El referéndum y el Gobierno     
 
 El País.    26/11/1976.  Páginas: 1. Párrafos: 5. 

OPINIÓN

EL PAÍS, viernes 26 de noviembre de 1976

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El referéndum y el Gobierno

Si EL REFERENDUM ha de cumplir alguna función en el proceso de reforma política, es imprescindible el juego limpio por parte del Gobierno. De lo contrario sólo servirá para enrarecer el ambiente y poner en duda la credibilidad del Gabinete respecto a sus intenciones democráticas.

Jugar limpio supone, en primer término, poner las cartas sobre la mesa, y una de ellas, sin duda la principal, es dar a conocer con carácter inmediato la normativa que habrá de regular las próximas elecciones. La contienda electoral es el eje de la reforma política. Votar a favor o en contra de ésta sin saber cuáles serán las reglas del juego que se aplicarán en las próximas elecciones equivale a entregar un cheque en blanco al Gobierno. No decimos siquiera que tal cosa no deba o no pueda hacerse. Pero es el propio Gobierno quien no debe pedirla y, sobre todo, no debe enmascarar tal petición en una formidable campaña a favor de la democracia, identificando a ésta exclusivamente con su reforma.

En el referéndum no se trata —suponemos— de vencer a nadie, ni de imponer nada, ni menos aún de machacar a la oposición democrática, tan necesaria para que aquí las cosas funcionen como es debido.

Lo contrario, además de ser ilícito, implicaría una mentalidad totalitaria y prestaría un flaco servicio al país y a la Corona. El referéndum no debe tener otro objetivo que conocer la voluntad del pueblo y averiguar cuál es su actitud ante la reforma política. Por eso es arbitraria y carece de justificación la distinción que hace el Gobierno entre partidos legales, legalizables y no legalizables en orden a conceder mayores, menores o nulas posibilidades de acceder a los medios oficiales de comunicación social y de organizar mítines para defender sus respectivas posturas. Las leyes reguladoras del derecho de asociación política y del derecho de reunión son normas autoritarias, pensadas para excluir y no para integrar, que no sirven como criterio democrático para decidir quién tiene y quién no tiene derecho a reunirse o a aparecer en las pantallas de TV. Aplicarlas con carácter discrecional según las conveniencias del Gobierno, como se viene haciendo hasta ahora, no sólo priva al referéndum de toda significación democrática, sino que es algo radicalmente contrario a los más elementales principios del Estado de Derecho. Urge que todos, absolutamente todos, los partidos y ciudadanos tengan las mismas oportunidades. Debe recordarse que la propia ley de Reforma política declara que los derechos fundamentales de la persona son inviolables. Pues bien, las leyes a las que nos referimos permiten su violación por la autoridad gubernativa con apariencias de legalidad. De ahí la urgencia de su modificación. Pero lo que en cualquier caso es inadmisible —debemos insistir en ello— es que se utilicen esas leyes para decidir quién puede y quién no puede hablar por televisión, o montar reuniones públicas, a la hora de traer un régimen democrático.

Finalmente, resultaría también contrario a la esencia de un referéndum democrático que el Gobierno —que tiene el éxito asegurado— buscase mediante este camino su propia legitimación.

Lo único que el referéndum ha de legitimar en estos momentos es la posibilidad de implantar un régimen de democracia política auténtica. Aprovechar los resultados de la consulta con vistas a manipular las sucesivas fases de la reforma, o exhibir una base electoral teórica que argumentara la permanencia en el poder, no resolvería ninguno de los problemas con que hoy se enfrenta el país. Y se radicalizaría, adémaselas posturas de la oposición democrática, hasta ahora sumamente razonables y moderadas.

El Gobierno ha de abandonar la tentación totalitaria, buscar la integración y no la exclusión mediante el respeto al principio de igualdad de oportunidades para las tres opciones inherentes a la consulta popular: el sí, el no y la abstención en su doble forma de roto en blanco y de abstención activa. Se trata de dilucidar el porvenir del país y todos deben tener por igual y en igualdad de condiciones el derecho a decir su palabra. Lo contrario sería una farsa.

Un español decente

HAY QUE rendir homenaje, en la hora de su desaparición, al español decente que fue Fernando Castiella.

Castiella fue ministro de Asuntos Exteriores durante trece años; hasta su silenciosa y ejemplar retirada del verano del 69, tras un choque frontal con los tecnócratas del Gobierno.

Por encima de su perfil político, diplomático o académico, destacaba su dignidad, a veces solitaria, en los trances más difíciles de los últimos decenios españoles. Fernando Castiella fue hombre mal dotado para la adulación; negociador difícil con el poderoso, no acostumbrado a dar la razón al jefe, sino luchador en condiciones de inferioridad absoluta en defensa de su criterio; hombre poco querido por sus iguales, resultó compañero incómodo por su afición a decir la verdad y a denunciar, en años de relajación económica y moral, la trampa, la ventaja o la combinación secreta y rentable.

Como persona inteligente supo adaptar su esquema de valoraciones a la realidad del mundo. Chocó con el almirante Carrero, en defensa de la libertad religiosa —cuyo proyecto de ley torpedeó una y otra vez el interesado fanatismo de un sector del régimen— y volvió a chocar, esta vez sin éxito, al defender con oportunidad y dignidad, la descolonización del Sahara. El tiempo daría dramáticamente la razón a sus tesis.

Un día de agosto, Castiella recibió el «tradicional» motorista de Franco con la carta de su cese. A éste no era ajeno un ciudadano, extranjero apellidado Hill. Hasta el último minuto, el ministro español de Asuntos Exteriores se había negado a firmar un nuevo compromiso con Estados Unidos, que consideraba vejatorio para los intereses patrios. Pocos días después, alguien cruzaría, en canoa y de noche, el golfo de Vizcaya para tomar a escondidas un avión y firmar lo que Castiella no creía digno.

Con Castiella desaparece un político ejemplar, merecedor de un mejor Régimen que aquél al que sirvió. Un español de bien, digno de la admiración y el respeto de todos los ciudadanos, al margen ideologías o banderías políticas.

 

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