General aceptación de la Ley de Policías Autónomas     
 
 Diario 16.    05/12/1979.  Páginas: 1. Párrafos: 31. 

Diario 16/5-diciembre-79

General aceptación de la ley de Policías Autónomas

Ayer por la mañana quedó dictaminado, en la Comisión Constitucional del Congreso, el proyecto de ley

de Policías Autónomas, con la general aceptación de todos los grupos parlamentarios. Sólo en dos

cuestiones hubo discrepancias: en la financiación de estas nuevas Policías y en la figura de los presidentes

de las Juntas de Seguridad creadas por la ley.

Madrid — Con dos únicas variaciones sobre el texto de la ponencia, la Comisión Constitucional del

Congreso dictaminó en la mañana de ayer el proyecto de ley de Policías Autónomas, que se someterá al

Pleno de la Cámara de la próxima semana.

El texto dictaminado difiere esencialmente del primitivo elaborado por el Gobierno en el mes de junio, en

plena negociación del Estatuto de autonomía para el País Vasco, ya que recoge buen número de las

enmiendas presentadas en su día por los diversos grupos parlamentarios.

Por este motivo, apenas se produjo debate sobre las enmiendas que fueron presentadas, y casi todas

fueron retiradas al quedar asumido, al menos el espíritu de las mismas, en la nueva redacción.

En dos ocasiones importantes se produjo debate y, a la hora de la votación, la diferencia fue de un voto,

favorable a UCD.

Socialistas, comunistas y nacionalistas apoyaron sendas mociones para que la financiación de las Policías

autónomas se hiciera por parte de los organismos autonómicos y no por las Diputaciones o Cabildos

insulares y para que no hubiera presidente de la Junta de Seguridad y, en cualquier caso, que éste no fuera

el representante del Gobierno.

Pagar a la Policía

La primera discusión surgió en torno al apartado tres del artículo primero, en el que se establece quien

deberá financiar los Cuerpos de Policía de las comunidades autónomas. El socialista Carlos Sanjuán, en

base a que «quien paga manda», solicitó que se suprimiera del proyecto la posibilidad de financiación por

parte de las Diputaciones provincia les o Ferales y de las Mancomunidades Interinsulares.

Rodolfo Martín Villa, razonando que «el proyecto deberá ser flexible», mantuvo en nombre del grupo

centrista el texto original. Por un voto de diferencia a favor de UCD quedó el proyecto tal y como fue

elaborado en su día por el Gobierno y posteriormente recogido por la ponencia.

Sin grandes problemas fueron aprobados los seis primeros artículos, incluyéndose al final del cuarto un

apartado nuevo, propuesto en primer término por Manuel Fraga y elaborado posteriormente por Martín

Villa y un representante socialista, por el cual, en casos de desastre, y tras la aceptación de los Gobiernos

autónomos interesados, así como con el visto bueno del Gobierno, las Policías autónomas de una

comunidad podrán prestar auxilio en otras autonomías o provincias.

A excepción del voto abstencionista de Blas Pinar, el resto de estos primeros artículos fueron aprobados

por unanimidad.

Las discusiones más encrespadas tuvieron lugar con motivo de las enmiendas presentadas por diferentes

grupos en torno a la figura del presidente de la Junta de Seguridad de la comunidad autónoma que según

quedaría aprobado posteriormente, la ocupará el representante del Gobierno central en la comunidad

autónoma correspondiente.

Los tres primeros apartados del artículo séptimo fueron aprobador mayoritariamente, pero al llegar a la

discusión del cuarto se formaron dos claros bloques, UCD por un lado y los grupos de izquierda y

nacionalistas por otro.

Según los grupos enmendases, la introducción de un presidente en la Junta de Seguridad rompe la paridad

establecida en un principio entre los representantes autonómicos y del Gobierno central, por lo que

proponían que no se incluyera este nombramiento en el texto del proyecto de ley.

Marcos Vizcaya, de la minoría vasca, manifestó a este respecto que podría darse el caso de que uno de los

representantes en la Junta de Seguridad fuera el futuro ministro del Interior del Gobierno autónomo y

que éste se vería entonces a Jas órdenes del delegado gubernativo estatal, lo que supone una

incongruencia.

Como el Estatuto del 32

En nombre del grupo centrista, Joaquín Satrústegui defendió el dictamen de la ponencia en base a que el

Estatuto de 1932 establecía las Juntas de Seguridad y que su presidente era el entonces ministro de la

Gobernación.

Pese a que al final triunfó, por un voto, la tesis centrista, un representante de este grupo indicó que podría

reconsiderar su postura de cara al Pleno de la Cámara

El resto del articulado fue aprobado sin enmiendas.

Al final de la sesión, el representante del PNV manifestó a DIARIO 16 que, pese a no formar parte del

Consejo General Vasco, pensaba que para el próximo año Euskadi podría contar con un cuerpo policial de

unos doscientos hombres.

Articulado del proyecto

El artículo primero señala que corresponden a las comunidades autónomas la coordinación y demás

facultades que, en relación con las Policías locales, les atribuye la ley y los respectivos Estatutos de

autonomía.

El artículo segundo establece que los Cuerpos de Policía autónoma se estructurarán en un Cuerpo de

Policía único, cuyo ámbito será todo el de la comunidad y en Cuerpos de Policía provinciales o ferales,

bajo ¡a dependencia de la Diputación o Corporación insular.

El artículo tercero regula el mando de los Cuerpos de Policía de las Comunidades autónomas, cuya

máxima autoridad se corresponderá con la de la Comunidad autónoma o Diputación oportuna.

El articulo cuarto establece el ámbito territorial de cada Cuerpo policial y su intervención en otras zonas

ajenas a su demarcación territorial, en caso de catástrofe.

El artículo quinto fija el carácter y la jurisdicción competente de cada Policía y obliga a que los Cuerpos

de Policía autónoma deberán vestir de uniforme, siempre que estén de servicio, al tiempo que regula su

carácter civil.

El artículo sexto es relativo a las funciones de estos Cuerpos policiales, que entre otras son: Protección de

las personas y bienes, mantenimiento del orden público, protección de autoridades, etcétera.

El artículo séptimo crea la Junta de Seguridad, que será la encargada de coordinar a los Cuerpos

policiales autonómicos y estatales. La presidencia de esta Junta corresponde al delegado

gubernamental en la Comunidad autónoma.

El artículo octavo dice que el Gobierno asumirá la dirección de los servicios comprendidos en el artículo

sexto, en uso de sus facultades y en el ejercicio de sus funciones constitucionales.

El artículo noveno se refiere a los mandos de los Cuerpos policiales de la Comunidad autónoma y sus

competencias.

El artículo décimo regula los reglamentos de dichos Cuerpos policiales y establece su régimen interno.

 

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