Autor: Torrontegui, Javier. 
 Crece la tensión ante la investidura. Duras acusaciones contra la Policía en el Pleno del Congreso. 
 Rosón no convenció a la oposición     
 
 Diario 16.    18/02/1981.  Página: 6. Páginas: 1. Párrafos: 21. 

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NACIONAL

18-febrero-81/Diario 16

CRECE LA TENSIÓN POLÍTICA ANTE LA INVESTIDURA

Duras acusaciones contra la Policía en el Pleno del Congreso

Rosón no convenció a la oposición

El ministro del Interior, Juan José Rosón, no convenció a los diferentes grupos parlamentarios que le

interpelaron en la sesión del Congreso de ayer, acerca de la muerte del etarra José Arregui por supuestas

torturas de la Policía. Durante el Pleno se escucharon duras críticas contra la tortura y sus aplicadores.

Javier TORRONTEGUI

Madrid — Las explicaciones del representante del Gobierno dimisionario, el ministro del Interior, Juan

José Rosón, fueron insatisfactorias para la Cámara Baja, que a través de siete de sus grupos

parlamentarios quiso una respuesta concreta del Ejecutivo sobre los hechos que motivaron la muerte del

etarra José Aguirre Izaguirre la pasada semana.

Pese a que los grupos parlamentarios (socialista, comunista, nacionalistas y socialistas vascos, mixto y

andalucistas) hicieron preguntas concretas sobre la estancia en Comisaría del activista etarra y sobre el

trato que recibió y la causa posterior de su muerte, el titular de la cartera de Interior consiguió, en su

contra, la unanimidad de los grupos interpelantes, en el sentido de que todos ellos se reservaban el

derecho a presentar en el plazo previsto las correspondientes mociones.

A lo largo del debate que se prolongó por espacio de más de dos horas y media, los representantes de los

partidos parlamentarios manifestaron que con la muerte de Arregui, por las torturas recibidas de agentes

policiales, se ponía en entredicho todas la legislación actual y el sistema democrático en sí.

Nadie se mostró ajeno a las graves consecuencias políticas que se derivan de esta actuación. Según los

interpelantes, las responsabilidades no se agotan en los cinco funcionarios ahora sancionados, ni siquiera

en el propio ministro del Interior, sino que además «manchan» a todo el actual Gobierno y también al

candidato a presidente del Ejecutivo que hoy presentará su programa en el Congreso.

Acusaciones

Las acusaciones más graves contra el Gobierno en funciones vinieron de los sectores comunista y

socialista, Gregorio Peces-Barba, Santiago Carrillo y Carlos Solchaga (socialistas vascos) pusieron

además, en entredicho, a la ley Antiterrorista —por ellos apoyada en su momento— que ante la mala

aplicación que de ella ha hecho el Gobierno, se han producido sucesos como el que ha motivado el

debate.

Peces-Barba centró su intervención en tres campos, en los que —según dijo— incidían directamente la

muerte por torturas de Aguerrí Izaguirre. El aspecto humano (muerte violenta de una persona), el jurídico

(asegurar que no es inconstitucional la ley Antiterrorista) y el político (ya que pone en cuestión a todo el

Gobierno).

Tanto Carrillo como los socialistas y los demás grupos interpelantes dejaron bien claro que el necesario

debate sobre la organización policial en España seguirá hoy y en días sucesivos mientras se cuestionan

el programa de gobier no presentado por Leopoldo Calvo-Sotelo.

Es necesario, según los diputados intervínientes, un replanteamiento de todos los puestos directivos de la

Policía, que alejen de ellos a los que profesan una ideología franquista y no tienen intención de

convertirse.

Carrillo: Hay torturas

Santiago Carrillo comenzó su intervención, al igual que lo haría más tarde el nacionalista Azcárraga e

incluso después Juan María Bañares, destacando que todo lo que se había avanzado últimamente en la

normalización de la vida en Euskadi, había sufrido una importante regresión.

Muy duro en sus calificativos, el secretario general de los comunistas españoles precisó, sin embargo, que

el debate no era un ataque a la iilstíEtíclóíi policial, sino a ciertos aparatos de la dirección de esa Policía.

Carrillo sentenció, tras afirmar que la muerte de Arregui no había sido una torpeza sino un crimen, que

«hay torturas en nuestro país, y las hay porque los que dirigen la Policía son los mismos que antes».

A lo largo del debate se pusieron de manifiesto las continuas acusaciones que, en los últimos meses, se

han venido sucediendo contra algunos sectores ultradere-chistas que ocupan importantes puestos en la

Policía.

El tema del atentado de Hendaya, insuficientemente explicado por el Gobierno en su momento, el

asesinato hace cinco años del dirigente etarra Árpala (según Peces-Barba el único que hubiera

posibilitado una salida pactada) e, incluso, las implicaciones policiales con el extraño Batallón Vasco

Español, fueron mencionados.

Rosón se lamenta

En su respuesta el ministro del Interior se lamentó de no haber satisfecho las preguntas de los diputados

interpelantes e insistió en la independencia del poder judicial, «único que puede dictaminar la

culpabilidad de los implicados en la muerte de Arregui».

En un momento del debate tomó la palabra el titular de la cartera de Justicia, a quien Santiago Carrillo y

Juan Marta Bañares habían salvado previamente de la «quema». Fernández Ordóñez destacó la labor de la

Fiscalía que desde el primer momento se había personado por dos de sus miembros en el sumario abierto.

Francisco Fernández Ordóñez indicó también que «en la actualidad hay tan sólo en el País Vasco 75

denuncias por malos tratos y que existen once procesamientos en curso por este motivo, también en

Euskadi.

Carrillo se lamentó, tras esta intervención, de que dentro de unos días el socialdemócrata Fernández

Ordóñez quizá no sea ya ministro de Justicia.

 

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