Autor: Morodo, Raúl. 
   Los límites de la reforma     
 
 Diario 16.    24/11/1976.  Páginas: 1. Párrafos: 9. 

Los límites de la reforma

Raúl Morodo

Secretario general del Partido Socialista Popular (PSP).

Un juicio sobre la reciente ley para la reforma política ha de partir de considerar las finalidades que esa norma persigue. Estas son, en último término, la democratización política del país y, de forma instrumental, la formación de un Parlamento constituyente que haga posible aquélla.

Pues es lo cierto, y nadie se ha engañado al respecto, que, aunque formalmente se pretenda que la nueva ley viene a insertarse en el conjunto de las Fundamentales, supone, de hecho, una esencial. contradicción con numerosos preceptos de las mismas y aun de muchas disposiciones de rango ordinario, y la tarea principal de las nuevas Cortes habrá de ser la elaboración de un texto constitucional adecuado, en cuanto al fondo, a las necesidades del país, y coherente en cuanto a la forma.

Esta Constitución sólo podrá encauzar pacíficamente los conflictos de nuestra sociedad si es producto de la confrontación armónica de los intereses de todas las fuerzas reales del país, sin exclusión alguna; es decir, si sus autores representan, con la mayor fidelidad posible, el amplio espectro de la presente sociedad española, en sus variadas dimensiones de orden político, económico, regional, o regional nacional, etcétera.

La medida en que esta ley propicie el carácter verdaderamente representativo de las Cortes será, por tanto, el criterio esencia] para enjuiciarla. Una primera crítica que, al respecto, cabe hacer a la ley es configurar un Parlamento bicameral.

No es cuestión de hacer aquí un análisis detallado de la conveniencia de una estructura unicameral o bicameral para los Parlamentos. Baste decir que la función constituyente que esencialmente tendrán las nuevas Cortes se desarrollaría con más garantías de representatividad, y puede que de rapidez, por unas Cortes unicamerales, con independencia de que para unas Cortes ordinarias puede ser conveniente la estructura bicameral. De hecho, la configuración que la ley da al Senado supone primar a los electores que habitan las áreas más despobladas del país, las de carácter principalmente rural y tradición política conservadora y de dominio del aparato caciquil.

Pero el caballo de batalla de la discusión de las Cortes que han aprobado la ley ha sido el sistema de representación para la elección de diputados. Fue, finalmente, adoptado el de representación proporcional. Cabe felicitarse de ello, pues responde, mejor que el sistema mayoritário, a la necesidad de conseguir la representatividad aludida. Sin embargo, y para obtener este resultado, el Gobierno ha debido pactar con los sectores más conservadores de las Cortes, restringiendo el alcance del principio proporcional.

Ello se ha hecho por varias vías:

1.° Establecimiento de la provincia como circunscripción electoral. La reducida población de algunas de ellas hace prácticamente inviable la aplicación del sistema proporcional, con la consecuencia de que en tales provincias la elección se desarrollará, de hedió, por el mayoritário.

2.° Fijación de un número mínimo inicial de diputados por provincia, sea cual fuere la población de éstas. Ello contradice de forma directa el principio proporcional; la indeterminación en la ley de ese número hace que no quepa ahora pronunciarse sobre la gravedad de esta desviación. Por otra parte, la inclusión del vocablo "inicial" aporta un elemento de notable ambigüedad.

Si ha de entenderse que ese número mínimo englobará a los diputados que corresponderían de aplicar estrictamente el sistema proporcional, la alteración que se produce en la aplicación de éste es menor, pero si tal número mínimo se añade a los diputados antes dichos, la desviación del principio proporcional es seria, y tanto más inaceptable cuanto mayor sea ese número mínimo.

3.° La fijación cié un porcentaje mínimo de votos para acceder al Congreso. De nuevo, la indeterminación de esta cifra impide hacer un juicio categórico sobre esta limitación. Aunque la ley no lo dice, ese porcentaje habrá de computarse en el ámbito de la circunscripción, pues de hacerlo en el ámbito nacional los partidos regionales se verían seriamente discriminados.

Cabe, como conclusión, decir que la ley para la reforma política no es, ni mucho menos, la concretización expuesta por la oposición democrática, pero es indudable que constituye una base de partida real. Que el proceso de democratización se desarrolle con credibilidad, normal e internacional, dependerá de que el Gobierno comprenda la ineludible necesidad de negociar numerosas cuestiones, y de modo prioritario aquéllas encaminadas a establecer un contexto democrático claro para que el proceso electoral sea asumido pacíficamente. Es evidente que las concesiones al bunker-histórico y- al bunker-renovado de Alianza Popular exigen unas mayores contraprestaciones a la oposición democrática.

Pero para ello está la negociación. La oposición, por su parte, que ha dado, en todo momento, una gran lección de sentido común y buena voluntad, tendrá que establecer los supuestos mínimos en los que coincidan todos los sectores político-sociales democráticos. Ni nadie puede ser excluido, ni nadie puede cerrarse en posiciones rígidas. Para la negociación con el Gobierno habrá, previamente, una negociación con la oposición.

Las cartas están dadas y el envite es decisivo: la devolución al pueblo, tras cuarenta años de privación del mismo, del ejercicio de la soberanía.

 

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