Autor: Fernández, Julio. 
   Ley de Policía: un fuero que discrimina a sus beneficiarios     
 
 El País.    09/07/1981.  Páginas: 1. Párrafos: 13. 

LEY DE POLICÍA: UN FUERO QUE

DISCRIMINA A SUS BENEFICIARIOS

JULIO FERNÁNDEZ

El procesamiento de tres guardias civiles, implicados en los sucesos de

Almería en los que resultaron muertos tres jóvenes, ha puesto de relieve una

grave Iaguna contenida en la ley de Policía, de 4 de diciembre de 1978 que

afecta a la facultad de recurso de los miembros de los cuerpos de seguridad

del Estado. En medios jurídicos se ha puesto de manifiesto la contradicción

existente a este respecto, por cuanto mientras se establece un fuero especial

para estos colectivos, al disponerse de manera privilegiada que el

procesamiento de sus miembros corresponde a un órganos especial como es

la Audiencia Provincial; de otra parle se recorta el derecho al recurso de estos

ciudadanos.

En efecto, la Audiencia Provincial de Almería que dictó un autos de

procesamiento contra el teniente coronel jefe de la comandancia de la Guardia

Civil de esta ciudad, su teniente ayudante y un guardia conductor, ha

desestimado el recurso de súplica presentado por la defensa de los

procesados. No es habitual que la misma instancia judicial que acuerda el

procesamiento acepte el recurso de súplica contra el mismo. Lo contrario) su-

pondría el reconocimiento por parte de aquella instancia de que ha habido

defecto en su resolución, lo que lógicamente, no suele ocurrir.

En la ley de Enjuiciamiento Criminal, no obstante, se establece en su artículo

220 que si bien el recurso de súplica puede ser solventado por el mismo

tribunal ante el que se presenta -y el artículo 219 de la misma ley señala que

dichos recursos se interpondrán ante el mismo tribunal que hubiere dictado el

auto-, será tribunal competente para conocer e! recurso de apelación aquel

quien correspondiese el conocimiento de la causa en juicio oral.

Es decir, rechazado el recurso de súplica o de reforma por el mismo tribuna! o

¡uez que ordena el pro-cesamiento, el recurso de apelación sólo podrá ser

atendido por instancia superior, o lo que es lo mismo, el tribunal al que correS-

ponda la causa que originó el procesamiento en juicio oral.

En el caso de los tres guardias civiles procesados, ambas instancias coinciden

en una sola: la Audiencia Provincial, tribunal de privilegio -es lógico que la

consideración jurídica de cualquier supuesto delito puede ser más completa si

es vista por un tribunal que integran tres magistrados - al que el fuero especial

de los miembros de los cuerpos de seguridad del Estado remite a los mismos.

Esta circunstancia, pues, supone de hecho una contradicción entre el fuero que

la ley de Policía concede a Ios colectivos de Policía y Guardia Civil v la

discriminación que la misma comporta en cuanto a la privación de un derecho

reconocido al resto de los ciudadanos, quienes pueden recurrir en apelación

ante la instancia inmediatamente superior a la que dictó el procesamiento.

Tal laguna en la ley de Policía ya fue apuntada por la acusación particular en el

sumario de Almería, antes incluso de que la sala decidiera el procesamiento de

Ios tres guardias civiles. En aquella ocasión, el Ietrado que lleva la acusación

particular en el caso apuntó la posibilidad de que esta situación, ahora

materializada, sirviera para sentar la oportuna jurisprudencia si se intentaba

subsanar la discriminación que hoy afecta a los tres procesados.

La defensa de los tres guardias civiles, sin embargo, no parece inclinarse por

este camino, y en el mismo escrito donde se recurría en súplica ante la

Audiencia Provincial, se incluía, con carácter subsidiario, el recurso de

apelación, que tampoco ha sido admitido a trámite por la sala, por entender que

no ha lugar al mismo.

La propia Audiencia Provincial, en el auto en el que desestima el recurso de

súplica, reconoce, que por medio de futuras disposiciones con suficiente rango

sería conveniente instituir mayor aptitud de recursos en este tipo de causas.

«Pues ocurre, en realidad, dice el referido auto de la Audiencia,

"que si de lege ferenda (ley por hacer) cabría plantearse la conveniencia de

instituir mayor amplitud de recursos en casos como el que nos ocupa, por

medio de futuras disposiciones con suficiente rango, en el estado actual de la

legislación, al otorgar el artículo quinto de la ley de 4 de diciembre de 1978 (ley

de Policía) facultad a las audiencias provinciales para que acuerden siempre el

procesamiento y consiguientemente las medidas derivadas e inherentes a tal

declaración, con modificación sustancial de las facultades conferidas a los

jueces de instrucción por el artículo 384 de la ley de Enjuiciamiento Criminal y

del sistema general de recursos prevenido para sus resoluciones sobre el

particular durante la fase sumarial, sin conceder expresamente ningún otro

recurso contra el correspondiente auto de este tribunal colegiado, solo será

dado ejercitar el ordinario de súplica, utilizado por los interesados, al amparo

del artículo 236 y por los trámites que ordena el artículo 238 de la repetida ley

procesal».

Queda claro que la ley de Policía modifica a la de Enjuiciamiento Criminal en lo

relativo a la capacidad de recurrir que tienen los pro-cesados acogidos al

primero de los textos legales, sin que como contrapartida establezca nada es-

pecífico a este respecto.

De esta manera, la laguna que contiene la referida ley de Policía supone

discriminación ante la ley que afecta a la generalidad de los ciudadanos, y se

pone de manifiesto con ocasión del procesamiento de los tres guardias civiles

implica-dos en el sumario de Almería.

Lo que sorprende en medios jurídicos es que la defensa, que ha asegurado a

este periódico que «ahora sólo cabe esperar la apertura del juicio oral para que

respladezca la verdad de unos hechos sobre los que se han venido tantas

falsedades», desaproveche la oportunidad que plantea la actual situación para,

además de buscar la libertad provisional de sus patrocinados, forzar una

jurisprudencia que evite la laguna Iegal que contiene la ley de Policía.

 

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