Policía y ciudadanos     
 
 Diario 16.    01/09/1979.  Páginas: 1. Párrafos: 8. 

Policía y ciudadanos

La "nota" de la Asociación Profesional del Cuerpo General de Policía, la réplica de la Dirección General

de Seguridad, los expedientes incoados con suspensión de empleo a ocho directivos de la citada

Agrupación y las discrepancias y solidaridades ique en torno a ellos se extienden han dado ocasión para

que se visualice una peligrosa polarización de actitudes dentro de los Cuerpos de Seguridad del Estado.

Las últimas cuatro muertes que el terrorismo se ha cobrado entre los miembros de las Fuerzas de Orden

Público y del Cuerpo General de Policía, reivindicadas por ETA (político-militar) y por el GRAPO, han

servido de fulminante para impulsar la nota inicial. Si su tenor literal (ver D 16 del 30 de agosto) reflejara

el sentir mayoritario del Cuerpo General de Policía, nos encontraríamos ante un grave retroceso en el

clima de cooperación y entendimiento en que la democracia española ha querido inscribir las relaciones

Policía-sociedad.

La democracia ha tenido una política activa en el campo del Orden Público. Las disposiciones legales y

reglamentarias han sido numerosas y basta citar la ley de la Policía y el decreto-ley antiterrorista para

probarlo.

Ha sido precisamente la democracia la que ha extendido la Seguridad Social a las Fuerzas del Orden

Público, que carecían de ella, y la que ha reconocido el derecho de asociación a los funcionarios del

Cuerpo General de Policía, que han podido así constituir la Asociación de cuya existencia ha cobrado

abrupto conocimiento la opinión pública mediante la nota que venimos comentando.

En busca de la deseada eficacia se ha establecido también la incompatibilidad para que ejerzan otras

actividades quienes integran los Cuerpos de Seguridad del Estado. Si bien esta prescripción ha ido

,acompañada del incremento de las retribuciones hay que subrayar que su acogida por los afectados ha

estado llena de reticencias. Por otra parte, a las nuevas promociones se les han abierto expectativas

favorables al establecerse la jubilación voluntaria a los sesenta años y la forzosa a los sesenta y dos, lo

que afectará en plazo inmediato a 857 funcionarios, es decir, algo más del 10 por 100 de la plantilla.

Si de los medios legales y de las expectativas de promoción profesional pasamos al de las inversiones, los

presupuestos generales del Estado correspondientes a 1977 y 1978 hablan de cifras nunca igualadas, por

encima de los ocho mil millones de pesetas. Volvemos, pues, a insistir, al concluir esta enumeración, en

la falta de eficacia policial, subrayada por DI6 el miércoles.

El titular de la cartera del Interior ha sido además, al mismo tiempo, extraordinariamente conservador en

cuanto a las personas a quienes ha encomendado responsabilidades policiales. Las críticas más frecuentes

que ha debido encarar en el ámbito parlamentario han nacido precisamente de esa actitud. El ministro ha

querido justificarse declarando su oposición a cualquier depuración por motivos ideológicos o políticos.

Hay que exigir de la Policía eficacia y hay que ayudarla con civismo en su misión al servicio de toda la

sociedad, bajo la autoridad del Gobierno y sometida al control del Parlamento. Esa es la ley de la

democracia y no es ocioso recordarla, aunque los inspiradores del terror quieran producir, como ahora

vuelve a anunciar ETA, una crispación en quienes deben entregarse al servicio público para que llegaran a

traicionarse a sí mismos.

 

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