Autor: Galindo, Luis. 
   La reforma policial     
 
 Informaciones.    10/06/1978.  Página: 1-2. Páginas: 2. Párrafos: 13. 

La reforma policial

Por Luis GALINDO

LAS cuestiones referentes a la Policía y el orden público están de actualidad. En primer lugar, y quizá

más en fechas recientes, por las alteraciones de la paz cívica en pueblos y ciudades. El País Vasco no

acaba de encontrar la tranquilidad precisa en el camino de la solución a sus viejos y enconados

problemas. De otra parte, menudean alarmantemente las actuaciones de grupos, incontrolados o no, de

adscripción ultraderechista en un intento claro de romper la normalidad de la convivencia: a los asaltos a

sedes de partidos y sindicatos, las salidas callejeras sembrando la violencia, etc., han seguido en estos días

las palizas a periodistas y transeúntes en Madrid, tras la manifestación de falangistas y miembros de

Fuerza Nueva, y el acuchillamiento, también en esta ciudad, de dos alumnos de la Escuela de Policía por

jóvenes ultraderechistas.

Pero con ser importante la paz y tranquilidad ciudadanas, no son sus transgresiones la única razón para la

actualidad cobrada por los temas policiales. Él proceso de reforma en curso de las instituciones de

seguridad es otro motivo adicional y de similar importancia. No es desorbitar el alcance de este proceso,

señalar que de la orientación del mismo dependerá en gran medida que se consiga o no la anhelada paz

cívica; como tampoco es exagerado insistir en que el carácter de dicha reforma es de primordial interés

para la consolidación y desarrollo de la democracia.

Pues bien, tras estas consideraciones iniciales, cabe hacer una serie de puntualizaciones criticas al modo

con que se está procediendo a realizar la política de reformas desde el Gobierno.

Ante todo hemos de señalar que se desarrolla con una concepción claramente elitista, fiada a grupos muy

reducidos de los máximos niveles jerárquicos, que margina a la inmensa mayoría de los Cuerpos

afectados, a los que deja no ya sin voto, sino incluso sin voz. Las modificaciones previstas en el actual

sistema de enseñanza del Cuerpo General de Policía (que pasará a denominarse Cuerpo Superior) y la

reestructuración de la Dirección General de Seguridad en puertas, constituyen ejemplos válidos de lo

dicho.

Por lo que se refiere a la enseñanza, necesitada de una radical transformación ante el gravísimo deterioro

de su calidad, es manifiesta la intranquilidad reinante entre gran parte de los funcionarios, que desconocen

el camino en el que está trabajando la comisión encargada de estudiar el nuevo sistema de preparación y

titulación profesional. Es más, ni siquiera el claustro de profesores de la Escuela General de Policía

conoce el alcance de las propuestas que elevará esa comisión.

En cuanto a la, según parece, inminente reestructuración de la Dirección General de Seguridad, no es sólo

que a los afectados no se les haya pedido opinión en ningún momento, sino que éstos se han visto

sorprendidos ante el carácter que se le pretendía dar, del que tuvieron noticia en Ja tarde del 31 de mayo

pasado, cuando era posible que se tratase, y aprobase, dos días después en el Consejo de ministros.

La reacción de la Junta Nacional Provisional de la Asociación Profesional de Funcionarios del Cuerpo

General de Policía, al ser informada, extraoficialmente, del proyecto de real decreto correspondiente, no

se hizo esperar: el 1 de junio actual difundió una nota informativa en la que expresaba su oposición en

base, entre otros, & los siguientes aspectos: posibilidad de que el subdirector general de Seguridad sea

nombrado sin reunir la condición de ser miembro en activo de la escala de mando, lo que incrementaría la

dependencia política de la corporación; en el proyecto se atribuye la jefatura de la Comisaría General de

Seguridad Ciudadana a una persona ajena al Cuerpo (en concreto, sería nombrado jefe de esta Comisaría

el general inspector de la Policía Armada) ; se pretende crear, citamos textualmente de la nota

informativa, «una extraña unidad de investigación del terrorismo, que asume funciones típicas del Cuerpo

Genera! de Policía», etc.

LA REFORMA POLICIAL

Con las reflexiones anteriores entramos en la segunda nota característica de la presente reforma: vulnera,

en algunos aspectos, los intereses profesionales de los funcionarios. En tal sentido, podría añadirse a lo ya

dicho un nuevo ejemplo: el que ofrece el proyecto de ley de la Policía, ahora en trámite de discusión por

la correspondiente ponencia de la Comisión de Interior del Congreso. Baste con citar dos artículos como

muestra clara de lo que se afirma.

El artículo 12 comienza: «La Policía Nacional (hasta ahora Policía Armada) constituye un Cuerpo

militar...»; no podría echarse mayor jarro de agua fría sobre las legítimas aspiraciones de sus miembros a

alcanzar la categoría de funcionarios civiles y, tras ella, ir progresando en la solución de otras

reivindicaciones esenciales pendientes. Y por cuanto se refiere al Cuerpo General de Policía, dicho

proyecto de ley habla en su disposición transitoria cuarta de establecer «un régimen especial de dispensa

de titulación» para el acceso al citado Cuerpo, cuya consecuencia evidente sería una tremenda

desvalorización de la condición profesional.

Lo ya analizado, en gran medida, es el resultado lógico de mantener concepciones estrechas, más dignas

de otras épocas, en lo que respecta, a los derechos propios de los funcionarios de los Cuerpos a! servicio

de la seguridad ciudadana. De un lado, no terminan de arrumarse ciertas ideas que pretenden mantener en

la esfera de las atribuciones militares cometidos extraños, como el orden público. De ahí que siga

calificándose a la Policía Armada de Cuerpo militar, en contra de las justas pretensiones de sus

componentes, e igualmente en oposición al mismo texto del proyecto de Constitución que se está

debatiendo, y de ahí también que vean la luz normas como los reales decretos 1.522/1977, de 17 de junio,

y 3.624/1977, de 16 de diciembre, en los que, al reconocerse el ejercicio del derecho de asociación

sindical de los funcionarios civiles y, específicamente, de aquellos al servicio de la Dirección General de

Seguridad, se imponen excesivas trabas y restricciones a tal derecho, que limitan extraordinariamente el

ejercicio del mismo (y no nos referimos, obviamente, a la razonable prohibición para la Policía de hacer

uso del derecho de huelga).

No entramos ahora en la oposición manifestada por diversas fuerzas políticas a algunos de los criterios

imperantes con que en este terreno, globalmente considerado, está trabajando el Gobierno. Oposición de

la que queda constancia concreta en las enmiendas presentadas por los diversos grupos parlamentarios de

las Cortes a los proyectos de normas que se les someten, asi como en diversas proposiciones de ley, etc.

(por cierto, que no dejaría de ser un ejercicio altamente instructivo detenerse a leer las enmiendas y

propuestas presentadas por cada grupo sobre el repetido proyecto de ley de Policía, los derechos de

asociación de estos funcionarios o el proyecto de ley de modificación parcial de la ley de Orden Público).

Tal análisis puede ser objeto de consideración aparte.

Pero retomando el tema circunscribiéndonos a la perspectiva de los funcionarios es preciso matizar que

no pretendemos negar validez a todas las medidas de reforma adoptadas. Semejante posición carecería de

sentido. Precisamente por ello insistimos en las dos características reseñadas de la reforma en curso: se

está procediendo a espaldas de los funcionarios y, en ocasiones, en contra de sus intereses. Iniciar el

camino de su solución requiere que, al menos, se les escuche. Que se les solicite opinión y, en la medida

de lo posible, sea tenida en cuenta.

Sólo así podrá evitarse caer en incongruencias tan inverosímiles, como en. la que incurre el real decreto

218/1978, de 27 de enero, por el que se determina el régimen de incompatibilidades del personal de los

Cuerpos General de Policía, Policía Armada y Guardia Civil, que (al parecer, con la sana intención de

terminar con la multiplicidad de dedicaciones de los miembros de éstos, que van en detrimento de su

necesaria independencia y eficacia) contiene en sus dos primeros artículos la inaudita prohibición de

ejercer actividad alguna ajena al desempeño de la función inherente a sus componentes. Téngase en

cuenta que del tenor literal de esta norma se desprende la prohibición de acudir a espectáculos públicos u

otras aún más jocosas. Parece que defectos tan obvios se podrían evitar consultando previamente a los

interesados.

Mal pueden satisfacer a la sociedad las medidas que se adopten en el campo del orden público si los

primeros garantes de su defensa y respeto se sienten marginados y defraudados.

 

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