

Una vez leído el apuntamiento, el fiscal militar pidió la lectura de algunas declaraciones en concreto e

íntegras, asi como el documento que se presentó al Ministerio de la Gobernación por los representantes de

los policías armados y los guardias civiles en el que se pedían fundamentalmente las siguientes

reivindicaciones: elevación de 10.000 pesetas lineales a todos los policías armados y guardias civiles: que

les acogiese la Seguridad Social con fecha 1 de enero de 1977, dada la deficiencia de los hospitales

militares; igualdad con base en trienios; jubilación al cien por cien; se concediesen permisos sin cargar en

el servicio; se modificase el actual reglamento de las fuerzas de Orden Público; y abono de horas fuera de

servicio, y un plus para los domingos. También se pedía en ese documento, que se leyó en una fotocopia,

no represalias para los compañeros, ya que estas reivindicaciones —decía— eran el sentir unánime de las

fuerzas.

SEISCIENTOS MANIFESTANTES

Después el fiscal pidió la declaración completa del policía Severino Escudero Martínez, en la que se

relata detalladamente las concentraciones de policias y guardias civiles en la Plaza de Oriente. Dijo que

había de seiscientos a setecientos miembros de las fuerzas de Orden Público en la plaza de Oriente y en la

manifestación ante el Ministerio de la Gobernación.

El fiscal también pidió que se leyera la declaración de José Pérez Gutiérrez, otro de los procesados y el

manuscrito de José García Maclas, en el que se pueden leer tos preparativos de la manifestación y que "no

querían saber nada con la política".

DIARIO DE UN GUARDIA CIVIL

Poco después pidió que se le leyese el diario del guardia civil Francisco García Hidalgo, de ocho folios

manuscritos en los que dice se puso en contacto con Europa Press y dice textualmente: "Hoy he

participado de modo muy activo, llamando incluso a la prensa; si nú jefe .se entera, seré expulsado del

cuerpo, aunque quizá con eso me hagan un favor, mañana iré a la manifestación escapado".

A continuación el fiscal pidió que se leyera la declaración de Diego Artero, guardia civil encausado, en la

que se puede leer como se desarrollaron tos hechos. Asegura que vio las contusiones en la cara del

General Chicharro, y que intentó arreglar pacificamente la manifestación.

NO IMPLICACIONES POLÍTICAS

Después se lee la declaración, a petición de fiscal, del polícia armado Manuel Rodríguez Martínez en la

que se habla de que tras tomar uso de la palabra d secretario del Partido Agrario en la Plaza de Oriente, se

fe dijo que no querían inmiscusiones politicas.

La declaración de Manuel de la Fuente Ruiz, que se leyó a continuación, asegura que fue a la Plaza de

Oliente por comentarios de tos compañeros, y leyó d escrito de las reivindicaciones. Rehusó a tos fotó-

grafos diciendo que no era un acto político. Se siente avergonzado, según su declaración, de tos incidentes

que presenció.

Se leyeron también las declaraciones de tres guardias civiles no procesados que asistieron a la Plaza de

Oriente, y que son los señores Francisco Vidal Gómez Trevelezo, Cubero Sánchez y Villarubia Galán.

Diego Artero declaró que "aquello no le parecía bien y que no hubiese seguido si sus compañeros no le

hubieran elegido para entregar d manuscrito.

LA DEFENSA

El Ministerio Fiscal terminó su turno e intervino la defensa, que solicitó que se leyera un informe del juez

instructor al capitán general, la mesa del Consejo de Guerra dijo que no era una prueba, y que no se

leyese. La defensa pidió que constase en acta.

Posteriormente, la defensa pide que se lea la declaración del paisano Miguel Sánchez Hernández, que

había estado, con los procesados García Macías y Pérez Pérez.

Dos horas y media aproximadamente ha durado la lectura del apuntamiento y de las diligencias por parte

del Ministerio Fiscal y de los abogados defensores.

DECLARA UN TENIENTE CORONEL

Fue llamado por la defensa el testigo teniente coronel Alcalá Galiano. Dijo que sabia que se rumoreaba lo

de la manifestación con cinco días de adelanto, pero que no lo tomaron en consideración a pesar de que

circuló una nota reivindicativa. Envió dijo, a jefes y oficiales de paisano, dentro de la manifestación, para

que disuadieran a tos manifestantes. Mando a 12 o 14 personas. Dijo que no podía decir si la

concentración se llevó a cabo desde los radio patrullas y que no ordenó ninguna disolución.

INTERVENCIÓN DEL JEFE DEL ESTADO MAYOR DE LA POLICÍA ARMADA

La defensa llamó al teniente coronel Antonio Eleta Sequera, jefe del Estado Mayor de la Inspección

General de la Policía Armada, que fue ampliamente interrogado por los abogados defensores y por el

vocal ponente. El señor Eleta se ratificó en su declaración y dijo que no dio ninguna orden expresa, y que

como jefe del Estado Mayor no puede darlas, sino que simplemente se limitó a cumplir las ordenadas por

su general superior. Dijo que habla conocido la convocatoria unos días antes, pero nunca se lo tomaron en

serio, ya que era una cosa poco concreta y sin consistencia, y que otras veces también paso asi pero nunca

llegó a celebrarse. No dio orden de disolverse a nadie. Personalmente dijo que resultaba improcedente la

actitud y que se disolvieran lo antes posible, pero de forma personal, sin orden reglamentaria militar

alguna. Manifestó que actualmente d reglamento de la Policía Armada es de enero de 1975, y no el

reglamento de 8 de marzo de 1841. No asumió ningún mando, ya que no lo tiene, como jefe de Estado

Mayor. Reconoció como portavoces a Manuel Rodríguez Martínez, y al guardia civil, Diego Artero, ya

que ellos le llevaron los documentos.

Concluida la prueba testifical, que ha durado dos horas, d presidente del Consejo de Guerra levantó la

sesión .con un descanso de quince minutos.

PETICIÓN DE PENAS

Reanudada la sesión con la prueba testifical, la defensa llamó al comandante don Manuel Tapia, del

Estado Mayor de la Policía Armada, al capitán Sánales Vallejo, al capitán don Jesús Calvo Fernandez y al

teniente coronel Leonardo Sevilla, todos de la Policía Armada.

Se renunció a numerosos testigos y sólo fueron requeridos los que tenían mando directo de fuerza, como

los tenientes Rafael Moyano Cavero, Timoteo San Miguel y Julio Vázquez Pérez.

Inmediatamente después, el fiscal comenzó su informe a las siete menos veinte de la tarde. Describió a

grandes rasgos las operaciones de la Plaza de Oriente, asi como las reuniones preparatorias, celebradas el

día 12 en la Casa de Campo, dijo que Severino Escudero Martínez había actuado de dirigente en el

trayecto de la Plaza de Oriente al Ministerio de la Gobernación.

CONCLUSIONES

El fiscal acusó a los ocupantes del banquillo de un delito consumado de sedición militar, penado en el

código de justicia militar, por el que solicitó las siguientes penas:

— Severino Escudero Martínez: 10 años de prisión militar.

— José García Macías: 6 años de prisión militar.

— José Pérez y Pérez: 4 años de prisión militar.

— Francisco García Hidalgo: 4 años de prisión militar.

— Diego Artero Jiménez: 4 años de prisión militar.

— Manuel Rodríguez Martínez: 4 años de prisión militar.

— Manuel de la Fuente Ruiz: 2 años de prisión militar.

— Candido García Grabas: 1 años y 6 meses de prisión militar.

Las penas solicitadas suman 32 años y 6 meses de prisión militar.

El fiscal llamó la atención del Consejo de Guerra sobre d Real Decreto de 27 de mayo de 1977 sobre

indulto al personal de las fuerzas armadas, aunque dijo que "el consejo decidirá".

A las once de la noche d presidente del consejo suspendió este para reanudarlo hoy a las diez y media.

21 —JULIO— 1977

 

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